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Voto a los 16

  • Eduardo Andrade

  • Dr. Eduardo Andrade Sánchez

Conviene reducir la edad para votar. Si el acceso al trabajo ocurre a los 16 años, no parece justificado exigir más edad para acudir a las urnas. Actualmente se permite el voto desde los 16 años en Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chipre, Cuba, Ecuador y Nicaragua, en Indonesia la edad mínima es de 17 años y en Irán de 15.

La tendencia internacional va en el sentido de que la población joven tenga mayor oportunidad de participar en las decisiones políticas. Sin embargo, la pretensión incluida en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México de instituir el voto a los 16 años resulta constitucionalmente inadmisible.

La Constitución federal otorga la ciudadanía a los 18 años, disposición que opera para todo el país, no sujeta a la voluntad de un Congreso local aun tratándose de una Asamblea Constituyente. No puede alegarse en favor de la propuesta la existencia de tratados internacionales que promuevan la participación política de los jóvenes porque no existe una disposición específica que establezca una edad mínima para votar admitida en el texto de dichos tratados y suponiendo, sin conceder, que de ellos pudiera derivar la obligación del Estado mexicano de reducir la edad —que no es el caso— la potestad de legislar en materia de ciudadanía corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión de acuerdo con la Constitución Federal.

Se requieren serias reflexiones doctrinarias en torno a los tratados internacionales cuyo contenido genérico, esto es, el que establece criterios muy amplios respecto del ejercicio de derechos, no puede jamás interpretarse como derogatorio de disposiciones constitucionales específicas sobre el ejercicio de funciones públicas, ni siquiera por estimar que el tratado “amplía” los derechos humanos, lo cual ciertamente puede hacerse por medio de normas de rango inferior a la Constitución, pero nunca para modificar un requisito constitucional relativo al desempeño de tareas respecto de las cuales la Constitución ha fijado condiciones concretas.

La participación política y el acceso a cargos públicos, reconocidos como derechos humanos, están condicionados en todos los tratados a las disposiciones legales que regulan tales circunstancias. Los requisitos constitucionalmente previstos no pueden interpretarse como limitaciones al derecho de que se trate que puedan ser superadas mediante disposiciones de nivel inferior con el argumento de que están “ampliando” un derecho. Un requisito de edad, de nacionalidad o de estudios realizados no constituyen una limitante al derecho, sino la condición para el ejercicio de la función. Exigir el título de abogado para ser juez no restringe el derecho de las personas sino establece una condición para que el derecho genérico de acceder a la función pública alcance su realización.

¿Podría una ley ordinaria permitir la reelección presidencial alegando que su prohibición absoluta es una restricción al derecho humano de desempeñar cargos públicos? ¿Se admitiría que la ley no hizo sino “ampliar” un derecho humano restringido por la Constitución?

Votar no es un derecho ilimitado —como ninguno lo es— pero la edad para ejercerlo ni siquiera es una limitación sino un requisito cuyo cumplimiento hace surgir tal derecho. Ese requisito se determina en la Constitución de la República y solo se puede cambiar mediante el procedimiento de Reforma Constitucional federal y no por una Asamblea Constituyente de una entidad federativa que en nombre de la “progresividad” pretenda consumar violaciones constitucionales.
eduardoandrade1948@gmail