/ martes 26 de enero de 2021

Intensamente | Genaro García Luna: la biografía no autorizada

Conversamos con el autor de este libro que traza un perfil de quien fuera el Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y compartimos un capítulo del mismo, en exclusiva

Basado en una minuciosa investigación documental y testimonial, el periodista J. Jesús Lemus publicó recientemente El Licenciado, un libro que revisa a fondo el perfil de Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y que actualmente enfrenta cargos en los Estados Unidos por nexos con el narco.

Acerca de esta investigación, que se refuerza con expedientes judiciales, averiguaciones y sentencias, Lemus nos habla de la red de complicidades que tejió el exfuncionario, y maneja una serie de nombres que, asegura, deberían estar nerviosos si en México hubiera voluntad política para que se les investigue.

Además de esta breve conversación con el autor, quien recibió en Holanda el premio internacional “Pluma a la Libertad de Expresión”, compartimos un capítulo de dicho libro, por cortesía de la editorial HarperCollins.

¿El Licenciado es una especie de biografía no autorizada de García Luna?

Sí… En un principio se pensó como una biografía no autorizada, donde no nada más retratara la personalidad íntima del personaje, sino que también llevara al lector a poder entender las razones de por qué Genaro García Luna se convirtió en ese ser tan oscuro cuando fue Secretario de Seguridad Pública. Pero no por eso me olvido de su pasado, pues hago un recuento de los 27 años de servicio público que tuvo, desde la administración de Carlos Salinas de Gortari.

Un perfil de este tipo no puede construirse sin una red de complicidades.

Es correcto. No puedes entender una cosa sin la otra: cómo es que llega a inclinarse hacia el lado de la criminalidad y entender un poco quién era en el pasado, cómo fue su formación, cómo fue de niño… Consideré que tenía que tenía que darle unos cimientos psicológicos o al menos de comportamiento, sobre todo al inicio de su vida, y cómo es que llega de pronto a corromperse.

De hecho, destacas sus “27 años de carrera delictiva”, porque obviamente no te podías centrar solo en el sexenio de Calderón.

Exacto, necesitaba platicar cómo Genaro García había estado presente en la vida criminal de México, no nada más del 2006 al 2012, sino que venía desde muy atrás. Incluso hay un momento en el que era un policía eficiente, de mucho servicio a la nación, pero luego se tergiversó todo. Y sí, era necesario contar los 27 años de carrera pública: su paso a través del CISEN; a través de la Policía Federal Preventiva y de la AFI, hasta llegar a Secretario de Seguridad Pública, y aún después de eso, todavía, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cómo fue su influencia y su relación oscura con algunas empresas que se dedican a la prestación de servicios de espionaje para el Estado… porque la criminalidad de García Luna no terminó con el gobierno de Calderón, sino que se extiende hasta el gobierno de Peña Nieto.

¿Felipe Calderón debería estar nervioso?

Yo pienso que Calderón debería estar nervioso sin duda alguna con este trabajo, no porque lo diga yo, sino por la propia fuerza de la investigación y que sin duda hay muchos elementos para que cualquier agente del ministerio público, si existiera la voluntad de la FGR llame a cuentas al expresidente.

Si existiera voluntad. ¿En esta administración la hay?

Debo aclarar que yo creo mucho en el presidente López Obrador, creo que está haciendo bien las cosas. Pero no hay voluntad política en México, ya lo vimos con el general Cienfuegos, que pese a las evidencias de corrupción y de su colusión con el crimen organizado, pues simplemente se ha decidido no ejercer la acción penal. Yo he visto presos sentenciados con pruebas mucho menores que esas, es más, ¡sin pruebas! Es una mentira lo que está haciendo la FGR. Alejandro Gertz Manero está pagando favores; hay que recordar que es un panista que viene formado en la administración de Vicente Fox, que estuvo relacionado con Felipe Calderón y que es muy cercano a esa cúpula de poder, entonces el hecho de que hoy no se aplique la justicia contra Cienfuegos, pues nos da una clara dimensión de que en México nunca se va a enjuiciar a un expresidente, aunque ese sea el discurso que le reditúe muchos votos al presidente López Obrador.

¿Quién más debería estar nervioso?

