Por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en las próximas horas deberán ser desbloqueadas algunas cuentas bancarias de la Cooperativa Cruz, esto con el único fin de que se evite paralizar el pago de la nómina de los trabajadores.
La noche de miércoles la UIF, encabezada por Santiago Nieto, pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hacer el trámite correspondiente ante el sistema bancario para proceder al congelamiento de todas las cuentas relacionadas con Guillermo, "Billy", Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo y el exdirectivo de la Cooperativa, Víctor Manuel Garcés Rojo.
"Se han bloqueado las cuentas personales de altos directivos de la Cooperativa Cruz Azul por detectar movimientos inusuales en el sistema financiero. Las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la Cooperativa, así como del Club Deportivo Cruz Azul están libres con el objetivo de salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las diversas empresas de la Cooperativa" se informó desde la UIF.
Según registros judiciales, tanto "Billy" Álvarez, su hermano Alfredo y Víctor Manuel Garcés Rojo fueron denunciados por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada. El monto del desvío, durante siete años, suma más de mil 200 mdp, dinero ubicado en España y Estados Unidos. Además de la compra de seis viviendas.
Desde abril, Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, presentó una demanda de amparo ante un juzgado federal contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido librada en su contra por autoridades del fuero común o federal.
El juez Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, suspendió provisionalmente cualquier mandamiento privativo de libertad contra el directivo, en caso de existir, señala la lista de acuerdos.
Además el juzgador le fijó el pago de una garantía de 5 mil pesos para que se mantenga vigente la suspensión provisional, en tanto las autoridades ministeriales y judiciales entregan al Poder Judicial Federal sus informes para aclarar si ha sido o no librada una orden de captura en su contra.
