/ viernes 24 de junio de 2016

Gobernador de Puerto Rico envía cartas para pedir apoyo a senadores de EU

  • Se expone la precaria situación económica por la que atraviesa Puerto Rico, en recesión desde hace ya una década y con una crisis de liquidez que le ha llevado a tener que dejar de pagar sus obligaciones crediticias

SAN JUAN, Puerto Rico. (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, envió cartas al centenar de senadores de Estados Unidos (EU) para solicitarles su apoyo al proyecto conocido como “Promesa” e instarles a aprobarlo antes de fin de mes, lo que le evitaría a su Gobierno una lluvia de demandas por impago de deuda.

“El primero de julio vencen más de mil millones en obligaciones generales y bonos garantizados del Estado Libre Asociado”, recuerda en sus misivas el gobernador puertorriqueño, que en estos días se encuentra en Washington.

Sin embargo, añade, “el Gobierno no cuenta con los recursos para cumplir con ese pago sin afectar el ofrecimiento de servicios esenciales como el pago de nómina de policías, médicos, enfermeras, maestros y otros empleados públicos”.

En la carta se expone la precaria situación económica por la que atraviesa Puerto Rico, en recesión desde hace ya una década y con una crisis de liquidez que le ha llevado a tener que dejar de pagar sus obligaciones crediticias.

En este contexto, un estudio elaborado por el Centro Mercatus de la Universidad George Mason enfatiza que Puerto Rico es el Estado de la Unión Americana con peor salud fiscal, y confirma la crisis de liquidez que sufre la isla caribeña, misma que le ha llevado a tener que dejar de pagar su deuda.

Esta es la primera vez que dicha universidad del Estado de Virginia incluye a Puerto Rico en su informe anual, que parte de datos auditados de 2015 de todos los estados de EU sobre deudas de corto y largo plazo, y otras obligaciones fiscales, como beneficios de salud y pensiones sin fondos asignados. Entre tanto, el mandatario boricua explica en la misiva cómo empeorará la situación si el Gobierno estadunidense no provee a la isla las herramientas necesarias para la reestructuración de su deuda antes del próximo vencimiento.

Puerto Rico está excluido desde 1984 del amparo de la Ley federal de Quiebras y el Tribunal Supremo de EU ha anulado, por inconstitucional, una ley similar que el Gobierno local elaboró para facilitar una vía que permitiera a sus empresas públicas y municipios declararse en bancarrota bajo una supervisión judicial.

Estas cartas forman parte de los esfuerzos que la Administración de García Padilla está llevando a cabo para tratar de lograr que el proyecto “Promesa”, que ya cuenta con el aval de la Cámara federal de Representantes, sea aprobado antes del primero de julio.

Aunque este proyecto establece la imposición de una junta federal de control sobre el Gobierno local, para el Ejecutivo boricua se trata de “la única alternativa capaz de proteger a Puerto Rico de litigios con los acreedores y encaminarlo hacia su recuperación económica”.

En cuanto al estudio del Centro Mercatus, cabe destacar que éste considera cinco categorías, entre ellas el efectivo en caja, que en el caso de Puerto Rico solo supone entre el 32 y el 77 por ciento de la cantidad que necesita para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

Otras categorías son la solvencia de los ingresos presupuestados, que en el caso de Puerto Rico solo cubren el 88 por ciento de los gastos, lo que supone un déficit de 715 dólares per cápita, y la deuda a largo plazo, que en la isla asciende según sus datos a 72.270 millones de dólares.

La cuarta categoría es la solvencia a nivel de servicios, un ámbito en el que se deduce que “Puerto Rico no tiene discreción para atender aumentos en la demanda de servicios por parte de sus constituyentes”.

“En otras palabras, las finanzas del estado se encuentran en una situación tan precaria que existe poca flexibilidad para aumentar contribuciones o allegar fondos adicionales al fisco para poder cumplir con la prestación de servicios al ciudadano”, se asegura en el informe.

La quinta categoría hace referencia a la solvencia de los fondos fiduciarios, un apartado en el que se pone de manifiesto que las obligaciones sin fondos recurrentes son 1.85 veces mayores que el total de ingresos personales.