Deberían estar nerviosos por lo menos una docena de generales del ejército, ese grupo de generales que mantiene tomado al Presidente de la República actualmente y que es el que le ha hecho dar traspiés, como en el caso del general Cienfuegos, o como es el caso de que hoy el ejército haga aeropuertos y construya sucursales bancarias, aplique vacunas y esas cosas. Debe estar preocupado el secretario de gobernación de Peña Nieto, que fue Miguel Ángel Osorio Chong, así como otros funcionarios de la administración de Calderón, y por supuesto Enrique Peña Nieto y el propio Alejandro Gertz Manero… Debe haber preocupación en algunos funcionarios y gobernadores de todo el país, a los que podría tocarles esa relación, ahora que se dé el juicio de Genaro García Luna, donde sin duda tendrán que salir muchos nombres a relucir.

Foto: Cortesía

Capítulo íntegro | El Michoacanazo

El revés que la SCJN asestó a García Luna, al recriminar jurídicamente la ventilación mediática de un caso judicial, no fue obstáculo para que el 26 de mayo de 2009 el Licenciado otra vez echara mano de la relación con Televisa y TV Azteca para centrar la atención nacional en su trabajo y su persona. Ese día tuvo lugar el episodio conocido como El Michoacanazo, que, lejos de atender a una estrategia de seguridad, en realidad fue una venganza personal que Calderón Hinojosa encomendó a su amigo García Luna, con el fin de castigar a un grupo de alcaldes y funcionarios públicos de Michoacán que siempre se negaron a la zalamería y la lisonja de las que gustaba el presidente.

Repudiado en su propia tierra natal, como presidente de la República Calderón Hinojosa insistió infructuosamente en celebrar actos masivos para demostrar una popularidad que nunca tuvo, para que fuera aplaudido con vehemencia. Muchos alcaldes de Michoacán, sobre todo del Partido Acción Nacional (PAN), aceptaron sin miramientos el deseo del presidente, pero hubo otros que se opusieron, principalmente los emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que con frecuencia no asistían a sus eventos e incluso le hacían vacío para que esos actos públicos lucieran desangelados.

Hubo confrontaciones en lo privado. Calderón Hinojosa recriminó a diversos alcaldes su falta de apoyo no sólo al paisano, sino al mismo presidente de la República, como fue en el caso de Genaro Guízar Valencia, alcalde de Apatzingán; Armando Medina Torres, de Nueva Italia; Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Antonio González Rodríguez, de Uruapan, y Odiel Méndez Chávez, de Coahuayana. Todos ellos fueron citados en la residencia oficial de Los Pinos para recibir la reprimenda por su falta de participación en los eventos oficiales convocados por la Presidencia de la República en suelo michoacano.

Otros alcaldes simplemente nunca acudieron a las reuniones que el presidente convocó desde lo privado, como José Cortez Ramos, de Aquila; Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista; José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo; Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío; Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro, y Francisco Estrada García, de Nuevo Urecho. El distanciamiento ideológico entre las partes suscitó una enemistad que el presidente llevó más allá del plano político.

De acuerdo con una fuente periodística de la Coordinación General de Comunicación de la administración de Leonel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán, fue el propio Calderón Hinojosa quien inicialmente le pidió a este ejecutar una acción penal contra los alcaldes considerados rebeldes y en alguna medida “disidentes de la directriz política marcada desde la Presidencia de la República”. Según esta fuente, el gobernador Godoy Rangel rechazó la petición de Calderón “porque no existían elementos para procesar a los alcaldes que Calderón veía como enemigos”.

“Esto hizo que el mismo gobernador Godoy fuera visto también como enemigo de Calderón y como solapador de la insurgencia de alcaldes” que ante los ojos del presidente se estaba dando en su propia tierra natal. En versión de la fuente, “también [Leonel Godoy] generó encono en el presidente, haciéndolo blanco de su venganza política”, lo que propició que dentro del operativo encomendado a García Luna para procesar penalmente a los alcaldes desobedientes se incluyera al gobernador. No obstante, cuando Godoy Rangel supo de las intenciones del presidente Calderón Hinojosa para procesarlo sin mayor evidencia que la versión de un testigo protegido que lo vinculaba con las actividades ilícitas de su medio hermano Julio César Godoy Toscano, pudo maniobrar en el plano político y establecer una tregua.

