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Violencia e impunidad en el transporte público

  • Claudia Corichi

Si algo ha marcado al gobierno de Eruviel Ávila en el Estado de México, ha sido su ineficiencia para atender la grave inseguridad en el transporte público. A inicios del 2012-siendo entonces senadora- hice un fuerte reclamo al gobierno mexiquense de atender el caso de el coqueto, chofer de microbús metropolitano que se había vuelto un feminicida en serie. A casi seis años de distancia, la historia se repite con el asesinato de Valeria. Hoy, la mafia del transporte-que en épocas recientes apoyó abiertamente a Del Mazo- sigue operando con impunidad.

El transporte público es un servicio del que dependen millones de personas, el estado debería velar por su seguridad, eficiencia y calidad, sin embargo, sucede lo contrario. En la actualidad, los concesionarios acceden sin control alguno de las autoridades a nuevas licencias, es decir, el funcionamiento es más un negocio vil, que un servicio estratégico.

Datos de la Encuesta sobre transporte en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, arrojan que ocho de cada 10 personas consideran que el transporte es inseguro y siete de cada 10 mujeres señala haber sido víctima de acoso sexual a bordo de las unidades. La radiografía es clara, autobuses, combis y microbuses laboran en total impunidad, siendo intocables por sus lazos con el priísmo mexiquense que les ha asimilado al estilo del viejo corporativismo. Policías, con honrosas excepciones, se hacen de la vista gorda, mientras prefieren extorsionar a cualquier vehículo con placas foráneas.

INEGI señala que la cifra negra de delitos no denunciados representó el 94 por ciento en 2016, de los que encabezan la lista aquellos cometidos en las unidades del transporte público. Usuarias y usuarios utilizan de entre tres a cuatro horas diarias en el transporte, lo que aumenta las posibilidades de que sean víctimas del crimen. Se trata de un problema que violenta sus Derechos Humanos, y que tal como lo ha dictado la sentencia de Campo algodonero refleja el desinterés del estado por garantizar una vida digna a quienes viven en los suburbios.

De poco sirve que desde 2015 en Nezahualcóyotl y 10 municipios más de la entidad se declaró alerta de violencia de género. Hasta hoy, no existen datos claros sobre el impacto de esta medida en la vida de las personas. Los feminicidios en el Edomex sobrepasan por mucho ya, las cifras que alguna vez hicieron visible a Ciudad Juárez. La tierra del presidente Peña es el peor lugar para ser mujer.

La violencia de género ha alcanzado niveles insospechados, y el transporte público es el espacio donde mujeres y niñas la están viviendo. El brutal caso de Valeria se hizo visible por su lamentable muerte, pero ¿cuántas mujeres han sido acosadas, violadas o ultrajadas en el transporte público, en la ruta 40 o en otras más, y lo han dicho demasiado tarde?, ¿cuántos casos más se han quedado en la intimidad desgarrada de mujeres que temen una revictimización, una represalia o al señalamiento social?

La violencia sexual y feminicida debe erradicarse; es necesario acabar con la impunidad en la que viven estos transportistas que al final son autores o cómplices de este grave problema. Abramos el debate para crear un registro nacional de quienes a diario, tienen la responsabilidad de transportar a nuestras hijas, hijos, abuelos, madres, hermanas. Llámese micro, Uber, o taxi, urge poner control, así como urge que el nuevo gobierno mexiquense ofrezca algo más a las mujeres que promesas
grandilocuentes.