/ domingo 29 de marzo de 2020

Desaparición forzada... Tiempo suspendido

El escritor oaxaqueño Camilo Vicente Ovalle presenta un libro en el que traza líneas que explican la actualidad violenta que vive el país remontándose a la desaparición de personas en los años 70 y 80

Este viaje al pasado tuvo que retroceder 20 años más de lo previsto. Originalmente, el historiador Camilo Vicente Ovalle centró su investigación sobre las desapariciones forzadas en México entre los años 1960 y 1980. Pronto descubrió que esta práctica asociada a la guerra sucia de ese periodo tiene su raíz en 1940.

"En la historia de los movimientos sociales de los 50 y 60, los autores hacen referencia a casos de desapariciones, pero muy por encima y me fueron intrigando esos hechos anteriores a los años en los que se suponía había iniciado el fenómeno de la desaparición y para mi sorpresa, en los archivos encontré mucha información de actos cometidos tanto por el ejército como por policías federales, en particular de la Dirección General de Seguridad, desde los años 40", relata el autor del libro Tiempo suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México, publicado por Bonilla Artigas Editores.

En sus indagaciones, Vicente Ovalle descubrió que, si bien la desaparición forzada de personas era una práctica muy vieja en algunas de las dependencias de seguridad del Estado mexicano, fue a partir de los años 70 cuando alcanzó un nivel de política de Estado.

La diferencia, apunta, es que, a finales de los cuarenta, las desapariciones no estaban destinadas a la eliminación de las personas, además de ser una práctica muy focalizada; "en los casos que pude reconstruir, personas identificadas desaparecían por un periodo de tiempo y después volvían a aparecer. Era casi una práctica de intimidación. En los años 70 ya es una estrategia y su consecuencia más radical, fue la eliminación de la disidencia política".

CRECER ENTRE LA AUSENCIA

Camilo Vicente Ovalle es originario de Juchitán, Oaxaca. De niño, en los años 70, era común que en las conversaciones de los mayores escuchara que alguno de sus vecinos había sido desaparecido.

"Uno de ellos, muy conocido, fue el profesor Víctor Pineda Henestrosa (fundador de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, COCEI, e impulsor de la lucha campesina en la región), su familia era cercana a la mía. El tema siempre estuvo ahí, pero no lo asumí como análisis o estudio hasta que comencé a trabajar con temas de movimientos sociales y represión de Estado", recuerda.

Como objeto de estudio, agrega, la desaparición sigue siendo deuda pendiente en México, "no sólo en términos de la justicia y la memoria y políticas de reparación para las víctimas, sino dentro de ámbito académico".

Así como acotó su investigación a los años 1940-1980, se dedicó a indagar en los estados de Sinaloa, Oaxaca y Guerrero, aunque, reconoce, la desaparición forzada estuvo extendida a casi todos los estados de la república. "Me interesaba mostrar cómo el Estado mexicano había implementado la desaparición forzada a nivel nacional durante esas décadas".

En su estado natal, Oaxaca, la desaparición no fue la técnica principal represiva y no concluyó siempre en la eliminación de personas, cuenta. En cambio, en Guerrero, "fue la técnica principal, terminó en la desaparición permanente de la mayoría de las personas detenidas", mientras en Sinaloa, "hacia finales de los 70 esta estrategia contra insurgente comenzó a encontrarse con una nueva forma de violencia, que es lo que se sigue llamando la 'guerra contra el narco'".

DISIDENCIA, NARCO Y PODER

Tanto en Sinaloa como en Oaxaca, había células de organizaciones guerrilleras, apunta el historiador. "En el caso de Sinaloa, fundamentalmente la Liga Comunista y en Oaxaca, estaban la Liga 23 de septiembre, particularmente en el municipio de Jamiltepec y La Unión del Pueblo".

Las dos guerrillas actuales que tienen una línea directa con los movimientos armados de los años 70, explica, son el Ejército Zapatista, cuyo núcleo originario fueron las Fuerzas de Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario, "que sigue existiendo en Guerrero y uno de sus grupos originarios fue La Unión del Pueblo".

