imagotipo

Un país que se desangra / Zona de Guerra / Héctor Tenorio Adame

  • Héctor Tenorio

El Gobierno federal tiene prisa por cerrar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre del 2014. Ha endurecido su postura al no prolongar la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) más allá del 30 de abril. Llegaron a la conclusión que entre más acerque el 2018, aumentará el costo político. Por lo pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio por terminada la misión del GIEI, al no existir condiciones para continuar el trabajo del grupo de expertos y lamentaron la decisión de las autoridades mexicanas. A esto se añade la presión de Europa que ha fijado su postura a través de Alemania; los europeos están condicionando una mayor participación económica en nuestro país a cambio de que se resuelva el caso.

En este contexto, resulta oportuna la indagatoria realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el documento señala que integrantes de la Policía Federal y policías municipales de Huitzuco de Figueroa, Guerrero, estarían involucrados en la desaparición de 15 a 20 estudiantes normalistas. Esto se desprende del testimonio de un testigo presencial de los hechos, que goza de credibilidad al no pertenecer a ningún grupo del crimen organizado, ni tampoco a una corporación policíaca.

En este ambiente la Procuraduría General de la República (PGR) y el movimiento de padres de los estudiantes alcanzaron tres acuerdos: 1) Continuar la investigación aunque no esté el GIEI; 2) no revictimizar a los familiares; 3) que el grupo colegiado del tercer peritaje tenga un encuentro con los padres. De manera paralela la procuradora Arely Gómez ofreció una disculpa por no haber respetado la confidencialidad sobre el peritaje.

Todo esto sucedió después de que el Gobierno federal manufacturó una campaña contra el abogado de los padres de los estudiantes,Vidulfo Rosales Sierra, que presentó una denuncia penal en la PGR contra quien resulte responsable de haber pinchado su celular. Recordemos que él fue exhibido públicamente al darse a conocer grabaciones donde denigra a sus defendidos. La misma suerte corrieron los familiares de los normalistas, los grandes medios de comunicación sugirieron que ellos tienen una relación con el crimen organizado. Independientemente del origen de tal estrategia, no logró su meta, dividir al movimiento.

En este sentido vale la pena precisar lo siguiente, la desaparición de los 43 estudiantes terminó siendo significativa no por el número de víctimas, sino que en el imaginario colectivo este hecho representó el punto más álgido de la guerra entre el Estado mexicano y el narcotráfico que se inició en el 2006. El exmandatario Felipe Calderón Hinojosa solía declarar que era un daño colateral cuando había bajas de civiles, el problema es que Ayotzinapa representa la gota que derramó el vaso lleno de sangre.

Ahora bien, la guerra contra el narcotráfico no parece tener fin, la semana pasada Michoacán, sufrió una oleada de violencia, el 14 de abril, tras los operativos implementados en comunidades del municipio de Apatzingán por los cuerpos de seguridad del Estado y la Federación, mismos que repercutieron hasta el municipio de Múgica. Se generó la respuesta de los grupos del crimen organizado, incendiaron varios vehículos en estos municipios de Tierra Caliente. En otros puntos de la entidad sucedió lo mismo. El gobernador Silvano Aureoles aseguró que era una reacción de “Los Viagras” y que la situación se encontraba bajo control. El mandatario deberá dar resultados en lo inmediato, los michoacanos exigen vivir en paz, aunque eso resulte una utopía en este momento.
tenorio_hector@hotmail.com