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SCT: espina dorsal de la corrupción

  • Luis Humberto Fernández

Los dolorosos hechos derivados de los homicidios por corrupción en el socavón del Paso Express nos muestran una tragedia mayor: el desastre de impunidad y de daños para la nación que representan los contratos para la construcción de infraestructura.

La realidad es que el Programa Nacional de Infraestructura es la espina dorsal de la corrupción en México y una catástrofe administrativa. De los 223 proyectos que incluye, al 2016 menos de la tercera parte se encontraba concluido, 61 proyectos tenían menos del 10% de avance y en un 38% no había definido su proceso de contratación.

Las obras del gobierno federal son pocas, caras, oscuras y opacas. La infraestructura es un eje de la corrupción política, de los gigantescos recursos que se expolian, un porcentaje importante se destina al financiamiento de campañas políticas; hay un puente sólido entre las empresas, el bloque gobernante y las elecciones.

El modus operandi es visible, se asignan contratos en procesos ya de sí sospechosos, se dan grandes anticipos, para luego hacer ampliaciones de contratos que no tienen racionalidad económica. Es aquí donde se dan las irregularidades más grandes y cínicas. Prácticamente todos contratos otorgados por la SCT han sufrido modificaciones, ampliando montos y términos de entrega, sin que la Secretaría haga válidas las fianzas que la ley obliga para proteger al Estado de estos daños.

En el caso de los incrementos de costos se puede mencionar como ejemplo el Paso Exprés que inició con 1,045,857,952 mdp para concluir en 2,091,715,904 mdp. No es un caso aislado, la autopista Jala Compostela pasó de 539 mdp a más de mil millones de pesos, o la carretera Atizapán–Atlacomulco, fue adjudicada en el 2014, con incrementos en el costo de ejecución, sin que existan avances sensibles en su construcción.

Esto no es un secreto, la Auditoría Superior de la Federación en el informe “Problemática General en Materia de Obra Pública 2016”, ya advierte que “durante la revisión anual de la cuenta pública observó que los principales proyectos infraestructura realizados por diversas entidades fiscalizadas tuvieron modificaciones recurrentes respecto de las previsiones originales que generaron incrementos importantes en el monto de inversión y prorrogas en el plazo de contratación, ejecución y puesta en operación con la consecuenterepercusión social y económica de no contar con las obras yservicio en el plazo y monto contratados”.

Los daños cada vez son mayores, México destina entre el 15 y 20% del Presupuesto de Egresos de la Federación para el desarrollo de los proyectos de inversión física. La corrupción y la ineficiencia tienen terribles consecuencias para todos los mexicanos: distorsionan la democracia y tensionan la gobernabilidad, pero también tienen un impacto en la competitividad, las economías regionales y las finanzas nacionales. Con los sobrepagos realizados alcanza para realizar casi el doble de la obra contratada o para financiar otros proyectos que detonarían el desarrollo nacional.

Curiosamente algunos de los damnificados más sensibles de la corrupción es la misma industria de la construcción, que enfrenta condiciones asimétricas de competencia y la amenaza de que si se quejan no habrá otras obras, por lo que el número de denuncias es mínimo.

Frente a este daño brutal, la complacencia o la condescendencia del Presidente es absoluta, una mirada cercana a los intereses y alejada del interés nacional.

La prioridad en la agenda nacional del gobierno de transformación que iniciará escrear un modelo de desarrollo de infraestructura que detone el crecimiento nacional, basado en la competencia y la eficiencia. La pregunta que subyace es si el próximo Duarte despacha hoy por el rumbo de Eje Central.

@LuisHFernandez

Senador del PT-Morena