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Tasas usurarias

  • Eduardo Andrade

Dr. Eduardo Andrade Sánchez

Las circunstancias financieras internacionales y la situación económica nacional han orillado en los últimos meses a un constante incremento de las tasas de interés en nuestro país, las cuales están llegando a niveles estratosféricos. Algunas tarjetas de crédito cargan más del 50 por ciento anual y su Costo Anual Total (CAT) se acerca al 80 por ciento. Este fenómeno es muy preocupante no solo porque el alto costo del dinero implica una afectación a la actividad económica, sino también porque coloca a los deudores en un alto riesgo de insolvencia, con el consecuente incremento de la cartera vencida y la saturación de los tribunales con las demandas de los acreedores. En este ambiente los órganos jurisdiccionales tienen una función muy delicada, ya que están en posibilidad de atemperar los devastadores efectos de las elevadísimas tasas de interés a partir del ejercicio del control de convencionalidad, por virtud del cual es factible combatir la usura prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En junio de 2014 la Suprema Corte validó este control a través de una jurisprudencia que autoriza a los jueces a reducir la tasa de interés pactada en un pagaré, en caso de ser notoriamente usuraria, pero en otra jurisprudencia, publicada en noviembre del año pasado, nuestro máximo tribunal parece limitar el referido control cuando el mismo pudiera dar lugar a reducir las tasas de interés que cobran las instituciones bancarias que conforman el sistema financiero mexicano, dado que les otorga la presunción de no ser usurarias.

No obstante, ello no debe suponer la prohibición absoluta impuesta a los juzgadores de verificar en cada caso concreto si se presenta un fenómeno usurario con la aplicación de dichas tasas. La Corte basa la citada presunción en la facultad del Banco de México de “vigilar que los créditos que ofrecen las instituciones bancarias al público en general se otorguen en condiciones accesibles y razonables”; por tanto, la presunción de que tales tasas no son usurarias, no puede estimarse “juris et de jure”, es decir, absoluta e imposible de superarse por una prueba en contrario pues, de ser así,  pondría la decisión de un órgano del Estado como es el Banco de México, por encima de todo control de constitucionalidad y convencionalidad, lo que resulta inadmisible en un Estado de Derecho. De manera que dicha presunción debe estimarse “juris tantum”, en consecuencia sujeta a la posibilidad de que existan elementos de prueba que la destruyan. Si el juez encuentra en un caso concreto que una tasa de interés, por su impacto sobre el monto del crédito, configura usura a la luz de las condiciones de dicho caso, está en la obligación de remediar esa violación de derechos humanos aplicando la reducción correspondiente.

Si la validez de las tasas deriva de su conformidad con la regulación que, en ejercicio de sus atribuciones legales, efectúa el Banco Central sobre la intermediación de los servicios financieros, como se lee en la jurisprudencia, estamos en presencia de una acción derivada de un acto de autoridad que no puede escapar al control jurisdiccional de constitucionalidad y convencionalidad. Así pues, en principio, la jurisprudencia que establece la presunción de que las tasa de interés bancario no son usurarias, no imposibilita al juzgador de cualquier nivel a efectuar el control de convencionalidad oficioso que debe ejercer si encuentra razones para ello según otra jurisprudencia, a fin de corroborar si en el caso a resolver existen condiciones que destruyan dicha presunción.
eduardoandrade1948@gmail.com