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¡Salve Tajamar, señor Presidente: expropie! / Betty Zanolli Fabila

  • Betty Zanolli

Tajamar es, pese a lo que sostiene el titular de la Profepa, un fatídico y flagrante caso de ecocidio y devastación ambientales de un área natural protegida como es la de los “Manglares de Nichupté” (fundamental para el sistema de arrecifes del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc); prueba crasa del autoritarismo, complicidad e impunidad institucionales que permean y caracterizan el obrar de nuestros funcionarios y servidores públicos así como evidencia palpable de que el Estado de Derecho es una entelequia en el México de hoy. Los distintos pronunciamientos que en las últimas semanas han emitido Semarnat, Profepa, Fonatur y el exprimer mandatario de la República, así lo corroboran: “Nosotros no lo aprobamos,… no lo hubiéramos autorizado nunca” (Rafael Pacchiano); “Falso que en 2006 aprobé Tajamar” (Felipe Calderón); “No es ecocidio ni devastación ambiental, ni es área  natural protegida… la zona estaba previamente impactada y en mal estado de conservación” (Guillermo Haro), demostrando así la falta de compromiso y liviandad con la que ejercen y ejercieron sus funciones. No conocen la palabra responsabilidad institucional ni existe autoridad capaz de encararles porque el sistema político que hemos constituido funciona cabalmente: sus engranajes se protegen unos a otros sin que nada se altere, aunque ello conlleve destruir y devastar (así lo niegue la autoridad) en este caso el medio ambiente, con repercusiones a escala nacional y mundial.

Ahora bien, la vida silvestre, cual es el caso, es materia bajo la competencia concurrente de municipios, estados, Ciudad de México y Gobierno Federal, pero de nada sirve que haya una Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y que ésta en su artículo 60 Ter disponga que “queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos”, si la propia Semarnat permite cambios en el uso del suelo, manifestaciones de impacto ambiental y de aprovechamiento forestal justamente en áreas de humedales costeros donde privan manglares, como ocurrió en Tajamar.

Fenómeno que es también consecuencia mediata de la nefasta contrarreforma agraria salinista de 1992 que posibilitó la desnaturalización del régimen de propiedad agraria en nuestro país y que se agudizó a partir de la deletérea Reforma Constitucional de 2013, al autorizarse que extranjeros pudieran adquirir inmuebles en la otrora zona restringida de 50 kilómetros en las playas, incrementando con ello la vulnerabilidad estratégica y ecológica a la que quedaron sometidos los 11 mil 122 kilómetros de litorales continentales en nuestro país, principalmente de las penínsulas de Baja California y Yucatán.

Hoy nos dolemos por la tragedia de Tajamar en el Sistema Lagunar Nichupté, pero allí están al acecho muchos otros proyectos hoteleros como Riu Riviera Cancún en Punta Nizuc, La Milla de Oro en Punta Morelos, Puerto Cancún, Puerta del Mar, todos en zonas de manglares de Cancún, y que la actual administración de la Semarnat (no otra) aprobó.

De acuerdo con estudios científicos de especialistas en ciencias del mar y limnología, México ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Colombia, en ecocidio de manglares, a una tasa de 8 mil hectáreas anuales, con el agravante de que se pierden 2.5 por ciento al año de las 5 especies que alberga del universo de 50 que hay en el mundo, esto es, cuatro veces más rápido que en el resto del planeta. Ante ello, la cuestión es: si Semarnat se allana y aduce que en Tajamar “todo es legal”, si Profepa declara que “aquí no pasó nada”, hubo “solo unos cuantos” animales muertos, si Fonatur sostiene que “estaba ya impactado de antaño” y “ya son terrenos privados”, si la Secretaría de Turismo calla y, por lo pronto, la intervención del Poder Judicial no han logrado frenar el ecocidio y la devastación.

¿Podrá haber alguna solución? Desde mi perspectiva categóricamente sí, y además con alcance en todo el territorio. Desde el momento en que los manglares forman parte de los humedales costeros, por mandato constitucional son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, por lo que solo mediante el esquema de «concesión por el titular del Ejecutivo Federal» podría facultarse su explotación, uso o aprovechamiento. Al no haber sido éste el supuesto, «se podría solicitar declarar la nulidad de cualquier enajenación verificada en zonas de manglar», aún contando con la autorización de la Semarnat ante su ilicitud. Y hay otra, contundente: el Presidente de la República está facultado para expropiar por causa de utilidad pública toda propiedad privada, en este caso por abarcar manglares debido a la importancia fundamental que representan para la biodiversidad, saneamiento y protección de las costas, por ser acorde a los principios de la política nacional de cambio climático, de los suscritos en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático y a lo dispuesto por la LGVS, normatividad de orden público e interés social; y aún si la indemnización fuera onerosa, nunca sería tan alta como los costos que sobrevendrán con la devastación de los manglares.

Sí, soluciones hay, siempre y cuando exista la voluntad de asumir la responsabilidad y de corregir los excesos, abusos y atropellos cometidos por los órganos de Gobierno y particulares involucrados. Ojalá el ecocidio de Tajamar logre la concientización social en favor de la salvaguarda presente y futura de todos los manglares antes, como siempre hemos dicho, de que sea demasiado tarde.
bettyzanolli@gmail.com

@BettyZanolli

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