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Seguridad municipal, el debate anunciado / Agenda Ciudadana / Rebecca Arenas

  • Rebecca Arenas

La seguridad municipal, tema sustantivo de la agenda política que habrá de desahogarse en el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, abrirá espacios de diálogo, formulación de propuestas y, ojalá, de construcción de acuerdos en esta importante materia. Las campañas políticas que pronto habrán de iniciar en la entidad veracruzana, debieran incorporar este tema, que tanto inquieta a la ciudadanía.

Se trata de una demanda de la mayor prioridad, cuya atención requiere en primera instancia, generar las condiciones necesarias para recuperar en el corto plazo el control de la fuerza pública en aquellos municipios, dominados o infiltrados por el crimen organizado, y seguidamente, impulsar una serie de reformas legislativas y transformaciones institucionales, que permitan en el mediano plazo, superar las debilidades estructurales de los Gobiernos municipales.

No hay una receta única que nos garantice el logro de ambas situaciones, pero debe abrirse a debate, si se quiere salir del prolongado empantanamiento en que se encuentra la seguridad municipal.

Un breve repaso. De los dos mil 443 municipios del país, casi mil 800 cuentan con una corporación policial. En algunos casos, los menos, éstas son instituciones más o menos sólidas, con agentes capacitados, remuneraciones y prestaciones decorosas, mecanismos de supervisión y evaluación aceptables, y resultados reconocidos por la población. La gran mayoría, hay que reconocerlo, no tienen ni el capital humano ni los procesos ni herramientas adecuados para cumplir con sus funciones bajo estándares mínimos de confiabilidad y eficiencia.

Enfrentar con esas policías a los poderosos cárteles del narcotráfico y otras bandas criminales que asolan numerosas regiones de nuestro territorio nacional, no solo es imposible, sino que justamente debido a sus limitaciones y vulnerabilidad, con alarmante frecuencia esas policías se ponen al servicio de la delincuencia que debieran combatir.

Bajo el modelo actual, las corporaciones policiales de los gobiernos de los estados no están a la altura de lo que esta problemática requiere, de ahí que un nuevo modelo de seguridad con 32 policías estatales, coordinadas con las fuerzas federales y articuladas, supervisadas, evaluadas y sancionadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública facilitaría las cosas, sobre todo en las entidades y los municipios más expuestos a la delincuencia organizada.

Hoy por hoy, el debate está abierto a distintas propuestas y modalidades. El Gobierno federal ha hecho, al través del titular de Gobernación, el secretario Osorio Chong, un llamado constructivo a la corresponsabilidad de todos los partidos y sus legisladores, hacia el diálogo y la formación de consensos en torno a soluciones viables y eficaces ante un gravísimo problema que, cabe subrayar, no solo se ha manifestado en casos tan extremos y dolorosos como el de los normalistas de Ayotzinapa, sino que se sufre diariamente en cientos de municipios del país, donde impera la ley del más fuerte, sin que las policías municipales cumplan con la función esencial de brindar seguridad a sus habitantes, sino que incluso se sumen a actividades delictivas, como en el reciente caso de la desaparición de jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz.

Sobre la supresión de las policías municipales, hay quienes la apoyan y quienes se oponen. El PAN, por ejemplo, se inclina por una solución que prevea, regule y facilite la intervención y el control de otras fuerzas de seguridad en municipios en los que la policía no cumpla debidamente sus funciones. Es una posibilidad atendible, aunque, se corre el riesgo de lanzar al personal inadecuado a engrosar las filas del crimen organizado. Los casos donde esto ha ocurrido, constituyen una cifra alarmante.

La capacitación, las pruebas de control y confianza y de desempeño, son indispensables, y en cualquier esquema que se decida, deberán seguirse aplicando. La prioridad ahora es que el anunciado debate genere a la brevedad propuestas consensuadas hacia el fortalecimiento institucional de los municipios.

Mientras el municipio, base de la organización política, territorial y administrativa del país, siga siendo una estructura endeble, vulnerable e ineficiente, el ejercicio de los derechos ciudadanos y el desarrollo de las actividades productivas seguirán enfrentando enormes obstáculos. La pelota está en la cancha del poder legislativo.
rayarenas@gmail.com