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Tenemos nueva Constitución / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

La Constitución de 1917 fue la más innovadora de su tiempo al consagrar por primera vez en el mundo los derechos sociales y dar a los derechos humanos una nueva dimensión, abriendo paso a las generaciones que habrían de suceder a la inicial expresada en documentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. A propósito de tan fenomenal avance debemos insistir en que su orientación hacia la promoción y defensa de los derechos humanos no es una novedad proveniente de la reciente reforma de 2011, sino que fue desde su origen su principal aspiración, muy importante porque ponía en la primera línea a los que después adquirirían la etiqueta de “derechos económicos, sociales y culturales”; es más, si mucho me apuran, la modificación del artículo primero representa más un retroceso que un avance en cuanto a la valoración de los referidos derechos humanos, al modificar la ideología socialmente orientada a la satisfacción de las necesidades fundamentales en un esquema de justicia social, para dirigirla a un individualismo exacerbado cuyo énfasis en la persona —que suena muy bonito y gana adeptos fácilmente si no se repara en su efecto egocéntrico— busca vaciar de contenido las soluciones socializadas y sirve de base a toda clase de privatizaciones: la salud, la educación, el agua o las cárceles.

Con motivo del aniversario que precede al centésimo que habrá de conmemorarse de manera especial, se han escuchado múltiples voces que critican, juzgan o proponen acerca de lo que debemos hacer con esa norma fundamental después de un siglo de existencia. Dos de esas voces se han expresado con agudeza excepcional, lo cual no es extraño al provenir de eminentísimos juristas: Diego Valadés y Sergio García Ramírez. El primero resumió en una expresión magistral la transformación constitucional que hemos vivido en estos casi 100 años: “en un siglo pasamos de tener una Constitución del pueblo, a la Constitución de la élite gobernante y, luego, de la élite económica internacional”; en tanto que el segundo, quien fuera ilustre presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado en diferentes foros que en realidad ya tenemos una “nueva Constitución”, dando a entender que las sucesivas transformaciones, especialmente las de los últimos 25 años, han producido una Norma Suprema que difiere radicalmente de la aprobada hace una centuria y cuyo espíritu se mantuvo a lo largo de las reformas de las décadas inmediatas, que profundizaron su sentido nacional y social.

El doctor García Ramírez tiene toda la razón. Ya he expresado líneas arriba que el artículo primero en aras de supuestamente ampliar los derechos humanos, los ha restringido a un jusnaturalismo individualista, pero además las reformas que introdujeron el arraigo, la incomunicación y la discrecionalidad en la libertad bajo fianza, han reducido derechos en vez de extenderlos. La educación que era obligatoriamente laica, incluso en planteles particulares, ahora ya solo se impone como requisito de la impartida por el Estado. La Rectoría del Estado, desde que se quiso hacer explícita, ha venido diluyéndose y el control exclusivo de la nación sobre sus hidrocarburos ya no existe. Entiendo que los tiempos cambian y que quizá la transformación era inevitable. Admito que podría ser positiva, pero lo incontrovertible es que vivimos bajo una Constitución nueva, distinta, lejana a la redactada en 1917 y enriquecida por el impulso de los ideales revolucionarios que la inspiraron.

eandrade@oem.com.mx