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Violencia en la UNAM

  • Raúl Carrancá y Rivas

La violencia, en concreto los delitos y la llamada delincuencia organizada, es decir, el narcotráfico, no se combate con la ley. La ley castiga “post delictum” -ya cometido el delito-, por lo que no combate o elimina la peligrosidad ni tampoco la temibilidad del agente. La ley es represiva, no preventiva; siendo que el gran problema de México es en estos momentos, sin caer en la impunidad ni en la demagógica inmediatez de las soluciones (enseguida, sin tardanza, casi por milagro), la ausencia de prevención de la delincuencia.

Nos falta una política de Estado preventiva, sólida y realista, sobre todo de largo alcance y que vaya sentando las bases firmes para evitar el desbordamiento de la criminalidad. En consecuencia la Ley de Seguridad Interior y de Mando Único (de la policía) NO resolverá el problema. Su papel es otro: solo el de formular principios, reglas claras y coherentes para actuar. Además la prevención va más allá de la ley porque debe ser una política constante en que participen varios factores o elementos: educativos, económicos, sociológicos, psicológicos y por supuesto jurídicos.

Así las cosas ha sucedido algo grave, gravísimo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Una joven de veintidós años, que dejó sus estudios en 2014 por adeudo de materias, fue ahorcada hace unos días con un cable junto a una caseta telefónica, enfrente del edificio cuatro de la Faculta de Ingeniería. Al respecto, el rector Enrique Graue Wiechers, recién ocurridos los hechos, dijo lo siguiente: “es la cara de un México descolorido, lastimado y violentado. Su muerte representa todo lo que como sociedad no queremos ser. Representa también -enfatizó- el miedo justificado con el que vivimos, la constante inseguridad que percibimos y la atroz violencia a la que indebidamente parece que nos hemos acostumbrado”; insistiendo en que la autonomía no significa impunidad. Palabras exactas, responsables, que nos ponen a todos en alerta frente al fracaso rotundo de la política oficial preventiva en materia de delincuencia.

Sin embargo no concuerdo con el rector en que “la seguridad de los universitarios es responsabilidad suya”, frase con que rubricó sus ideas y que sin duda se atribuye por generoso y universitario compromiso. Y con el debido respeto no concuerdo porque tal responsabilidad no puede ni debe ser exclusiva de él, lo que se confirma en la fracción VII del artículo 3º de la Constitución que define impecablemente el alcance jurídico y real de la propia autonomía, que es facultad de autogobierno administrativo y cultural, apego a la Constitución en lo relativo a la educación, respeto a la libertad de cátedra e investigación y libre examen y discusión de las ideas.

¡La Universidad no es un Estado dentro de otro Estado! ¡Por lo tanto que éste cumpla con su responsabilidad de salvaguardar la seguridad y paz en la Máxima Casa de Estudios del país! No se niega, sino al contrario, la posibilidad de un convenio entre la Universidad y las autoridades competentes del Estado, locales y obviamente federales por ser nuestra Universidad Nacional. Pero el rector no tiene por qué asumir la responsabilidad total, lo que menguaría inadmisiblemente la del Estado. En este sentido hay que orientar a quienes protestan frente a la rectoría por tan lamentables y trágicos hechos. Sugiero que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México -distinguido universitario- y el rector firmen un convenio de seguridad universitaria.

¡Que los que protestan recapaciten en la autonomía que nos reconoce y concede la Constitución y le exijan al Estado que cumpla con su deber, con su obligación, con su compromiso democrático con el pueblo!
Profesor emérito de la UNAM

@RaulCarranca

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