Los grupos guerrilleros han sido poco estudiados, afirma Vicente Ovalle. "Es una historia a la que no le hemos dado explicación, como tampoco a la estrategia que siguió el Estado para combatirlos, que fundamentalmente fue la desaparición forzada".

A medida que fue avanzando en su investigación, el autor trazó varias líneas para su libro, una de ellas, la relación del Estado con el narcotráfico. "Hacia finales de los años 70 comenzó una vinculación muy peligrosa entre funcionarios, particularmente de la Dirección Federal de Seguridad, pero también del Ejército, con el narcotráfico, que en este país creció al amparo de las instituciones de Seguridad Nacional y hay suficiente evidencia de ello", afirma.

En los años 70, agrega, está el origen de esa relación, cuando funcionarios se vincularon con las organizaciones del narco. "Muchos de estos funcionarios cambiaron de oficio y comenzaron a trabajar directamente para el narcotráfico, por ejemplo, Tomás Morlet, que era un agente de la Dirección Federal de Seguridad en Oaxaca, responsable de varias desapariciones en el estado y terminó trabajando para el Cártel del Golfo; murió asesinado en Tamaulipas".

Otro caso representativo, dice, es el del general Mario Arturo Acosta Chaparro. "Él fue uno de los responsables de las desapariciones en Guerrero, entre 1972 y 1978, vinculado al Cártel de Juárez y murió acribillado en la Ciudad de México".

Estos nexos se vinculan con su tema original, la desaparición forzada.

"Podemos suponer que estos funcionarios se llevaron el expertise de la desaparición a las organizaciones del narcotráfico, pero muchos de ellos, que permitieron la desaparición forzada en los años 60 y 70, después fueron los responsables de las Policías locales o judiciales, particularmente en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Sinaloa".

El historiador aclara que no puede decir que exista una línea directa entre la desaparición forzada y las estrategias de la delincuencia, "pero tenemos que investigar cómo fue el tránsito de estos funcionarios hacia los grupos de narcotráfico y qué tanto este tránsito pudo influir para la transferencia de esta técnica de la desaparición hacia los grupos privados, como lo es el narcotráfico y hacia la masificación que hoy vivimos".

Este viaje al pasado tuvo que retroceder 20 años más de lo previsto. Originalmente, el historiador Camilo Vicente Ovalle centró su investigación sobre las desapariciones forzadas en México entre los años 1960 y 1980. Pronto descubrió que esta práctica asociada a la guerra sucia de ese periodo tiene su raíz en 1940.

"En la historia de los movimientos sociales de los 50 y 60, los autores hacen referencia a casos de desapariciones, pero muy por encima y me fueron intrigando esos hechos anteriores a los años en los que se suponía había iniciado el fenómeno de la desaparición y para mi sorpresa, en los archivos encontré mucha información de actos cometidos tanto por el ejército como por policías federales, en particular de la Dirección General de Seguridad, desde los años 40", relata el autor del libro Tiempo suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México, publicado por Bonilla Artigas Editores.

En sus indagaciones, Vicente Ovalle descubrió que, si bien la desaparición forzada de personas era una práctica muy vieja en algunas de las dependencias de seguridad del Estado mexicano, fue a partir de los años 70 cuando alcanzó un nivel de política de Estado.

La diferencia, apunta, es que, a finales de los cuarenta, las desapariciones no estaban destinadas a la eliminación de las personas, además de ser una práctica muy focalizada; "en los casos que pude reconstruir, personas identificadas desaparecían por un periodo de tiempo y después volvían a aparecer. Era casi una práctica de intimidación. En los años 70 ya es una estrategia y su consecuencia más radical, fue la eliminación de la disidencia política".

