/ domingo 20 de diciembre de 2015

Trabajo doméstico, marcada explotación

E n México, cinco de cada 10 personas ocupadas en trabajo doméstico cumplen jornadas laborales de 35 horas o más a la semana y 13 por ciento trabajan más de 48 horas. Además, 46.5 por ciento reportó no haber recibido aguinaldo y más de 60 por ciento no tuvo permiso de vacaciones; y 76.1 por ciento de esa población no cuenta con ningún tipo de prestación laboral, además de una marcada explotación.

Y es que, de acuerdo a una investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, las trabajadoras del hogar y los migrantes son dos de los grupos que históricamente han sido excluidos de la protección de sus derechos fundamentales.

Por lo que anterior, el instituto a cargo del senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa, estableció que el Estado tiene la obligación de emprender acciones contundentes para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y, en ese sentido, urgió a realizar reformas legales como un paso necesario para revertir la situación de desigualdad que enfrentan.

El estudio sobre “La satisfacción de los derechos humanos de los colectivos más vulnerables” hace énfasis en que resulta preocupante que la Ley Federal del Trabajo considere esa actividad en un apartado distinto, y restrinja de los derechos garantizados a quienes se dedican a ella. Con ello, se prevé un trato diferenciado injustificado para un sector de la población que la sitúa en una situación de desigualdad.

Según estimaciones del INEGI, 96 por ciento las trabajadoras del hogar expresaron carecer de un contrato laboral por escrito, lo que genera incertidumbre acerca de los límites de sus funciones y los términos de su contratación. “Estas condiciones de trabajo -se agrega- han llegado incluso a generar casos de explotación laboral”, agrega.

Con todo, subrayó que no sorprende el hecho de que se excluya de la definición de trabajo del hogar a aquellas personas que prestan servicios similares en establecimientos mercantiles u otro, reflejando la visión utilitarista y discriminatoria generalizada entre la sociedad.

Para avanzar hacia el efectivo reconocimiento de los derechos de los trabajadores, propone la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estándar más alto a nivel internacional que establece una serie de normas mínimas hacia las personas trabajadoras del hogar.

También se recomiendan diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para establecer límites a las jornadas de trabajo, eliminar el salario mínimo diferenciado y simplificar el régimen de altas y bajas del Seguro Social.

Respecto a las personas migrantes, el estudio menciona que con frecuencia son objeto de abusos y violaciones de sus derechos humanos, además de que se les asignan estereotipos y estigmas que los asocian con la violencia y las bandas criminales.

“Las estancias migratorias son una puerta abierta a la arbitrariedad y agravios a los derechos humanos. La utilización de estaciones migratorias en México sigue siendo la regla y no la excepción, y contrario a lo que dice la legislación, a las personas migrantes detenidas rara vez se les facilita la asesoría jurídica o una representación legal para dar seguimiento a su proceso legislativo”, acotó.

Además, si bien la ley contempla su canalización al Sistema DIF, no se descarta la posibilidad de que menores migrantes puedan ser retenidos en estaciones migratorias.

Aquellas personas que emprenden su viaje a través de México enfrentan una condición de vulnerabilidad estructural, lo que ha llevado a que cada vez con mayor frecuencia sean víctimas de detenciones arbitrarias.

Todo esto, ante la ausencia de un debido proceso, expulsiones colectivas, discriminación en el acceso a servicios públicos y sociales, condiciones de detención infrahumanas, abusos de poder por parte de autoridades migratorias y policías, así como múltiples obstáculos en el acceso a la justicia.

El riesgo de sufrir abusos, tanto por parte de la delincuencia organizada como por agentes estatales que en muchas ocasiones trabajan en connivencia con ésta, es generalizado, se enfatiza en el documento del IBD.

Ante esta problemática, el IBD estima que para mejorar la situación de las personas migrantes es necesario eliminar la detención migratoria, emplear medidas alternativas a la detención y garantizar el derecho a una defensa adecuada.

