imagotipo

Saramago y la justicia penal

  • Héctor Díaz Santana

Saramago en su obra ensayo sobre la lucidez establece uno de los paradigmas contemporáneos de la relación entre los gobernantes y la sociedad civil, la falta de conexión entre los problemas públicos y la respuesta gubernamental. En la obra señalada, los ciudadanos cansados de la ineficacia, corrupción y carencia de sentido común de los políticos, el 80% decide votar en blanco en el proceso electoral. Ante esta circunstancia, los actores políticos realizan un “análisis minucioso” y llegan a la conclusión de que existe un “complot” para desestabilizar al Estado. Esto mismo está pasando en México con la reforma de justicia penal. En lugar de hacer un diagnóstico exhaustivo de porqué el sistema no está aportando los resultados que esperaban, se limitan a culparlo por el aumento de la incidencia delictiva y proponen modificar la ley como alternativa emergente.

Para que la reforma penal proporcione resultados efectivos, requiere desarrollar una política pública con visión de Estado. En su diseño original se cumplían con esos parámetros: cambiar un sistema caduco e ineficiente que ya no podía rescatarse, incorporando un nuevo modelo de corte acusatorio, que garantizara el debido proceso, el derecho de víctimas, el respeto a los derechos humanos, justicia rápida, la presunción de inocencia a través de nuevos procedimientos y la investigación científica como mecanismos para llegar a la verdad jurídica de los hechos. El problema no fue el diseño, se tenía claro adonde se quería llegar, lo que ha fallado fue garantizar un sistema integral de implementación y consolidación.

La pregunta es cuál es el problema del rendimiento poco efectivo del sistema penal. La respuesta no es fácil, se requiere hacer un diagnóstico preciso que a la fecha se ha omitido. Lo que es evidente, son las fallas en la operación de policías, fiscales, peritos, defensores públicos y jueces, quienes aunque se capacitaron, no están ofreciendo los resultados esperados. A ello, se tiene que agregar un problema del pasado, la falta de políticas públicas para la profesionalización, es decir, ingreso por examen, capacitación continua, salarios justos, programas de escalafón adecuados, para que estos funcionarios tengan la especialización y el sentido de pertinencia que demanda la materia penal. Es prioritario invertir en herramientas tecnológicas para la operación policial y para la investigación científica, y por supuesto, se requieren de mayores recursos humanos y materiales para la seguridad pública y la procuración de justicia.

De esta dimensión es el tamaño del problema y de miras cortas es la respuesta. La fábula de Saramago es una advertencia real de lo que está pasando con la justicia penal en México, existe una ceguera de no querer ver la realidad, entonces qué nos queda, él mismo establece: quién tendrá los ojos, cuando otros los perdieron. En México se cuenta con el capital humano para hacerlo, en las mismas instituciones de procuración e impartición de justicia hay funcionarios que pueden dar opciones, el CIDE y la UNAM están elaborando un diagnóstico y las organizaciones sociales especializadas en la materia penal tienen mucho qué aportar. Si existe ceguera gubernamental para ver las cosas por sí mismos, la opción sería escuchar alternativas de los académicos y las organizaciones sociales. No le hace bien al país mantener un esquema donde no exista gobernanza penal, es decir, de gobernantes que además de ciegos pueden estar sordos.

La percepción del cumplimiento del Estado de Derecho tiene una alta incidencia en la justicia penal. Es una responsabilidad de Estado garantizar su correcto funcionamiento. No es totalmente cierto que el sistema penal propicie mayor delincuencia, ello obedece más a la falta de políticas institucionales para la prevención del delito, lo que es una realidad, es que estamos en el momento preciso para corregir el rumbo o de seguir navegando a la deriva penal.