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Sangría partdista y secuestro de la democracia (III) / Bety Zanolli Fabila

  • Betty Zanolli

Está visto que nuestra sociedad reacciona más ante lo superficial que por el fondo de las cosas, porque somos una sociedad adolescente que no ha sabido ni querido madurar. Vivo ejemplo de ello, lo tenemos en el fenómeno ocurrido a través de internet en las últimas semanas, por el cual cerca de 200 mil ciudadanos –hasta ahora- han firmado electrónicamente una petición solicitando le sea “quitada” la diputación plurinominal a la legisladora Carmen Salinas del Partido Revolucionario Institucional. Petición motivada porque durante la apertura de sesiones del H. Congreso de la Unión una imagen suya, presuntamente dormida, fue captada y difundida a través de las redes sociales. Sin embargo, si analizamos este hecho mediático, su gravedad no radica ahí. Lo preocupante es que cuando se requiere que esos mismos 200 mil ciudadanos y decenas de millones más intervengan en asuntos de verdadera trascendencia para la vida política de la Nación, no lo hacen ni ejercen sus derechos constitucionales, ya no digamos su deber ciudadano. Si lo hicieran, lejos de sumarse por la vía electrónica a una petición baladí, actuarían por los cauces institucionales, con seriedad y congruencia civil hasta sus últimas consecuencias jurídicas.

Primero, exigiendo al Presidente de la República que cumpliera con una de sus siete promesas estructurales de campaña por la que había ofrecido suprimir 100 diputaciones plurinominales, figura legislativa de naturaleza totalmente desviada y contraria a la verdadera democracia. Después, asumiendo el derecho de denunciar penalmente a todo aquel que incurra en actos de corrupción y exigiendo la aplicación de sanciones administrativas ante la Auditoría Superior de la Federación a los servidores públicos que en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones inobserven la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Finalmente, ejercitando uno de los más trascendentales derechos que le asiste al ciudadano mexicano: la interposición del juicio político contemplado en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en contra de todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones incurra en actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, exigiendo de los senadores el cumplimiento de su facultad constitucional exclusiva de erigirse en jurado de sentencia para conocer de éste, absteniéndose de incurrir en responsabilidad por dejar de actuar al respecto, como ha venido ocurriendo consuetudinariamnte. Así la ciudadanía podría contribuir a que la sociedad mexicana comenzara a ser democráticamente madura, erradicando la pasividad e inacción cómplices e impulsando acciones sociales en el marco de nuestro Estado de Derecho tendientes a lograr la transformación de la moral colectiva.

No obstante, toda reflexión será inútil mientras la ciudadanía continúe siendo la gran ausente en la construcción del proyecto de nuestra Nación; mientras toleremos que representantes populares y servidores públicos, comprendidos gobernadores y secretarios de Estado, quebranten los principios constitucionales y sean actores públicos del tráfico de influencias -tal y como ha sido comprobado por audios y videos filtrados-; mientras permitamos que la mayoría de diputados y senadores distorsionen el espíritu constitucional y se presten a desmantelar al Estado Mexicano despojándolo de su patrimonio, recursos e instituciones; mientras consintamos que haya jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que puedan atropellar los más elementales derechos humanos, desamparando a las víctimas, por estar supeditados a determinados intereses económicos y políticos; mientras dejemos que haya servidores públicos en responsabilidades clave que se permiten despreciar a sectores vitales de la sociedad, como sucedió con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral; mientras consintamos que prive de modo creciente la corrupción, impunidad, inseguridad y criminalidad, no digamos ya que el presupuesto nacional sea dilapidado atrozmente en rubros irracionales como el financiar partidos políticos que solo han demostrado su cínica y descarnada ambición y rapacidad a costa de la Nación. Sí, mientras no asumamos nuestra responsabilidad como motores de la transformación nacional, mientras permitamos que la amnesia histórica nos domine conforme a los fines de la administración gubernamental en turno y sigamos refugiados en el confort de la inmadurez, los costos sociales serán cada vez mayores.
betty@gmail.com

@BettyZanolli