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SCJN y magistrados electorales

  • Imer B. Flores

Avalar la ampliación indebida del cargo de los funcionarios públicos es una gran afrenta en cualquier Estado de derecho y en especial cuando quien lo otorga es precisamente el órgano encargado de defender no solamente a la Constitución, sino además a los principios consagrados en la misma, algunos violados de manera directa como la irretroactividad de la ley y la supremacía constitucional, y otros violentados de modo indirecto como la estabilidad, imparcialidad e independencia judicial.

El tema que la SCJN tenía ante sí era determinar: si es posible modificar o no el procedimiento de designación de magistrados electorales, una vez que éste ha concluido, y, de pasada y para tal efecto, si es posible reformar o no un artículo transitorio que ha cumplido con su objetivo. Para mí la respuesta, en ambos casos, es… lisa y llanamente un rotundo: no.

Cabe aclarar que nada impide modificar dicho procedimiento con antelación a que sean designados, es decir, ex ante; pero no se puede hacer con posterioridad a que fueron nombrados, esto es ex post, ni mucho menos cuando el artículo transitorio que se pretende reformar ha transitado. Al respecto, tanto el artículo 99 de la CPEUM como el artículo 187 de la LOPJF habían sido modificados por sendos decretos publicados en el DOF, los días 13 de noviembre de 2007 y 1º de julio de 2008, respectivamente, para consagrar que la designación de los magistrados electorales “será escalonada”. Ahora bien, el Artículo Cuarto transitorio del último decreto precisó que los siete magistrados serían nombrados por la Cámara de Senadores, a más tardar el 30 de octubre de 2016, dos para un periodo de tres años, dos para uno de seis años, y tres para uno de nueve años.

El Senado cumplió a cabalidad con el mandato constitucional y legal, en la sesión del 20 de octubre del año pasado, al realizar dichos nombramientos, incluida la toma de protesta, y al garantizar la renovación escalonada cada tres años. El problema es que con posterioridad las Cámaras tanto de Senadores como de Diputados procedieron a modificar dicho artículo transitorio para ampliar retroactivamente el periodo de tres a siete años y de seis a ocho años, y con ello a dejar en entre dicho su cumplimiento y a vulnerar todavía más la legitimidad del Tribunal que habrá de calificar las elecciones del próximo año.