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Sin sanción | Punto de vista | Jesús Michel Narváez

  • Jesús Michel

Hacer entender a los servidores públicos que la transparencia es un derecho del ciudadano y que por tanto están obligados a responder en tiempo y forma y sin evasivas las solicitudes de información, parece tarea de titanes. Un informe oficial del INAI revela que durante este año casi 8 mil funcionarios federales violaron la Ley de Transparencia y la Protección de Datos. Sin embargo, siguen desempeñando sus labores, porque no hay sanción alguna.

Bajo argumentos legaloides, los entes convocados evaden las respuestas y ofrecen información parcial o de plano la niegan. ¿Qué hacer con quienes no acatan la ley? Esa es la pregunta que todos los interesados en algún tema, aunque no estén directamente involucrados, se formulan y plantean al INAI.

Los servidores públicos tienen el criterio de que, por ejemplo, los contratos entre entidades gubernamentales y particulares deben considerarse confidenciales. Aunque la ley prevé que los temas relacionados con la seguridad nacional podrán estar clasificados por determinado tiempo, el resto de contratos para adquisición de servicios, bienes o realización de obras públicas no encuadran en aquel precepto, pero lo utilizan de manera socorrida para ocultar lo que por ley debe ser publicitado. De los casi 8 mil servidores que incumplieron, no se conoce sanción alguna. Ni amonestación privada o pública. Si las leyes se hicieron para violarlas, habrá que darles el premio a los que se niegan a transparentar las acciones del Gobierno.

¿O no?

E-mail: jesusmicheldir@oem.com.mx

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