imagotipo

Seguridad interior, misión compartida

  • Graciela Ortiz

  • Graciela Ortiz

El pasado martes inició el análisis del modelo de Ley de Seguridad Interior, a partir de las iniciativas presentadas por legisladores de diferentes fracciones parlamentarias que comparten un objetivo común: garantizar la seguridad y la paz del país.

La mayoría de las fracciones parlamentarias también consideran la necesidad de diseñar un plan gradual para que tanto el Ejército, como la Marina y la Fuerza Aérea regresen a sus funciones esenciales y dejen a cargo de policías profesionales las tareas de seguridad pública, aquí es necesario hacer un alto para recuperar los avances logrados en materia de mando mixto, de profesionalización y redignificación de quienes anteponen a su vida, el cuidado de la ciudadanía.

Desde luego que materias tan importantes como la seguridad y el respeto de los derechos humanos merecen escuchar las voces de los expertos de la sociedad civil, por ello habrán de llevarse a cabo foros en los que puedan presentarse propuestas concretas para dotar a México de una ley de seguridad interior, que fortalezca la capacidad institucional del Estado en la materia.

Las seis iniciativas -presentadas a la fecha de esta publicación- argumentan en favor de desarrollar acciones que permitan lograr una óptima coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, conservar el estado de derecho, la gobernabilidad, proteger los derechos humanos y establecer elementos de control por parte del Congreso en materia de seguridad interior, desde la lógica del equilibrio de poderes en el sistema presidencial.

Lograr un modelo de seguridad interior al servicio de la gente es el objetivo del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, tenemos muy claro que un Estado democrático acota las acciones militares a los periodos de guerra y legislaremos para que las excepciones estén subordinadas a la ley suprema, asegurando que las autoridades civiles sean las únicas con facultades de investigación, actuando siempre con la debida autorización de los jueces como marca nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales.

Debo insistir en que este desafío en materia de seguridad atraviesa por avanzar de manera paralela en la urgente necesidad de empoderar policías profesionales, por ejemplo, mientras un policía en EU percibe en promedio anualmente de 56 mil 980 dólares, en México el cociente apenas alcanza los 3 mil 500 dólares anuales, -comparación posible si recuperamos la cifra media de 6 mil pesos mensuales de un elemento de seguridad y el tipo de cambio del dólar norteamericano a 21 pesos-, lo cual es inadmisible  y vergonzoso.

Estoy segura de que en el arranque de este 2017 las comisiones dictaminadoras de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, así como de Gobernación, Seguridad Pública y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, imprimirán su mejor esfuerzo y talento para lograr -bajo el diálogo inclusivo- esta ley tan anhelada por todos.

*Senadora de la República por el Estado de Chihuahua, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Sexagésima Tercera Legislatura.

graciela.ortiz.glez@gog.org.mx /Twitter:@GOrtizGlez

Facebook: graciela.ortizgonzalez