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Socavón, homicidio por corrupción

  • Luis Humberto Fernández

El gobierno federal enfrenta hoy el delito de homicidio por corrupción. Cuando se piensa que no se puede llegar más bajo, nos sorprende con una nueva villanía, no solo por el escándalo de una obra que se pagó a un precio mayor al doble del que se contrató, 279 mil 823 millones de pesos, sin que las condiciones económicas lo justificaran, se ignoraron los avisos sobre el peligro que representaba y se asignó a una empresa cuestionada, con antecedentes de incumplimiento y corrupción evidentes e innegables, además de una respuesta del Secretario plagada de mentiras obvias como la lluvia anterior al evento del socavón.

Solo la renuncia del Secretario sería una gran injusticia, no se puede tener justicia por homicidio con una renuncia. Es necesario un juicio penal para determinar si hubo responsabilidades y una sanción conforme a derecho y en justicia, pero esto no va a prosperar, por una sencilla razón: no hay un Fiscal Anticorrupción independiente que lo enjuicie.

Esto nos lleva a pensar: ¿cuántos proyectos en México se han pagado a sobre precio y con calidades deficientes, a empresas consentidas o en complicidad con el gobierno federal? La perspectiva del gobierno es que no pasa nada, pero sí, sí pasa. Con lo que costó el Paso Exprés pudo haber construido tres; ese presupuesto se pudo destinar a fortalecer el nuevo Sistema Penal Acusatorio. El dinero de los sobre precios afecta a todos los mexicanos y debilita a las instituciones.

Con evidencia abrumadora, sin una señal de transparencia o una explicación sensata, el Presidente declara que no se adelanten juicios. ¿Cómo puede ser esto pertinente teniendo evidencia abrumadora sobre las irregularidades, con un padre y un hijo muertos derivado de una obra pública cara y mal hecha? No hay la mínima intención de sanción, ni una reacción honesta, sólo complicidad, encubrimiento, un silencio institucional insultante y una ceguera de principios.

Es insultante suponer que la renuncia de un delegado es suficiente para crear justicia. Además de la renuncia del Secretario requerimos una investigación penal, que deslinde responsabilidades administrativas.

El legado del gobierno de Enrique Peña estará marcado por su relación con las constructoras: la Casa Blanca, el encubrimiento con Higa, OHL y Aldesa-Epccor. El encubrimiento cómplice a su amigo y secretario Gerardo Ruiz Esparza, que dicho sea de paso, es el Secretario de Estado menos dispuesto a rendir cuentas ante el Congreso, además de una cortesanía vinculada a intereses de la construcción que lo rodea, lo asfixia y quiero suponer que lo engaña.

Por esta relación ha pagado grandes costos, ser el Presidente con la menor aceptación de la historia, un aura de corrupción y desconfianza, además de un desprestigio que lo seguirá toda la vida. La Presidencia de la República es la mayor oportunidad de servir al país, es el honor más grande al que pueda aspirar un mexicano. No sé qué hay de fondo en esta tormentosa relación del Presidente Peña con las empresas constructoras, pero ahora a punto de terminar el sexenio la pregunta es: ¿habrá valido la pena?

@LuisHFernandez