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Vanguardia Política

  • Adriana Moreno Cordero

  • Adriana Moreno Cordero
  • Gobierno CDMX, acota retorno de López al Zócalo; Osorio y Nuño, ante “prueba de fuego”; Ley 3de3, ley embudo

No cabe duda que el que pretende sacar raja política del conflicto protagonizado por la CNTE, es Andrés Manuel López Obrador, que inmediatamente después de la reunión que sostuviera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con “maestros” de la Coordinadora que le plantearon como primer punto la Reforma Educativa, armó toda una estrategia para canalizar para su beneficio al 2018, toda la inconformidad popular que se ha generado y por ello convocó a un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, como en los viejos tiempos, como cuando le ganó ese fundamental espacio al expresidente Felipe Calderón.

Afortunadamente, el gobierno de la Ciudad de México acotó el apoteótico retorno del tabasqueño al Zócalo, luego de que logró poner en su “prueba de fuego” a dos aspirantes del PRI al 2018: el propio titular de la Segob y el de la SEP, Aurelio Nuño.

Antes, en la reunión de Osorio con la CNTE, ante los planteamientos de los “maestros” sobre la Reforma Educativa, el secretario hizo el compromiso de que la Coordinadora pueda ser escuchada por la SEP y por el Legislativo. “Ver si se pueden resolver algunos problemas no violando la Constitución”, precisó Osorio.

En otro tema importante de la semana, con el fin de subsanar el histórico mal de la corrupción, un grupo de representaciones ciudadanas presentó al Congreso de la Unión la llamada Iniciativa 3de3, que prevé la obligatoriedad para funcionarios públicos y receptores de recursos gubernamentales de hacer públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses, tema que fue tratado con menosprecio por parte del Legislativo.

Como se recordará, postergaron su aprobación hasta la realización de un Periodo Extraordinario de Sesiones y le metieron mano hasta desvirtuar su verdadera esencia.

El objetivo de la iniciativa es transparentar todo lo concerniente a la captación y distribución de los recursos públicos, con el fin de combatir la corrupción y su consecuente impunidad.

Aunque las promesas de campaña de los candidatos incluyen cárcel para los llamados “peces gordos”, hasta ahora no ha habido nada relevante y los casos han sido aislados, sesgados y con “peces nada gordos”, mientras que no faltan los que se siguen sirviendo con la cuchara grande de las arcas públicas.

Finalmente, la madrugada del 15 de junio en sesión extraordinaria, se discutió la ley que exige a todos los particulares que reciban recursos gubernamentales, rendir sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. La ley enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación no gustó a nadie, al considerarla una “ley del embudo”, aplicable a unos y no a los que estaba orientada.

Por ello, en la semana que concluye, representaciones ciudadanas y empresariales pidieron al presidente Enrique Peña Nieto, en una reunión que no estaba programada, un compromiso contra la corrupción y le plantearon la necesidad de vetar algunas de las disposiciones contenidas en la Ley 3de3 que, a su juicio, harían inoperante la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción antes de que sea promulgada en el Diario Oficial de la Federación.

Los presidentes del CCE, Juan Pablo Castañón y de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, señalaron los errores de los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo inoperable que resultaría la declaración fiscal, patrimonial y de intereses de dueños y de los trabajadores de las empresas, así como de los becarios y beneficiarios de los programas gubernamentales, que más allá de lograr transparencia, llevaría a la incertidumbre jurídica.

La iniciativa respaldada por los ciudadanos, proponía definir claramente la corrupción a partir de 10 tipos de conductas ilegales, así como rediseñar el Sistema de Responsabilidades de los servidores públicos y planteaba sanciones a particulares en hechos de corrupción.

De acuerdo con la normatividad, el Ejecutivo cuenta con tres plazos para promulgar la ley. El primero vence el 16 de julio, luego tiene hasta 10 días más, es decir, el 26 de julio. Después, el presidente del Senado tiene hasta 10 días más para que se ordene la promulgación sin aceptación del Ejecutivo, esto es el 6 de agosto.

En tanto, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, reconoció que fue un error la redacción que obliga a personas físicas y morales a presentar la declaración 3de3. Adelantó que diputados y senadores respetarán el derecho del Ejecutivo para presentar observaciones al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades. Entonces, ¿para qué se aprobó lo que sabían que estaba mal?
NOTAS CORTAS

***Tan luego que Arne Aus den Ruthen renunciara al cargo de City Manager en Miguel Hidalgo, la delegada, Xóchitl Gálvez ya le dio la bienvenida a la sustituta: Amada Rodríguez. Lo que sorprende, es que Arne, no quiere soltar ningún beneficio y dice que Rodríguez estará sola mientras él arregla sus asuntos. ¡Qué tal!