CRECER ENTRE LA AUSENCIA

Camilo Vicente Ovalle es originario de Juchitán, Oaxaca. De niño, en los años 70, era común que en las conversaciones de los mayores escuchara que alguno de sus vecinos había sido desaparecido.

"Uno de ellos, muy conocido, fue el profesor Víctor Pineda Henestrosa (fundador de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, COCEI, e impulsor de la lucha campesina en la región), su familia era cercana a la mía. El tema siempre estuvo ahí, pero no lo asumí como análisis o estudio hasta que comencé a trabajar con temas de movimientos sociales y represión de Estado", recuerda.

Como objeto de estudio, agrega, la desaparición sigue siendo deuda pendiente en México, "no sólo en términos de la justicia y la memoria y políticas de reparación para las víctimas, sino dentro de ámbito académico".

Así como acotó su investigación a los años 1940-1980, se dedicó a indagar en los estados de Sinaloa, Oaxaca y Guerrero, aunque, reconoce, la desaparición forzada estuvo extendida a casi todos los estados de la república. "Me interesaba mostrar cómo el Estado mexicano había implementado la desaparición forzada a nivel nacional durante esas décadas".

En su estado natal, Oaxaca, la desaparición no fue la técnica principal represiva y no concluyó siempre en la eliminación de personas, cuenta. En cambio, en Guerrero, "fue la técnica principal, terminó en la desaparición permanente de la mayoría de las personas detenidas", mientras en Sinaloa, "hacia finales de los 70 esta estrategia contra insurgente comenzó a encontrarse con una nueva forma de violencia, que es lo que se sigue llamando la 'guerra contra el narco'".

DISIDENCIA, NARCO Y PODER

Tanto en Sinaloa como en Oaxaca, había células de organizaciones guerrilleras, apunta el historiador. "En el caso de Sinaloa, fundamentalmente la Liga Comunista y en Oaxaca, estaban la Liga 23 de septiembre, particularmente en el municipio de Jamiltepec y La Unión del Pueblo".

Las dos guerrillas actuales que tienen una línea directa con los movimientos armados de los años 70, explica, son el Ejército Zapatista, cuyo núcleo originario fueron las Fuerzas de Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario, "que sigue existiendo en Guerrero y uno de sus grupos originarios fue La Unión del Pueblo".

Los grupos guerrilleros han sido poco estudiados, afirma Vicente Ovalle. "Es una historia a la que no le hemos dado explicación, como tampoco a la estrategia que siguió el Estado para combatirlos, que fundamentalmente fue la desaparición forzada".

A medida que fue avanzando en su investigación, el autor trazó varias líneas para su libro, una de ellas, la relación del Estado con el narcotráfico. "Hacia finales de los años 70 comenzó una vinculación muy peligrosa entre funcionarios, particularmente de la Dirección Federal de Seguridad, pero también del Ejército, con el narcotráfico, que en este país creció al amparo de las instituciones de Seguridad Nacional y hay suficiente evidencia de ello", afirma.

En los años 70, agrega, está el origen de esa relación, cuando funcionarios se vincularon con las organizaciones del narco. "Muchos de estos funcionarios cambiaron de oficio y comenzaron a trabajar directamente para el narcotráfico, por ejemplo, Tomás Morlet, que era un agente de la Dirección Federal de Seguridad en Oaxaca, responsable de varias desapariciones en el estado y terminó trabajando para el Cártel del Golfo; murió asesinado en Tamaulipas".

Otro caso representativo, dice, es el del general Mario Arturo Acosta Chaparro. "Él fue uno de los responsables de las desapariciones en Guerrero, entre 1972 y 1978, vinculado al Cártel de Juárez y murió acribillado en la Ciudad de México".

Estos nexos se vinculan con su tema original, la desaparición forzada.

"Podemos suponer que estos funcionarios se llevaron el expertise de la desaparición a las organizaciones del narcotráfico, pero muchos de ellos, que permitieron la desaparición forzada en los años 60 y 70, después fueron los responsables de las Policías locales o judiciales, particularmente en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Sinaloa".

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