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Sin Gafete

  • Isabel Arvide

  • Isabel Arvide
  • La barbarie institucionalizada
  • ¿Quién quiere puede poner fin al reinado de Javier Duarte?

 

¡Qué inmensa vergüenza!  Y eso que no soy priísta.

Desde cualquier ángulo, la enferma obsesión de Javier Duarte por permanecer en el poder, garantizándose impunidad, es asquerosa. Resume, significa los peores vicios del sistema político mexicano, amplificados y entorpecidos.

No hay calificativo. Y, tal vez, la única explicación es que ha perdido sus facultades mentales. Que no alcanza a visualizar el alcance de sus acciones. Que está, pues, en situación de discapacidad.

Explicación que no puede convertirse en justificación.

El ataque, organizado por instrucciones suyas según todo lo indica, de integrantes de la organización de los 400 pueblos, que tiene vinculaciones directas con su Gobierno, cuyo líder impuso como “diputado local” del PRI a su hijo, contra Miguel Ángel Yunes, Ricardo Anaya y Santiago Creel, avergüenza a la administración de Enrique Peña Nieto.

¿Por qué?  Por la inmensa omisión que ha tenido frente a los excesos, desvaríos, incapacidades y presuntos delitos de Javier Duarte.  El Gobierno tiene la responsabilidad, y la obligación de garantizar paz social. Para ello, es indispensable que exista gobernabilidad. Que los gobernantes no cometan delitos, no atenten contra libertades, no pretendan destruir instituciones garantes de nuestra democracia.

Una de ellas, incuestionable, es la alternancia en el poder.  Es obedecer, en todos los órdenes de poder, el mandato que el pueblo expresa en las urnas. En Veracruz el pueblo eligió a Miguel Ángel Yunes como gobernador. Por eso Javier Duarte tiene la obligación de garantizar un proceso de entrega-recepción del Gobierno estatal apegado a la ley y en respeto a la nueva autoridad.  Lo que no ha hecho Duarte.

Ya la señora Carolina Monroy, como máxima autoridad del PRI, sentenció que los nombramientos que pretende hacer Duarte no son “éticos” aunque pudiesen ser legales.

¿Qué significa esto?  Así como para muchos políticos “la moral es un árbol que da moras”, la ética está eliminada de su universo existencial.

Contra Duarte se suman, cada día, acusaciones legales de malversación de recursos. La espléndida investigación periodística del portal de internet, “Animal Político”, contiene pruebas fidedignas de la inmoral creación de empresas falsas, a partir de nombres que fueron tomados del registro de electores, que recibieron pagos de su Gobierno.  La Auditoría Superior de la Nación ha documentado también, faltantes en el ejercicio del presupuesto que no tienen justificación.

A eso debemos agregar los veinte periodistas asesinados, la violencia institucionalizada, la participación de sus policías en secuestros y asesinatos. La gran deuda pública contraída mientras se adeuda su pago hasta a los viejitos pensionados.

No conozco a una voz autorizada, de la sociedad civil, de la clase política, de los empresarios que defienda a Javier Duarte o a su Gobierno.

Si a todo este historial, lamentable, se le suma la agresión contra Yunes, la manera en que campesinos que obedecían órdenes intentaron apedrearlo junto con sus acompañantes, estamos a dos minutos de una locura, de una tragedia, de la consolidación de una persona enferma de sus facultades mentales tomando decisiones que afectan a millones de mexicanos.

En nuestro país, según dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existen monarquías. La presunción de Duarte de nombrar funcionarios que, supuestamente, garanticen que no sea encarcelado apenas tome posesión Yunes, es inaceptable. “Son marranadas”, si manejamos bien el idioma español.

¿Por qué? Muy simple, porque su tiempo en el poder, tan nefasto, se termina constitucionalmente. Y no podemos, como país, como sociedad, estar expuestos a estos afanes de continuismo que recuerdan a una dictadura. Las leyes que, según la señora Monroy, lo permiten sin ninguna ética tendrían, justamente, que volverse “éticas”.

¿Qué papel tiene que asumir, obligadamente, el Gobierno de la República, el jefe del Estado Mexicano?  Simplemente garantizar que no haya confusiones, que los gobernadores salientes asuman las consecuencias de sus acciones, de sus excesos, de sus corrupciones, que sean las instancias de justicia correspondientes quienes ejerzan o no, acciones penales en su contra.

Si Javier Duarte, o cualquier otro gobernador, se piensa a sí mismo emperador, rey, o dictador con facultades para nombrar funcionarios inamovibles, para darse a sí mismos garantías extralegales y/o profundamente inmorales, corresponde al Gobierno de la República ponerlos en su lugar.  Recordarles que existe la palabra “ética”, que su mandato termina constitucionalmente, que vivimos en una democracia, en un país de leyes donde todos tenemos obligación de responder ante éstas.

No hacerlo es mucho más que una omisión; una complicidad…
En Tuiter: @isabelarvide

Blog: EstadoMayor.mx