El gobernador Godoy Rangel no fue perseguido, pero a cambio ofreció no intervenir en la averiguación iniciada a su medio hermano desde la SSP, la cual condujo a que el 14 de julio de 2009 se le imputaran oficialmente cargos por los delitos de fomento al narcotráfico y delincuencia organizada, al relacionarlo con La Familia Michoacana. El 12 de octubre de 2010 se le agregó el cargo de lavado de dinero. Por fin fue detenido el 28 de diciembre de 2017, tras siete años de prófugo.

La tregua que estableció el gobernador Godoy Rangel con el presidente Calderón Hinojosa no fue suficiente ante la operación que ya había puesto en marcha García Luna, quien, atendiendo a la instrucción inicial, ya iba, al igual que por los alcaldes rebeldes, por un grupo del círculo cercano de amigos y colaboradores de Godoy Rangel, a los que finalmente se les procesó por el cargo de fomento al narcotráfico y delincuencia organizada, acusados de pertenecer a la estructura criminal de La Familia Michoacana.

Además de los alcaldes que se confrontaron con el presidente Calderón Hinojosa, fueron procesados Miguel García Hurtado, procurador de Justicia; Citlalli Fernández González, asesora de Seguridad del gobernador; Ramón Ponce, asesor de la Procuraduría esta tal; Israel Tentory García, asesor del gobernador; Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de Justicia; José Lino Zamora Hernández, director de Seguridad Pública; Mario Bautista, ex director de la SSP estatal; Juan Gaona Gómez, jefe de agentes del estado, y Lorenzo Rosales, agente del Ministerio Público federal.

En la lista de acusados y encarcelados también estaban Jaime Liera Álvarez, juez de Primer Instancia; Abel Salazar Gómez, síndico en Lázaro Cárdenas; Dionisio Valencia, director de Obras en Arteaga; Ricardo Rubí Bustamante, director del Fondo Industrial de Michoacán; Mario Manuel Romero, ex alcalde de La Huacana; los policías ministeriales con cargos de mando Faraón Martínez Molina, Alfredo Ramírez García, Antonio Sánchez Gaytán, Irlanda Sánchez Román y Gabriela Mata Chávez, así como los directores de policía municipal Roberto Rubio Vásquez, Victorino Jacobo Pérez, Noé Medina García y Baldomero Morales.

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Basado en una minuciosa investigación documental y testimonial, el periodista J. Jesús Lemus publicó recientemente El Licenciado, un libro que revisa a fondo el perfil de Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y que actualmente enfrenta cargos en los Estados Unidos por nexos con el narco.

Acerca de esta investigación, que se refuerza con expedientes judiciales, averiguaciones y sentencias, Lemus nos habla de la red de complicidades que tejió el exfuncionario, y maneja una serie de nombres que, asegura, deberían estar nerviosos si en México hubiera voluntad política para que se les investigue.

Además de esta breve conversación con el autor, quien recibió en Holanda el premio internacional “Pluma a la Libertad de Expresión”, compartimos un capítulo de dicho libro, por cortesía de la editorial HarperCollins.

¿El Licenciado es una especie de biografía no autorizada de García Luna?

Sí… En un principio se pensó como una biografía no autorizada, donde no nada más retratara la personalidad íntima del personaje, sino que también llevara al lector a poder entender las razones de por qué Genaro García Luna se convirtió en ese ser tan oscuro cuando fue Secretario de Seguridad Pública. Pero no por eso me olvido de su pasado, pues hago un recuento de los 27 años de servicio público que tuvo, desde la administración de Carlos Salinas de Gortari.

Un perfil de este tipo no puede construirse sin una red de complicidades.

Es correcto. No puedes entender una cosa sin la otra: cómo es que llega a inclinarse hacia el lado de la criminalidad y entender un poco quién era en el pasado, cómo fue su formación, cómo fue de niño… Consideré que tenía que tenía que darle unos cimientos psicológicos o al menos de comportamiento, sobre todo al inicio de su vida, y cómo es que llega de pronto a corromperse.

De hecho, destacas sus “27 años de carrera delictiva”, porque obviamente no te podías centrar solo en el sexenio de Calderón.