  • Se expone la precaria situación económica por la que atraviesa Puerto Rico, en recesión desde hace ya una década y con una crisis de liquidez que le ha llevado a tener que dejar de pagar sus obligaciones crediticias

SAN JUAN, Puerto Rico. (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, envió cartas al centenar de senadores de Estados Unidos (EU) para solicitarles su apoyo al proyecto conocido como “Promesa” e instarles a aprobarlo antes de fin de mes, lo que le evitaría a su Gobierno una lluvia de demandas por impago de deuda.

“El primero de julio vencen más de mil millones en obligaciones generales y bonos garantizados del Estado Libre Asociado”, recuerda en sus misivas el gobernador puertorriqueño, que en estos días se encuentra en Washington.

Sin embargo, añade, “el Gobierno no cuenta con los recursos para cumplir con ese pago sin afectar el ofrecimiento de servicios esenciales como el pago de nómina de policías, médicos, enfermeras, maestros y otros empleados públicos”.

En la carta se expone la precaria situación económica por la que atraviesa Puerto Rico, en recesión desde hace ya una década y con una crisis de liquidez que le ha llevado a tener que dejar de pagar sus obligaciones crediticias.

En este contexto, un estudio elaborado por el Centro Mercatus de la Universidad George Mason enfatiza que Puerto Rico es el Estado de la Unión Americana con peor salud fiscal, y confirma la crisis de liquidez que sufre la isla caribeña, misma que le ha llevado a tener que dejar de pagar su deuda.

Esta es la primera vez que dicha universidad del Estado de Virginia incluye a Puerto Rico en su informe anual, que parte de datos auditados de 2015 de todos los estados de EU sobre deudas de corto y largo plazo, y otras obligaciones fiscales, como beneficios de salud y pensiones sin fondos asignados. Entre tanto, el mandatario boricua explica en la misiva cómo empeorará la situación si el Gobierno estadunidense no provee a la isla las herramientas necesarias para la reestructuración de su deuda antes del próximo vencimiento.

Puerto Rico está excluido desde 1984 del amparo de la Ley federal de Quiebras y el Tribunal Supremo de EU ha anulado, por inconstitucional, una ley similar que el Gobierno local elaboró para facilitar una vía que permitiera a sus empresas públicas y municipios declararse en bancarrota bajo una supervisión judicial.

Estas cartas forman parte de los esfuerzos que la Administración de García Padilla está llevando a cabo para tratar de lograr que el proyecto “Promesa”, que ya cuenta con el aval de la Cámara federal de Representantes, sea aprobado antes del primero de julio.

Aunque este proyecto establece la imposición de una junta federal de control sobre el Gobierno local, para el Ejecutivo boricua se trata de “la única alternativa capaz de proteger a Puerto Rico de litigios con los acreedores y encaminarlo hacia su recuperación económica”.

En cuanto al estudio del Centro Mercatus, cabe destacar que éste considera cinco categorías, entre ellas el efectivo en caja, que en el caso de Puerto Rico solo supone entre el 32 y el 77 por ciento de la cantidad que necesita para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

Otras categorías son la solvencia de los ingresos presupuestados, que en el caso de Puerto Rico solo cubren el 88 por ciento de los gastos, lo que supone un déficit de 715 dólares per cápita, y la deuda a largo plazo, que en la isla asciende según sus datos a 72.270 millones de dólares.

La cuarta categoría es la solvencia a nivel de servicios, un ámbito en el que se deduce que “Puerto Rico no tiene discreción para atender aumentos en la demanda de servicios por parte de sus constituyentes”.

“En otras palabras, las finanzas del estado se encuentran en una situación tan precaria que existe poca flexibilidad para aumentar contribuciones o allegar fondos adicionales al fisco para poder cumplir con la prestación de servicios al ciudadano”, se asegura en el informe.

La quinta categoría hace referencia a la solvencia de los fondos fiduciarios, un apartado en el que se pone de manifiesto que las obligaciones sin fondos recurrentes son 1.85 veces mayores que el total de ingresos personales.