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Un Cuarto Propio

  • Lucía Raphael

  • Lucia Raphael
  • Saber de género para hablar de género

 

El artículo 1o. Constitucional determina, desde 2011, la obligación del Estado mexicano de incorporar todos los instrumentos internacionales firmados por este, en materia de derecho humanos de las mujeres, como instrumentos vinculantes para los tres poderes de la Unión, en las materias jurídicas de su competencia. Por su parte la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, define los parámetros para desarrollar políticas públicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Sabemos que tanto el Plan Nacional de Desarrollo, como el Plan Nacional para la Igualdad (PROIGUALDAD) incluyen una línea de acción específica sobre la creación y fortalecimiento de unidades de Género que transversalicen con dicha perspectiva de género las funciones de la instancia a la que pertenecen. Este logro de las diputadas hace de la perspectiva de género un parámetro fundamental e incuestionable para una justicia posible.

Esta obligatoriedad se aplica a todas las Unidades de Género sin excepción; comenzando por la SCJN, su cumplimiento no es una “concesión graciosa  de la corte”, es una obligación a partir de una verdadera comprensión de la Justicia con Perspectiva de Género, exigida desde las leyes mismas. Una de las obligaciones fundamentales del trabajo de las Unidades de Género es la formación de sus funcionarios en la comprensión, identificación, reconocimiento y aplicación de la perspectiva de género en el quehacer diario a través de políticas, estrategias y en su caso sentencias. Para ello se requiere, no solo el conocimiento profundo del marco teórico, sino un verdadero compromiso con la curiosidad, el conocimiento y el cambio hacia la aplicación a consciencia de la igualdad sustantiva. Es sorprendente que no implique entre sus mecanismos, una forma de evaluar, sino el conocimiento de sus responsables, si el cumplimiento de los objetivos nacionales, que plantea con claridad el PROIGUALDAD.

Si no hay desde el interior de la SCJN, ni desde el exterior, mecanismos, parámetros de evaluación, recursos de exigibilidad, ni siquiera espacios para el cuestionamiento y la propuesta crítica y constructiva ¿Cómo puede esperarse que dichas unidades respondan al Estado, a sus políticas públicas, a los mexicanos; con un trabajo eficaz y sobre todo coherente e informado? Hay forma de pedir cuentas solo desde una perspectiva presupuestal, pero debe haber una manera de evaluar contenidos y de exigir que quienes dirigen estas unidades, cuenten con la formación para conducirlas. Quizás tendríamos que diseñar, como ya lo acaban de hacer desde el Derecho Fiscal, Arturo Pueblita y Gabriela Ríos Granados, un Observatorio Académico, ahora en materia de Justicia y Género, desde dondel@s investigador@s y profesor@s en derecho y género, no solo alcen la voz sobre resoluciones de la corte que afecten temas de derechos de las mujeres, sino que pueda exigirse también, que quienes son responsable de estos avances en materia de justicia y género, cuenten con las herramientas para llevar a cabo esta difícil y compleja tarea.
* Escritora e Investigadora IIJ UNAM

learapha@gmail.com   @LUCIARAPHAEL11