Los adeudos de distintas empresas con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sumaron alrededor de tres mil 800 millones de pesos al cierre de 2022.
Aeromar e Interjet, aerolíneas que dejaron de volar en lo que va de esta administración, son las que tienen el mayor monto de deuda con la terminal capitalina, de más de 500 y mil 100 millones de pesos, respectivamente.
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De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso El Sol de México, de la deuda de Aeromar con el AICM, casi 85 por ciento corresponde la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que es el impuesto que los usuarios pagan al momento de comprar un boleto de avión, por el uso de una terminal.
Los adeudos corresponden a servicios como mantenimiento y administración, ingresos a zona federal, revisión de equipaje y energía eléctrica, entre otros.
El documento señala a unas 120 empresas de distintos ramos, como son aerolíneas, helicópteros, renta de autos, tiendas comerciales y casas de cambio, entre otras, que deben distintos montos al AICM por dichos servicios prestados entre 2010 y 2022. Este miércoles venció el plazo para que Aeromar liquidara el adeudo que tenía con el aeropuerto capitalino, cosa que no ocurrió dado que la empresa anunció el cese de operaciones por problemas financieros.
Son alrededor de siete mil millones de pesos lo que suman los compromisos de la aerolínea con diversos acreedores, entre ellos Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), empresa estatal que, entre otras funciones, se dedica a surtir de combustible a las empresas del sector. Derivado de los más de 74 millones de pesos que la empresa debía a ASA, la paraestatal le suspendió el suministro de turbosina, tal como sucedió con Interjet a finales de 2020.
Estalla la huelga
El AICM vivió este jueves el estallido de una nueva huelga en el sector aeronáutico, la segunda en 26 meses tras registrarse la de los trabajadores de Interjet en enero de 2021. A las 18:00 horas de este jueves, los empleados de tierra y aire de Aeromar colgaron banderas rojinegras en los módulos de la aerolínea de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino.
El secretario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Humberto Gual, indicó que ya se hizo un embargo precautorio de los bienes de la empresa, los cuales buscarán enajenar y vender para liquidar a los trabajadores de la empresa. Dijo que son alrededor de 700 empleados contando a personal que no tenía contrato colectivo, como son de limpieza o del estacionamiento, quienes fueron afectados por el cese de operaciones de la aerolínea este miércoles.
“A diferencia de otras huelgas en el país, esta atiende al cese de operaciones de Aeromar (...) Por más de cuatro años estuvimos resistiendo a pagos incompletos de salario que terminaron en esto”, comentó el secretario de ASPA.
El representante sindical responsabilizó al dueño de Aeromar, Zvi Katz, del quiebre de la compañía y lo acusó de huir de México con el dinero de trabajadores y usuarios. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cerca de cinco mil pasajeros tenían boleto para volar con la aerolínea entre el 15 de febrero y noviembre de este año.
Pero Gual también señaló a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de no haber cumplido con su mandato legal de vigilar el cumplimiento de la aerolínea con la legislación vigente.
“¿Cuántas aerolíneas más tienen que quebrar, cuántas familias más deben quedarse sin sustento para tener una autoridad aeronáutica competente?”, cuestionó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matinal que la empresa fue mal administrada y que, como en otros casos, los dueños salieron impunes tras huir del país para no enfrentar su responsabilidad administrativa. El mandatario reconoció que el rescate financiero de la aerolínea resultó inviable y que tras proteger a los trabajadores se procederá a interponer denuncias contra los dueños por los adeudos.
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Por su parte, la brasileña Nella Airlines Group confirmó que buscaba rescatar a Aeromar por medio de una inversión, negociación que quedó estancada por falta de acuerdos con los directivos.
Los organismos gremiales, en tanto, dieron a conocer que se acercarán a la Cámara de Diputados para plantear una nueva legislación en el sector que obligue a las empresas a crear un fondo para que los trabajadores queden protegidos en caso de quiebra o cese de operaciones.
