/ miércoles 21 de octubre de 2015

Víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú piden agilizar investigación

El abogado Carlos Rivera, que representa a algunas víctimas delas esterilizaciones forzadas realizadas en Perú durante elgobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), pidió avanzar másrápido para ir a juicio y evitar que la causa sea de nuevoarchivada.

En una conferencia de prensa de Amnistía Internacional parareclamar un registro único de víctimas, Rivera aseguró que elexministro de Salud Marino Costa pretende interponer un recurso deamparo con el argumento de que se vulnera su presunción deinocencia por un exceso de años como investigado.

El abogado sugirió a la Fiscalía escoger un grupo de casosemblemáticos que presenten las pruebas más contundentes paraformalizar la denuncia ante el Poder Judicial "y romper así lainercia de una investigación que parece no tenerculminación".

También recomendó ampliar la investigación a más víctimasque no fueron incluidas en el expediente, como la Asociación deMujeres de Huancabamba, en la región de Piura, fronteriza conEcuador, que registra más de 200 casos "con suficienciaprobatoria" de que fueron esterilizadas sin su consentimiento.

En la conferencia de prensa también participó la directorapara las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas,la directora ejecutiva de esa organización en Perú, MarinaNavarro, y la presidenta de la Asociación de Mujeres deHuancabamba, Esperanza Huayama.

Las representantes de Amnistía Internacional solicitaron alEstado peruano elaborar un registro único de víctimas y unsistema de reparaciones para conocer el número exacto de personasque fueron esterilizadas sin su consentimiento expreso.

La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272,028operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y2001, pero se desconoce cuántas se ejercieron mediante presuntosengaños y coacciones.

En mayo pasado el fiscal superior penal Luis Landa ordenórevocar una decisión tomada en enero de archivar el caso despuésde que fuera reabierto en junio de 2013 en cumplimiento de unarecomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).

La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muyalto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esasprácticas.

El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumentode que no se había encontrado indicios criminales en losinvestigados por las irregularidades cometidas durante laejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva yPlanificación Familiar 1990-2000. EFE

/parg

El abogado Carlos Rivera, que representa a algunas víctimas delas esterilizaciones forzadas realizadas en Perú durante elgobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), pidió avanzar másrápido para ir a juicio y evitar que la causa sea de nuevoarchivada.

En una conferencia de prensa de Amnistía Internacional parareclamar un registro único de víctimas, Rivera aseguró que elexministro de Salud Marino Costa pretende interponer un recurso deamparo con el argumento de que se vulnera su presunción deinocencia por un exceso de años como investigado.

El abogado sugirió a la Fiscalía escoger un grupo de casosemblemáticos que presenten las pruebas más contundentes paraformalizar la denuncia ante el Poder Judicial "y romper así lainercia de una investigación que parece no tenerculminación".

También recomendó ampliar la investigación a más víctimasque no fueron incluidas en el expediente, como la Asociación deMujeres de Huancabamba, en la región de Piura, fronteriza conEcuador, que registra más de 200 casos "con suficienciaprobatoria" de que fueron esterilizadas sin su consentimiento.

En la conferencia de prensa también participó la directorapara las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas,la directora ejecutiva de esa organización en Perú, MarinaNavarro, y la presidenta de la Asociación de Mujeres deHuancabamba, Esperanza Huayama.

Las representantes de Amnistía Internacional solicitaron alEstado peruano elaborar un registro único de víctimas y unsistema de reparaciones para conocer el número exacto de personasque fueron esterilizadas sin su consentimiento expreso.

La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272,028operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y2001, pero se desconoce cuántas se ejercieron mediante presuntosengaños y coacciones.

En mayo pasado el fiscal superior penal Luis Landa ordenórevocar una decisión tomada en enero de archivar el caso despuésde que fuera reabierto en junio de 2013 en cumplimiento de unarecomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).

La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muyalto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esasprácticas.

El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumentode que no se había encontrado indicios criminales en losinvestigados por las irregularidades cometidas durante laejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva yPlanificación Familiar 1990-2000. EFE

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