imagotipo

Sobre los diputados locales

  • Juan Antonio García Villa

  • Juan Antonio García Villa

Hace más de medio siglo, con la chispa que solía poner en sus artículos periodísticos, Adolfo Christlieb Ibarrola escribió alguna vez que “sobre los diputados locales nada o muy poco es lo que se puede decir, no por ausencia de interés, sino por falta de materia”. También escribió que si se quería saber qué hacen estos personajes, era necesario acudir a la página roja de los diarios de provincia. Parece mentira pero así era. Y en buena medida lo sigue siendo aún.

Lo anterior viene al caso con motivo de que en dos de los cuatro estados en que habrá comicios este año se renuevan sus Congresos locales: Nayarit y Coahuila.

Las Constituciones estatales definen a los diputados locales como “representantes del pueblo” de la respectiva entidad. En consecuencia no son, como muchos creen, representantes de los ciudadanos de tal o cual distrito para efectos de gestoría, por ejemplo, aunque técnicamente  sean electos por los votantes de una cierta demarcación territorial.

Sucede que ciudadanos en lo particular,  así como organizaciones de todo tipo, que cada vez hay más, le suelen exigir al diputado la atención (en ocasiones incluso dádivas) y hasta la prestación de servicios públicos o al menos su activa gestión, “que para eso es nuestro representante”, y  que corresponden a funciones para las que carece en absoluto de facultades.

Infortunadamente en la mentalidad de amplios sectores está muy arraigada la idea de que un buen diputado equivale a ser un buen coyote. Y cuando esa ecuación no se da, se suele decir que el diputado fulano “nada hizo por su distrito”, así haya sido un excelente legislador y magnífico su desempeño como tal.

¿Qué es entonces lo que se debe exigir a un diputado local? El correcto y oportuno cumplimiento de las funciones que la Constitución y demás ordenamientos le señalan. Las facultades que tiene forman un extenso catálogo, una larga letanía de facultades que no viene al caso mencionar aquí una a una. Pero se resumen en dos: Expedir y actualizar las leyes, no necesariamente muchas sino las necesarias y pertinentes, escuchando aquí sí a todos los interesados en opinar, por un lado, y por otro contribuir a la correcta orientación de la administración pública por las vías de la discusión y aprobación  del presupuesto y la verdadera rendición de cuentas. En esta segunda gran tarea el campo es casi infinito y de lo mucho que es posible lograr en términos de bien común por la auténtica vía legislativa, la inmensa mayoría de los ciudadanos ni idea tiene.

Con un sencillo ejercicio de comparación nos puede quedar  claro lo anterior. En el caso de Coahuila, si las últimas cuatro o cinco  legislaturas hubieran estado integradas por una mayoría de diputados responsable, consciente de su papel y cuyo desempeño hubiera sido efectivamente vigilado por los votantes, de manera tal que esta vigilancia hubiera resultado superior a las presiones del gobernador en turno, hoy Coahuila sería radicalmente otro y no el estado saqueado en el que han sentado sus reales la corrupción, verdaderamente a niveles de escándalo, la impunidad y la arbitrariedad. Y todo ello a pesar de que esa mayoría de diputados ni siquiera hubiera logrado la construcción de una banqueta o la instalación de un solo arbotante. Porque su función es legislativa y no de coyotaje.