De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 98.3 por ciento de la población de 18 años o más identificó en 2021 algún tipo de problema en su ciudad, siendo los baches y avenidas el de mayor frecuencia a nivel nacional con 79.7 por ciento, seguido del alumbrado público insuficiente con 54.8 por ciento.
El Banco Mundial destaca que la inseguridad y la violencia urbana son provocadas, entre otros factores, por limitada e inadecuada infraestructura urbana, y la falta de alumbrado público o avenidas angostas.
Un estudio de Urban Labs arrojó cifras sobre el uso de potentes reflectores en desarrollos de vivienda social, asignados aleatoriamente en la ciudad de Nueva York, donde se demostró que el uso de torres de luz de alta intensidad redujo el crimen en por lo menos 36 por ciento.
Otra prueba contundente de que la escasa iluminación tiene efectos en los delitos callejeros proviene de un experimento de Doleac y Sanders (2015) que estudia la variación de la iluminación inducida por el horario de verano, y donde se encontraron pruebas de que el horario de verano reduce la delincuencia, en particular los robos.
Israel Vega, vocero de la empresa Dianming México, especializada en luminarias Led, aseguró a El Sol de México que aunque una de las principales razones para seleccionar lámparas led, es el ahorro de energía eléctrica, otro aspecto de gran relevancia es la seguridad que los espacios bien iluminados brindan dentro de las comunidades.
En México, el servicio de alumbrado público es prestado por las 2 mil 458 autoridades municipales. Se estima que existen 10 millones de sistemas de alumbrado público instalados en los municipios, los cuales requieren el equivalente al 2.25 por ciento del consumo de energía eléctrica nacional.
El costo de proveer el servicio de alumbrado público a los municipios oscila entre el 5 y el 10 por ciento de su gasto corriente. Este servicio, por lo general, presiona las finanzas de los municipios, convirtiéndose en el primer o segundo gasto más importante que tienen, después del personal y otros servicios.
De acuerdo con cifras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 2017 el consumo de energía eléctrica en alumbrado público representó 4,496 GWh, lo que equivale al 2.25 por ciento del consumo de energía eléctrica nacional. A partir del último pico, que fue en 2013 con 5,780 GWh, el consumo ha ido disminuyendo. Esto se le atribuye a la evolución del cambio tecnológico, instalación de luminarias led e incluso al uso de luminarias solares que no requieren de suministro de la red de la CFE.
Israel Vega agrega que es importante que los municipios busquen que las luminarias que se instalan cumplan con la certificación NOM 031, ideal para garantizar calidad y un mejor desempeño.
El experto agregó que “la tendencia es que aquellos sitios abandonados por la comunidad serán progresivamente ocupados por los delincuentes. Es por eso que se ha detectado que unos simples cambios en el entorno lograrán reducir las tasas de algunos delitos, algo tan sencillo como un mejor alumbrado público puede evitar la proliferación de la delincuencia y sus costos asociados”.
En este mismo escenario vale la pena recordar la teoría de las ventanas rotas, que pronostica que ciertos deterioros en el ambiente generan una sensación de que la ley no existe en ese entorno. Por esta razón, en un escenario en el que no hay normas y es más probable que se produzcan conductas de vandalismo.
El especialista concluyó que, como es bien sabido por las autoridades, “la incorporación de los sistemas de alumbrado público requiere de arreglos técnicos y financieros que involucran definiciones sobre aspectos que van más allá de un cambio de luminarias y que abarcan lo que se considera un “sistema de sistemas” que involucra elementos aislados (como las luminarias y los sensores), la infraestructura física, sistemas de comunicación, sistemas para manejo de grandes bases de datos y sistemas de procesamiento de información y despliegue de información a operadores y ciudadanos”.
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