El paquete económico 2018, que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión, es responsable y congruente con la situación fiscal del país, estimó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
“En el sector privado celebramos que la propuesta sea un paso adelante para fortalecer las finanzas públicas. Después de años de crecimiento en sus niveles de endeudamiento, México necesita garantizar la estabilidad macroeconómica”, argumentó.
En la publicación “La Voz del CCE”, destacó que la propuesta de superávit primario de 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018 contribuirá a alcanzar ese objetivo, y permitirá que la perspectiva estable de calificadoras como Moody’s y Fitch se mantenga, y que eventualmente Standard & Poors modifique su perspectiva negativa hacia positiva.
El dirigente de la máxima cúpula empresarial del país afirmó que solo con estabilidad macroeconómica se puede esperar que la inflación regrese a la meta de 3.0% del Banco de México (Banxico), tener una moneda estable y disminuya la volatilidad financiera.
Así, dijo, solo una economía estable permitirá preservar y fortalecer el ingreso de las familias mexicanas, fomentar la inversión productiva y generar nuevos y mejores empleos para los mexicanos.
“Hay que tenerlo claro: la única ruta al crecimiento económico pasa por la responsabilidad fiscal”, expresó Castañón, pero precisó que si bien la estabilidad es indispensable, también es insuficiente para generar crecimiento económico.
Señaló que el gasto público debe propiciar el crecimiento, la productividad y la generación de empleo, y ante ello, el ajuste propuesto de 28 mil millones de pesos al gasto en ramos administrativos debe dirigirse a reducir el gasto corriente, pero en ningún modo limitar el de inversión.
En materia tributaria, el objetivo debe ser fortalecer la eficiencia recaudatoria, para no modificar la carga fiscal, recomendó el presidente del CCE.
En su opinión, existe el reto de incorporar políticas fiscales que promuevan el empleo, la inversión y la simplificación administrativa, como serían eliminar las actuales medidas fiscales que gravan el pago de prestaciones sociales a los trabajadores, sobregravan los rendimientos de la inversión de las empresas o facultan a la autoridad para solicitar información redundante.
Sostuvo, que se debe priorizar el fomento a la actividad productiva, porque solo con una economía más dinámica se construirá una sociedad con mayor bienestar. “Necesitamos que se invierta en infraestructura, que se mejoren los servicios públicos y se fortalezca la eficiencia recaudatoria para no elevar la carga fiscal en 2018”, aconsejó.