Exacto, necesitaba platicar cómo Genaro García había estado presente en la vida criminal de México, no nada más del 2006 al 2012, sino que venía desde muy atrás. Incluso hay un momento en el que era un policía eficiente, de mucho servicio a la nación, pero luego se tergiversó todo. Y sí, era necesario contar los 27 años de carrera pública: su paso a través del CISEN; a través de la Policía Federal Preventiva y de la AFI, hasta llegar a Secretario de Seguridad Pública, y aún después de eso, todavía, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cómo fue su influencia y su relación oscura con algunas empresas que se dedican a la prestación de servicios de espionaje para el Estado… porque la criminalidad de García Luna no terminó con el gobierno de Calderón, sino que se extiende hasta el gobierno de Peña Nieto.

¿Felipe Calderón debería estar nervioso?

Yo pienso que Calderón debería estar nervioso sin duda alguna con este trabajo, no porque lo diga yo, sino por la propia fuerza de la investigación y que sin duda hay muchos elementos para que cualquier agente del ministerio público, si existiera la voluntad de la FGR llame a cuentas al expresidente.

Si existiera voluntad. ¿En esta administración la hay?

Debo aclarar que yo creo mucho en el presidente López Obrador, creo que está haciendo bien las cosas. Pero no hay voluntad política en México, ya lo vimos con el general Cienfuegos, que pese a las evidencias de corrupción y de su colusión con el crimen organizado, pues simplemente se ha decidido no ejercer la acción penal. Yo he visto presos sentenciados con pruebas mucho menores que esas, es más, ¡sin pruebas! Es una mentira lo que está haciendo la FGR. Alejandro Gertz Manero está pagando favores; hay que recordar que es un panista que viene formado en la administración de Vicente Fox, que estuvo relacionado con Felipe Calderón y que es muy cercano a esa cúpula de poder, entonces el hecho de que hoy no se aplique la justicia contra Cienfuegos, pues nos da una clara dimensión de que en México nunca se va a enjuiciar a un expresidente, aunque ese sea el discurso que le reditúe muchos votos al presidente López Obrador.

¿Quién más debería estar nervioso?

Deberían estar nerviosos por lo menos una docena de generales del ejército, ese grupo de generales que mantiene tomado al Presidente de la República actualmente y que es el que le ha hecho dar traspiés, como en el caso del general Cienfuegos, o como es el caso de que hoy el ejército haga aeropuertos y construya sucursales bancarias, aplique vacunas y esas cosas. Debe estar preocupado el secretario de gobernación de Peña Nieto, que fue Miguel Ángel Osorio Chong, así como otros funcionarios de la administración de Calderón, y por supuesto Enrique Peña Nieto y el propio Alejandro Gertz Manero… Debe haber preocupación en algunos funcionarios y gobernadores de todo el país, a los que podría tocarles esa relación, ahora que se dé el juicio de Genaro García Luna, donde sin duda tendrán que salir muchos nombres a relucir.

Foto: Cortesía

Capítulo íntegro | El Michoacanazo

El revés que la SCJN asestó a García Luna, al recriminar jurídicamente la ventilación mediática de un caso judicial, no fue obstáculo para que el 26 de mayo de 2009 el Licenciado otra vez echara mano de la relación con Televisa y TV Azteca para centrar la atención nacional en su trabajo y su persona. Ese día tuvo lugar el episodio conocido como El Michoacanazo, que, lejos de atender a una estrategia de seguridad, en realidad fue una venganza personal que Calderón Hinojosa encomendó a su amigo García Luna, con el fin de castigar a un grupo de alcaldes y funcionarios públicos de Michoacán que siempre se negaron a la zalamería y la lisonja de las que gustaba el presidente.

Repudiado en su propia tierra natal, como presidente de la República Calderón Hinojosa insistió infructuosamente en celebrar actos masivos para demostrar una popularidad que nunca tuvo, para que fuera aplaudido con vehemencia. Muchos alcaldes de Michoacán, sobre todo del Partido Acción Nacional (PAN), aceptaron sin miramientos el deseo del presidente, pero hubo otros que se opusieron, principalmente los emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que con frecuencia no asistían a sus eventos e incluso le hacían vacío para que esos actos públicos lucieran desangelados.

