POR CIMAC NOTICIAS En una carta pública, las trabajadoras de intendencia despedidas en enero de 2016 del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) exigen a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje capitalina, que agilice la resolución del caso.
Junto con organizaciones civiles, denuncian también que las audiencias programadas sobre su caso se han postergado porque el personal de la instancia afirma que “no cuenta con recursos suficientes para trasladarse y notificar a los testigos”.
Las mujeres iniciaron la demanda laboral en febrero de 2016 en la Junta Local (JLCyA), con número de expediente 127/2016, luego de que el IEMS despidió un mes antes a más de 50 trabajadoras con el argumento de que “nunca las contrató”, pese a que algunas de ellas tenían hasta 10 años trabajando para la institución educativa.
El juicio se ha caracterizado por retrasos, a lo que se suma la nula disposición de las autoridades del IEMS por reconocer el contrato laboral que tenían y una serie de actos intimidatorios contra el plantón que mantienen afuera de la preparatoria 2 del Instituto en Iztapalapa.
En una carta, aún por entregar, dirigida a la presidenta de la JLCyA, Margarita Darlene Rojas Olvera, las trabajadoras y las organizaciones “Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos”, “Comité Cerezo México” y “Comité de Familiares de detenidos desaparecidos: Hasta Encontrarlos”, piden a más personas que sumen sus firmas para exigir a la Junta la “resolución justa y expedita del caso” porque, afirman, desde el despido “las trabajadoras y sus familias sobreviven en condiciones lamentables”.
En la carta también solicitan a la JLCyA que “dote de recursos suficientes a sus empleados” para resolver el caso. En entrevista con Cimacnoticias el defensor de Derechos Humanos del Comité Cerezo, organización que acompaña el caso, Alejandro Cerezo, explicó que al menos cinco audiencias previamente programadas no han podido efectuarse porque los actuarios judiciales aseguran que la Junta no les brinda recursos suficientes para transportarse y notificar a los testigos de las audiencias.
“Dicen que no van porque no pueden poner el gasto de sus bolsillos”, comentó Cerezo, y denunció “aunque las audiencias se programaron de manera seguida la estrategia ha sido retrasar el juicio de esta forma”. Por ello piden que la Junta Local entregue recursos suficientes a los actuarios judiciales para que estos “notifiquen en tiempo y forma, así los testigos vayan a las audiencias ya programadas y el juicio no se alargue más”.
En la carta también exponen que tanto las trabajadoras como los abogados han comentado que “hay que dar dinero a los actuarios para que éstos hagan su trabajo ya que la Junta nos les da para el transporte y alimentación, cuando se tienen que trasladar a diferentes partes de la Ciudad de México en búsqueda de las personas que deben notificar del caso”.
