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Son politikon

  • Son Politikon / Arisco-Teles

Hemos trabajado años para fortalecer nuestra democracia y lo hemos logrado. No la destruyamos para convertirla en circo, al pueblo hay que darle alimentos, educación, salud, trabajo, oportunidades, servicios, seguridad y justicia social. Los excesos de libertades llevan a la anarquía porque afectan los derechos humanos de los demás. La paz, el orden, la justicia y la estabilidad funcionaban con leyes e instituciones, son responsabilidades del Estado. La frase célebre de Benito Juárez es un dogma cívico insuperable:“El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Hay que combatir el “bullying” de cualquier expresión; respetar a los demás y su privacidad, hay que darle seguridad a todos los seres humanos. La ley se basa en un principio de igualdad: todos parejos. Los ciudadanos no podemos hacer juicios a la ligera, la ciudadanía no es una inquisición. Solo al Estado corresponde investigar y sancionar a quien viole la Ley. La presunción de inocencia, es un derecho humano, cívico y moral inviolable. A las autoridades competentes les corresponde impartir justicia apegados a la legalidad. A los demás nos corresponde acatar la ley y en su caso hacer una denuncia formal razonada y fundada para iniciar una investigación. Que las pasiones no nos desborden. Para ser juez, la más elevada responsabilidad, se requiere muchos conocimientos y virtudes y como dicen bien “el buen juez por su casa empieza”. No confundamos la democracia con la anarquía.

Ha causado indignación la filtración de la lista de electores que contiene datos personales básicos y que siendo de conocimiento público, pueden ser usados indebidamente por cualquier persona para causar un daño. En el caso de la Ley Anticorrupción “3 de 3”, se analiza a fondo la hipótesis sugerida por un grupo minoritario de ciudadanos, que obligaría hacer públicas las declaraciones de carácter patrimonial, que no solo comprenden decenas de datos confidenciales de los servidores públicos, sino también de sus cónyuges, que no tienen la calidad de servidores públicos, ni obligación, ni responsabilidad legal de informar sobre sus ingresos; bienes o ahorros. Ellos tienen personalidad jurídica propia, garantías constitucionales y derechos humanos. Es un tema que los legisladores tienen que valorar ya que son defensores de los derechos humanos. Sería dañino abrir las puertas a tal propuesta. Las declaraciones al SAT y a la Función Pública se hacen anualmente y solo deben ser del conocimiento de la autoridad competente. Son estrictamente de carácter confidencial para que solo la autoridad competente verifique su veracidad y resuelva legalmente.

Las leyes se basan en el principio de igualdad para todos los ciudadanos. El SAT no podría hacer públicas las declaraciones fiscales, solo ellos tienen facultad para su verificación. Igual debe ser con las declaraciones de los servidores públicos ante la Función Pública. Qué grave que rompiéramos esa regla y el día de mañana por el principio de igualdad todos los ciudadanos y sus hijos debieran hacer públicos sus datos confidenciales. Sería un infierno social. Afortunadamente, ahora tenemos hasta una Ley de Protección de Datos Personales.

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