E n México, cinco de cada 10 personas ocupadas en trabajo doméstico cumplen jornadas laborales de 35 horas o más a la semana y 13 por ciento trabajan más de 48 horas. Además, 46.5 por ciento reportó no haber recibido aguinaldo y más de 60 por ciento no tuvo permiso de vacaciones; y 76.1 por ciento de esa población no cuenta con ningún tipo de prestación laboral, además de una marcada explotación.

Y es que, de acuerdo a una investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, las trabajadoras del hogar y los migrantes son dos de los grupos que históricamente han sido excluidos de la protección de sus derechos fundamentales.

Por lo que anterior, el instituto a cargo del senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa, estableció que el Estado tiene la obligación de emprender acciones contundentes para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y, en ese sentido, urgió a realizar reformas legales como un paso necesario para revertir la situación de desigualdad que enfrentan.

El estudio sobre “La satisfacción de los derechos humanos de los colectivos más vulnerables” hace énfasis en que resulta preocupante que la Ley Federal del Trabajo considere esa actividad en un apartado distinto, y restrinja de los derechos garantizados a quienes se dedican a ella. Con ello, se prevé un trato diferenciado injustificado para un sector de la población que la sitúa en una situación de desigualdad.

Según estimaciones del INEGI, 96 por ciento las trabajadoras del hogar expresaron carecer de un contrato laboral por escrito, lo que genera incertidumbre acerca de los límites de sus funciones y los términos de su contratación. “Estas condiciones de trabajo -se agrega- han llegado incluso a generar casos de explotación laboral”, agrega.

Con todo, subrayó que no sorprende el hecho de que se excluya de la definición de trabajo del hogar a aquellas personas que prestan servicios similares en establecimientos mercantiles u otro, reflejando la visión utilitarista y discriminatoria generalizada entre la sociedad.

Para avanzar hacia el efectivo reconocimiento de los derechos de los trabajadores, propone la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estándar más alto a nivel internacional que establece una serie de normas mínimas hacia las personas trabajadoras del hogar.

También se recomiendan diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para establecer límites a las jornadas de trabajo, eliminar el salario mínimo diferenciado y simplificar el régimen de altas y bajas del Seguro Social.

Respecto a las personas migrantes, el estudio menciona que con frecuencia son objeto de abusos y violaciones de sus derechos humanos, además de que se les asignan estereotipos y estigmas que los asocian con la violencia y las bandas criminales.

“Las estancias migratorias son una puerta abierta a la arbitrariedad y agravios a los derechos humanos. La utilización de estaciones migratorias en México sigue siendo la regla y no la excepción, y contrario a lo que dice la legislación, a las personas migrantes detenidas rara vez se les facilita la asesoría jurídica o una representación legal para dar seguimiento a su proceso legislativo”, acotó.

Además, si bien la ley contempla su canalización al Sistema DIF, no se descarta la posibilidad de que menores migrantes puedan ser retenidos en estaciones migratorias.

Aquellas personas que emprenden su viaje a través de México enfrentan una condición de vulnerabilidad estructural, lo que ha llevado a que cada vez con mayor frecuencia sean víctimas de detenciones arbitrarias.

Todo esto, ante la ausencia de un debido proceso, expulsiones colectivas, discriminación en el acceso a servicios públicos y sociales, condiciones de detención infrahumanas, abusos de poder por parte de autoridades migratorias y policías, así como múltiples obstáculos en el acceso a la justicia.

El riesgo de sufrir abusos, tanto por parte de la delincuencia organizada como por agentes estatales que en muchas ocasiones trabajan en connivencia con ésta, es generalizado, se enfatiza en el documento del IBD.

Ante esta problemática, el IBD estima que para mejorar la situación de las personas migrantes es necesario eliminar la detención migratoria, emplear medidas alternativas a la detención y garantizar el derecho a una defensa adecuada.

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