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Sentencia inédita / José Roberto Ruiz Saldaña

  • José Roberto Ruíz Saldaña

La historia del derecho electoral mexicano es la historia de una constante ampliación de ámbitos de nuestras vidas que han llegado a ser reguladas, sobre todo aquellos donde ha imperado la ley del más fuerte. Una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la semana pasada, a propósito de una magistrada del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí quien se inconformó por el trato que le daban sus colegas y otros funcionarios, así nos lo recuerda.

En una sentencia inédita, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró que el presidente y el secretario general de Acuerdos del Tribunal local impidieron que la Magistrada Yolanda Pedroza Reyes accediera a la documentación necesaria para el ejercicio de su función; asimismo, que indebidamente se aseguraron sus oficinas por parte del Ministerio Público Local, pues no existió una causa razonable para ello; además la limitaron para que sus manifestaciones constaran en las actas del Pleno del Tribunal local.

Por esas y otras razones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que ordenar al presidente y secretario general del Tribunal Local para que permitieran a la magistrada el acceso a toda aquella información y documentación relacionada con el funcionamiento de ese órgano, la cual es necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones como integrante del mismo; de igual modo, ordenó eliminar cualquier impedimento o barrera que tuviera por objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio de la función pública que en su carácter de magistrada tiene encomendada; sin dejar de mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso del conocimiento del Senado de la República (el cual designa a los magistrados y magistradas electorales locales) para que investigue y, en su caso, imponga las sanciones que correspondan a los magistrados Roberto Garza de Lira y OskarKalixto Sánchez por las conductas de violencia y acoso laboral en contra de la magistrada.

Esta sentencia inédita en materia electoral incursiona en regular un clima laboral que, en este caso, se advirtió adverso no solo para la magistrada “sino incluso para el personal que labora con ellas, pues es evidente que tales acciones tienen por objeto disminuir, limitar o menoscabar el ejercicio de la actividad laboral de (ella), con el objeto de que (
) adopte una posición de mayor docilidad frente al resto de los integrantes del pleno”.

Es cierto que los magistrados y magistradas de la Sala Superior no es la primera vez que emiten sentencias acerca de los derechos de los funcionarios judiciales así como del cumplimiento de las garantías judiciales de los mismos, pero sí que se pronuncia, directa y decididamente, sobre impedimentos y dificultades para ejercer el cargo -por parte de una magistrada- en el contexto de acoso, discriminación, inequidad y violencia por parte de funcionarios del Tribunal Local. Sin duda una decisión digna de reflexión.

Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77

joseroberto.ruiz@ine.mx