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Se discute el consumo de marihuana en el Congreso / Daniel Ávila Ruiz

  • Daniel Ávila Ruíz

La semana pasada iniciaron las audiencias públicas y la Segunda Reunión del Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Los análisis en estas mesas permitirán a los legisladores de ambas cámaras contar con elementos científicos para “modalizar los efectos, los problemas, los daños que pueda generar el consumo de los estupefacientes, específicamente de la marihuana”.

En ese contexto, investigadores del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, publicaron dos documentos que ofrecen, el primero, un panorama general del uso con fines lúdicos o medicinales tanto en México como a nivel internacional, así como de implicaciones del consumo del cannabis en materia de salud y las consecuencias penales respecto al número de personas encarceladas en el territorio nacional por delitos tipificados contra la salud. Analiza y compara las iniciativas presentadas en las Legislaturas LXII y LXIII del Congreso de la Unión sobre la marihuana.

El segundo documento presenta una breve reseña de los tratados y legislaciones que en distintos momentos han criminalizado y prohibido la posesión, consumo y protección de cannabis, así como presenta la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al uso recreativo y lúdico de la marihuana.

El primer estudio recuerda como antecedente, que la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 es eje central del control de drogas mediante el cual la Organización de las Naciones Unidas limitó la producción, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión del Cannabis Sativa o marihuana exclusivamente a los fines médicos y científicos.

Señala, además, que actualmente México abastece entre 30 y 50 por ciento de la marihuana que se consume en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que se traduce en que los cárteles mexicanos reciben ganancias anuales de entre mil y dos mil millones de dólares por la venta de marihuana en el territorio norteamericano.

Revisa la forma en que diversos países han puesto en práctica distintos tipos de reglamentación para el acceso a medicamentos con base en la marihuana.

En el estudio se señala que en México ha prevalecido una política prohibicionista, cuyos efectos se traduce en situaciones en que el uso de la marihuana con fines de salud y terapéuticos orille a que las familias la consigan en el mercado negro o través del contrabando, o que su consumo con fines recreativos tenga una connotación delictiva, con todo y que la Ley General de Salud permite la portación de hasta cinco gramos.

La penetración del consumo de la marihuana en las sociedades modernas se refleja en que de acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas 2015 de las Naciones, entre 119 y 224 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron marihuana por lo menos una vez en el último año.

De acuerdo a la misma fuente, en México la marihuana fue la sustancia ilícita de mayor consumo con una prevalencia de 1.2 por ciento, seguida de la cocaína con 0.5 por ciento.

Los datos derivados del enfoque prohibicionista se traducen en que, de acuerdo con un reporte histórico de la población carcelaria en el Distrito Federal y el Estado de México, los reclusos por delitos contra la salud en las cárceles de ambas entidades representaron 5.5 por ciento en 2002, 7.2 por ciento en 2005, 8.6 por ciento en 2009 y 2.1 por ciento en 2013.

La mayoría de estos reclusos fueron detenidos por comercializar con marihuana y cocaína por montos inferiores a dos mil 400 pesos y una cuarta parte por menos de 270 pesos.

En la Legislatura actual (LXIII), en el Senado de la República se han emitido seis iniciativas sobre el cannabis que se encuentran pendientes de discusión en la Cámara revisora. Tres de estas iniciativas hacen referencia a la legalización de la marihuana con fines de salud y terapéuticos. La cuarta iniciativa tiene por objetivo expedir la normatividad que decreta amnistía a favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal por los delitos cometidos con motivo del consumo o posesión de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, así como el psicotrópico tetrahidrocannabinol (THC) y sus variantes estereoquímicas.

Cabe señalar que las iniciativas se encuentran pendientes de dictaminar en comisiones del Senado de la República, por lo que los legisladores estaremos al pendiente de su análisis y discusión, pues estamos obligados a considerar en el diálogo parlamentario, la necesidad de reflejar la diversidad de una sociedad que ha cambiado profundamente.
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.