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Sangría partidista y secuestro de la democracia (II)

  • Betty Zanolli

En el texto original de nuestra Constitución Política de 1917, el artículo 41 que establece la forma como el pueblo ejerce su soberanía, estaba compuesto por un único párrafo. Actualmente, a casi un siglo de distancia y luego de las nueve reformas de que ha sido objeto dicho precepto, éste comprende noventa y nueve párrafos en los que se desarrollan las disposiciones relativas a la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Ello lo convierte, en contra de la más elemental técnica legislativa -en especial de carácter constitucional-, en el segundo artículo más amplio y abigarrado del Texto Supremo -solo después del 123-, al constituir prácticamente un ordenamiento independiente, primero por la reforma de 2007 (que lo aumentó a más de cuarenta párrafos) y luego por la de 2014 (en que llegó casi al centenar).

Sin embargo, hay otro aspecto aún más grave: su desnaturalización a partir de que el sistema político mexicano decidió blindar oficialmente a los partidos y su partidocracia, dotándolos de financiamiento público por mandato constitucional. Proceso que inició en 1977 cuando le fueron añadidos al artículo 41 constitucional cinco párrafos, de los cuales el penúltimo expresó: “En los procesos electorales federales los partidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular”. Más tarde, en 1990, se le sumaron seis nuevos párrafos que darían cabida a los primeros organismos públicos autónomos en materia electoral, uno para organizar los procesos electorales y otro de carácter jurisdiccional. En 1993 aumentó otros diez párrafos, quedando establecido en el primero de ellos -por primera vez a nivel constitucional- la disposición relativa a que la ley habría de establecer “las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales”, así como su preeminencia por sobre de cualquier otro tipo de recursos. En 1994, se modificaron varios de sus párrafos y con las reformas de 1996 y 2007 el tema del financiamiento quedó formalmente desarrollado dentro del Texto Supremo, lo que permitió a los partidos comenzar a percibir montos cada vez más desmesurados del erario público, máxime en tiempos electorales. Tema que recientemente reforzó la nueva regulación secundaria promulgada en 2014, la Ley General de Partidos Políticos, desde el momento en que entre sus objetos está el “regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas” en diversas materias, como la fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos. Ordenamiento cuyo artículo 23 refiere que entre los derechos de los partidos políticos está el recibir financiamiento público en términos de lo establecido por la Constitución y demás leyes federales o locales, con la salvedad de que en las entidades federativas donde hubiere financiamiento local para los partidos políticos nacionales las leyes locales no podrían “establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales” (sic).

En pocas palabras, la partidocracia en México y su descomunal financiamiento público se han catapultado indiscriminadamente en las últimas dos décadas. De 181 millones de pesos que recibieron en 1994 pasaron a más de 5 mil 200 millones de pesos en 2015, lo que equivale a un inconcebible incremento en su financiamiento de casi 3 mil por ciento.

Y todo ¿para qué? Para que la ciudadanía ya no acuda a las urnas presa del absoluto desencanto y total desconfianza en los procesos electorales, porque a lo largo de estas últimas décadas si algo se ha corrompido y precipitado en su fracaso han sido los partidos políticos de México, pues sin importar cuál ha estado o está en el poder, todos han incurrido en las mismas prácticas largamente denostadas por la sociedad. En gran parte, porque quienes los integran son los mismos individuos que se rotan de uno a otro, pero también porque uno de sus rasgos comunes es que no hay partido al que le importe verdaderamente el destino de la Nación. ¿Por qué por ejemplo ahora el PAN anuncia que propondrá reducir su financiamiento cuando él mismo lo precipitó? Y lo más trágico: ¿qué hace la sociedad al respecto y porque impere la democracia? Lo pregunto porque si la partidocracia nos gobierna y carcome es porque como sociedad no hemos asumido nuestra responsabilidad ciudadana ni mucho menos el elevado compromiso de que en ella radica la soberanía popular.

bettyzanolli@gmail.com

@BettyZanolli