A 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, legisladoras y especialistas demandaron armonizar las leyes estatales, así como capacitar a autoridades de procuración de justicia y policíaca, para hacer efectiva la atención, prevención y erradicación de las agresiones contra la población femenina, tanto en el aspecto físico, emocional, así como en lo social, cultural y político.
Las presidentas de las Comisiones para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum (PRI); y de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez (PRD), señalaron que en México a las mujeres se les sigue viendo y tratando como objetos sin opinión ni derechos.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, destacó que a pesar de importantes avances tanto en el aspecto legislativo como en políticas públicas, existen incongruencias en algunas entidades donde se castiga más el robo de ganado que el abuso sexual.
Durante el foro “A 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿Qué ha pasado?”, las senadoras respaldaron el planteamiento de representantes de organizaciones civiles y de expertas para emprender precisamente modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Gastélum señaló que a 10 años de promulgarse dicha ley, “pareciera que no quiere parar la violencia en contra de las mujeres, pese a tener muchas políticas públicas y leyes -los números de las estadísticas de agresiones de género- reflejan la urgencia de revisar lo que está pasando con la violencia de género”.
Habló de que libran una lucha contra la violencia política, al cual definió como “el blindaje” necesario para alcanzar un mejor tránsito a la democracia paritaria, “que hemos alcanzado en el Senado y hoy podemos tener derechos políticos, quizás no totalmente blindados, pero sí con mejores condiciones de participación entre hombres y mujeres”.
En su turno, la senadora perredista De la Peña Gómez, además consideró prioritario transformar los modelos socioculturales de mujeres y hombres incluyendo la formulación de programas de acción formales y no formales en todos los niveles educativos y de instrucción, para erradicar las conductas que generan la violencia de género y fomentar una cultura de igualdad.
Hizo énfasis al señalar que existen también situaciones a corregir dentro del Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, pues solo contempla tres aspectos.
El primero señala que se debe fomentar el conocimiento de los derechos de las mujeres, “esta es la gran política, que traslada a los tres órdenes de Gobierno, a los órganos autónomos y vida cotidiana de la mujeres, no se han cumplido”, enfatizó la legisladora.
Dicho plan señala también la responsabilidad de transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluso en los programas formales y no formales de educación, para combatir las conductas estereotipadas, además de educar y capacitar al personal de procuración de justicia y policiales. “Esto es todo lo que contempla, yo digo que son muchos más los temas y siguen estando pendientes.”
Al evento acudieron también las senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del PAN y María del Rocío Pineda Gochi, del PRI, así como la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara Alta, Bertha Orozco.
La magistrada Lilia Mónica López Benítez, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refirió que se requiere de la unificación de las leyes a nivel nacional y de la participación de todos los actores de Gobierno, políticos y sociales, pues las estadísticas de ONU Mujeres revelan que en México, una de cada tres mujeres ha sufrido agresiones físicas y/o sexuales, y una de cada dos, ha sido asesinada.
Cruz Sánchez, de Inmujeres, subrayó que las cifras sobre feminicidios, violencia de pareja, violencia sexual, física y económica, de mujeres desaparecidas y trata de personas, “dejan claro que, aunque tenemos una de las mejores leyes para atender la violencia de género, estamos ante un gran problema nacional”.
Hizo un llamado a la participación coordinada de los tres órdenes de Gobierno, legisladores, y organizaciones civiles, porque consideró que así se logrará superar los retos en diversos aspectos, como fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género dentro de las políticas públicas.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Laura Nereyda Plascencia, resaltó el rezago en municipios donde la mayoría de las autoridades en el ámbito local, incluidos alcaldes, desconocen la ley a favor de las mujeres.
