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Un nuevo paradigma en el combate a la corrupción

  • Graciela Ortiz

Graciela Ortiz González

La corrupción es un problema estructural que limita el crecimiento de nuestro país y tiene graves consecuencias para el desarrollo y bienestar de los mexicanos. Nos cuesta 9 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 1.6 billones de pesos.

No solo afecta las relaciones y la convivencia entre la sociedad mexicana, sino que también daña las instituciones, el Estado de derecho y los principios fundamentales de la democracia.

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, previó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como objetivo coordinar a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Con ello, se busca fortalecer nuestras instituciones, impulsar una nueva cultura administrativa y procurar el Estado de Derecho.

Las leyes secundarias, recientemente aprobadas por el Senado de la República, incorporan la opinión y experiencia de legisladores, servidores públicos, académicos, representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, lo cual las dota de una mayor fortaleza y legitimidad.

Durante meses de trabajo, se construyeron acuerdos y consensos trascendentales para sacar adelante esta legislación. Hay importantes avances, no podemos negarlo, pues en esta nueva dinámica, México está dando un importante paso en el combate a la corrupción.

Se establecen mecanismos para sancionar a los funcionarios públicos de los tres poderes, órganos constitucionales autónomos, municipios y particulares que incurran en faltas administrativas graves. Éstos se tendrán que sujetar a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

Crea las condiciones para garantizar que quienes administran y ejercen recursos públicos los hagan con absoluta transparencia, eficacia y eficiencia. Asimismo, establece las bases para la instrumentación de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, en la fiscalización y control de los recursos públicos.

Con la creación de la Plataforma Digital Nacional, prevista en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Estado contribuye al empoderamiento de la sociedad mexicana, la cual ahora podrá tener acceso a las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de sus servidores públicos, y conocer la evolución de los mismos.

A través del Comité de Participación Ciudadana, que se integrará por cinco ciudadanos de probidad y prestigio en temas de transparencia y rendición de cuentas, se vinculará a las organizaciones sociales y académicas con el Sistema Nacional Anticorrupción. De esta forma, los ciudadanos podrán evaluar la trayectoria de sus servidores públicos desde el principio hasta el final de su cargo, adquiriendo una mayor consciencia política y cívica.

México, se encuentra en un proceso de cambio permanente, en el que diferentes ámbitos se están modernizando en beneficio de la sociedad; sin duda, un escenario que pone a nuestro país a la vanguardia en el concierto de las naciones.

La expedición de esta nueva legislación constituye una base fundamental para consolidar el Estado de Derecho y mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.

La reforma anticorrupción marcará un hito en la administración pública nacional y reafirma el compromiso del Congreso de la Unión con los mexicanos.

graciela.ortiz.glez@gog.org.mx

Twitter:@GOrtizGlez

Facebook: graciela.ortizgonzalez

* Senadora de la República por el Estado de

Chihuahua, presidenta de la Comisión de Estudios

Legislativos del Senado, Sexagésima Tercera Legislatura