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Vanguardia Política / Adriana Moreno Cordero

  • Adriana Moreno Cordero

  • Puente y Sesma, todo su apoyo a Escobar; en 2016 PRI podría sufrir reveses; por decir la verdad, Procurador del Edomex no llegará a SCJN

El nuevo dirigente del PVEM, Carlos Puente y el diputado Jesús Sesma, dieron públicamente todo su respaldo al exsubsecretario Arturo Escobar y Vega, que luego de la bomba que recibiera, tanto él como su equipo aseguran que no se cometió ningún delito electoral. Los hechos bajo investigación se refieren a la celebración de un contrato firmado con la empresa Proyectos Juveniles, con fecha del 18 de febrero de 2015, para la inclusión de publicidad del Partido Verde en 10 mil tarjetas de descuento Premia Platino.

Efectivamente, Escobar firmó ese contrato de publicidad a nombre del PVEM, situación que nunca fue negada. Durante las investigaciones, realizadas tanto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como por la FEPADE, el Partido Verde se supone que entregó toda la información relacionada con el contrato celebrado con la empresa Proyectos Juveniles.

En su momento, el Tribunal dictó sentencia sobre el caso por una falta administrativa, la cual se ejerció sobre la empresa proveedora y sobre el propio partido.

Como resultado de denuncias presentadas por el PAN y del PRD, se dio vista del caso a la FEPADE, la cual, durante el proceso de investigación, -según se sabe-, nunca citó a comparecer a Escobar y Vega, por lo que marcó una diferencia respecto a los representantes de las empresas, a quienes sí se les giró el mencionado citatorio.

Hay que destacar que los tiempos en los que se realizó y tuvo efectos el contrato con la empresa Proyectos Juveniles, comprenden el periodo de actividades ordinarias y fue liquidado con recursos ordinarios debidamente reportados y comprobados ante el Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, Proyectos Juveniles es una empresa que aparece en el Registro Nacional de Proveedores, la cual fue registrada con fecha 3 de marzo de 2015; es decir, 15 días antes de que venciera la fecha límite para realizar este trámite ante el órgano electoral, tal y como lo establece el numeral 3 del Artículo 356 de su Reglamento de Fiscalización. Por todo lo anterior, este asunto –como se consignó en anterior entrega-, sí tiene por lo menos, una lectura política.

Además, puede que no tenga mucha relación, pero cada vez son más los analistas que coinciden en que en las ya no tan lejanas elecciones de Colima, todo estaría arreglado para que en este nuevo proceso, sea el PAN el que se lleve el triunfo y ni más ni menos que con el senador Jorge Luis Preciado, ¿será?, y que en el resto de los comicios que habrá en el 2016, el PRI podría recibir varios reveses.

En otro tema no menos importante, una cosa es segura, después de haber escuchado a Alejandro Gómez, procurador del Estado de México en el Senado, al comparecer el martes pasado, diversos especialistas concluyen que no llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Y no llegará por una sencilla razón: en política, no son bien vistos los que dicen verdades aunque esto último sea difícil de entender.

Luego de deslindar a la institución que encabeza sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya, y poner en claro que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes habrían alterado la escena del crimen en Tlatlaya, en junio del 2014, luego del fallecimiento de 22 presuntos criminales, fueron los militares, a más de un senador no le agrado tal afirmación, con todo y que esa sea la verdad.

Seguramente, el procurador Gómez evaluó durante varios días y detenidamente su discurso en el Senado. Lo leyó y se dio cuenta de que, una vez expresadas las ideas plasmadas en papel, la silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería inalcanzable.

Si así fue, es de reconocer que estamos ante un servidor público que prefirió decir la verdad, a hacer todo lo posible por llegar a una posición de altura, y no hay muchos que se atrevan a tal aventura.
Notas cortas

*** Diputados de todos los partidos representados en la ALDF, pidieron cuentas al rector general de la UAM, Salvador Vega y León, pues se desconoce el destino de 350 millones de pesos, etiquetados por la Cámara de Diputados para construir la ampliación del “campus” Azcapotzalco, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero. El punto de acuerdo presentado por la diputada del PRD, Nora Arias, mereció el respaldo unánime de los integrantes del recinto de Donceles, toda vez que Vega y León incumplió el acuerdo. Con ello está negando el acceso educativo a quienes lo necesitan, lo cual resulta inaceptable. De antemano, los asambleístas aseguraron que no descansarán hasta que la construcción de la ampliación de la Unidad Azcapotzalco sea una realidad.

*** Al presentar una iniciativa de Reforma Constitucional a través de la cual se eliminarían 100 diputados federales de representación proporcional y 32 senadores de la lista nacional, el senador Miguel Ángel Chico, explicó que los argumentos a favor estriban en que al reducirse el número de legisladores en ambas Cámaras, contribuiría a fomentar el ahorro del gasto público, a facilitar los acuerdos, a trabajar con mayor eficiencia y sobre todas las cosas, a responder a una demanda que por años ha expresado la ciudadanía sobre el extenso número de legisladores.
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