Hubo confrontaciones en lo privado. Calderón Hinojosa recriminó a diversos alcaldes su falta de apoyo no sólo al paisano, sino al mismo presidente de la República, como fue en el caso de Genaro Guízar Valencia, alcalde de Apatzingán; Armando Medina Torres, de Nueva Italia; Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Antonio González Rodríguez, de Uruapan, y Odiel Méndez Chávez, de Coahuayana. Todos ellos fueron citados en la residencia oficial de Los Pinos para recibir la reprimenda por su falta de participación en los eventos oficiales convocados por la Presidencia de la República en suelo michoacano.

Otros alcaldes simplemente nunca acudieron a las reuniones que el presidente convocó desde lo privado, como José Cortez Ramos, de Aquila; Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista; José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo; Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío; Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro, y Francisco Estrada García, de Nuevo Urecho. El distanciamiento ideológico entre las partes suscitó una enemistad que el presidente llevó más allá del plano político.

De acuerdo con una fuente periodística de la Coordinación General de Comunicación de la administración de Leonel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán, fue el propio Calderón Hinojosa quien inicialmente le pidió a este ejecutar una acción penal contra los alcaldes considerados rebeldes y en alguna medida “disidentes de la directriz política marcada desde la Presidencia de la República”. Según esta fuente, el gobernador Godoy Rangel rechazó la petición de Calderón “porque no existían elementos para procesar a los alcaldes que Calderón veía como enemigos”.

“Esto hizo que el mismo gobernador Godoy fuera visto también como enemigo de Calderón y como solapador de la insurgencia de alcaldes” que ante los ojos del presidente se estaba dando en su propia tierra natal. En versión de la fuente, “también [Leonel Godoy] generó encono en el presidente, haciéndolo blanco de su venganza política”, lo que propició que dentro del operativo encomendado a García Luna para procesar penalmente a los alcaldes desobedientes se incluyera al gobernador. No obstante, cuando Godoy Rangel supo de las intenciones del presidente Calderón Hinojosa para procesarlo sin mayor evidencia que la versión de un testigo protegido que lo vinculaba con las actividades ilícitas de su medio hermano Julio César Godoy Toscano, pudo maniobrar en el plano político y establecer una tregua.

El gobernador Godoy Rangel no fue perseguido, pero a cambio ofreció no intervenir en la averiguación iniciada a su medio hermano desde la SSP, la cual condujo a que el 14 de julio de 2009 se le imputaran oficialmente cargos por los delitos de fomento al narcotráfico y delincuencia organizada, al relacionarlo con La Familia Michoacana. El 12 de octubre de 2010 se le agregó el cargo de lavado de dinero. Por fin fue detenido el 28 de diciembre de 2017, tras siete años de prófugo.

La tregua que estableció el gobernador Godoy Rangel con el presidente Calderón Hinojosa no fue suficiente ante la operación que ya había puesto en marcha García Luna, quien, atendiendo a la instrucción inicial, ya iba, al igual que por los alcaldes rebeldes, por un grupo del círculo cercano de amigos y colaboradores de Godoy Rangel, a los que finalmente se les procesó por el cargo de fomento al narcotráfico y delincuencia organizada, acusados de pertenecer a la estructura criminal de La Familia Michoacana.

Además de los alcaldes que se confrontaron con el presidente Calderón Hinojosa, fueron procesados Miguel García Hurtado, procurador de Justicia; Citlalli Fernández González, asesora de Seguridad del gobernador; Ramón Ponce, asesor de la Procuraduría esta tal; Israel Tentory García, asesor del gobernador; Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de Justicia; José Lino Zamora Hernández, director de Seguridad Pública; Mario Bautista, ex director de la SSP estatal; Juan Gaona Gómez, jefe de agentes del estado, y Lorenzo Rosales, agente del Ministerio Público federal.

En la lista de acusados y encarcelados también estaban Jaime Liera Álvarez, juez de Primer Instancia; Abel Salazar Gómez, síndico en Lázaro Cárdenas; Dionisio Valencia, director de Obras en Arteaga; Ricardo Rubí Bustamante, director del Fondo Industrial de Michoacán; Mario Manuel Romero, ex alcalde de La Huacana; los policías ministeriales con cargos de mando Faraón Martínez Molina, Alfredo Ramírez García, Antonio Sánchez Gaytán, Irlanda Sánchez Román y Gabriela Mata Chávez, así como los directores de policía municipal Roberto Rubio Vásquez, Victorino Jacobo Pérez, Noé Medina García y Baldomero Morales.

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