/ miércoles 11 de agosto de 2021

Birmex, Insabi, Marina, SFP y Diconsa dominan adjudicaciones directas: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó que cinco entidades federales utilizan las adjudicaciones directas como la regla de contratación.

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las Secretarías de Marina y de la Función Pública, y Diconsa entregaron al menos siete de cada 10 pesos de su gasto en adjudicaciones del año pasado, un mecanismo que propicia la corrupción, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

De acuerdo con una investigación del instituto, Birmex fue la que más abusó de este esquema. La empresa estatal asignó 98 por ciento del monto destinado a compras públicas en año pasado por el procedimiento de adjudicación directa, lo que equivale más de tres mil 800 millones de pesos.

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Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del IMCO, señaló a El Sol de México que los resultados de la pesquisa dejan ver claramente que la Administración Pública Federal ignora lo que marca la ley respecto a que la licitación pública debe ser la regla general en las contrataciones.

De acuerdo con el organismo, las adjudicaciones directas implican mayor susceptibilidad a la corrupción y representa una barrera a la competencia en las compras públicas.

El estudio señala que el Insabi destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, lo que equivale a tres cuartas partes del monto total ejercido por la institución para este rubro en 2020.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó que cinco entidades federales utilizan las adjudicaciones directas como la regla de contratación. | Foto Imco

La Secretaría de Marina evitó los concursos públicos el año pasado al entregar directamente contratos por mil 900 millones de pesos, equivalente a 72 por ciento de su gasto, y prácticamente el resto lo otorgó en mecanismos con invitación restringida.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública, dependencia encargada de perseguir la corrupción en el gobierno federal, también se decantó por este mecanismo ya que solo uno de cada 10 pesos de sus compras se ejerció a través de una licitación pública.

Pablo Montes añadió que el comportamiento de estas instancias es contrario al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la corrupción.

El Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno señala la prohibición de las adjudicaciones directas como una manera de erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.

Sin embargo, datos recogidos por el IMCO señalan que la proporción de contratos del gobierno federal asignados de forma directa a empresas se ha mantenido en 80 por ciento en promedio desde 2013, pero el monto ha venido al alza.

“Lo que ha cambiado es el monto, ahora se está destinando más dinero. En el sexenio pasado el monto de contrataciones por adjudicación directa rondaba entre 30 y 35 por ciento, para 2019 creció a 38.9 por ciento y el año pasado llegó a 43.3 por ciento. Es la primera vez que se gasta más en adjudicaciones directas que en licitaciones públicas”, refirió.

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El Imco señaló a Diconsa en este grupo de dependencias, ya que adjudicó sólo cuatro por ciento de su gasto en 2020 a través de licitaciones.

“A pesar de las recomendaciones, compromisos y del discurso, vemos que la tendencia del gobierno va al lado contrario”, comentó Montes.

En abril de 2019, el presidente López Obrador justificó las adjudicaciones directas en su gobierno como una forma de acabar con la simulación y la corrupción.

“Yo prefiero que se cuide a quién se le van a dar los contratos, porque uno de los problemas que se presentan, que eran común en las pasadas administraciones, es que se abrían las licitaciones en apariencia, se descalificaba con argucias a los que no convenían y se le daba al que quería el gobierno el contrato”, dijo entonces el mandatario.

El especialista del Imco concluyó que este argumento no justifica los contratos directos ya que habla más de una mala planeación y que en términos de austeridad, la otra bandera del gobierno, con este mecanismo normalmente se paga más por cosas de menor calidad.




Te recomendamos el podcast ⬇️

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Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las Secretarías de Marina y de la Función Pública, y Diconsa entregaron al menos siete de cada 10 pesos de su gasto en adjudicaciones del año pasado, un mecanismo que propicia la corrupción, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

De acuerdo con una investigación del instituto, Birmex fue la que más abusó de este esquema. La empresa estatal asignó 98 por ciento del monto destinado a compras públicas en año pasado por el procedimiento de adjudicación directa, lo que equivale más de tres mil 800 millones de pesos.

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Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del IMCO, señaló a El Sol de México que los resultados de la pesquisa dejan ver claramente que la Administración Pública Federal ignora lo que marca la ley respecto a que la licitación pública debe ser la regla general en las contrataciones.

De acuerdo con el organismo, las adjudicaciones directas implican mayor susceptibilidad a la corrupción y representa una barrera a la competencia en las compras públicas.

El estudio señala que el Insabi destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, lo que equivale a tres cuartas partes del monto total ejercido por la institución para este rubro en 2020.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó que cinco entidades federales utilizan las adjudicaciones directas como la regla de contratación. | Foto Imco

La Secretaría de Marina evitó los concursos públicos el año pasado al entregar directamente contratos por mil 900 millones de pesos, equivalente a 72 por ciento de su gasto, y prácticamente el resto lo otorgó en mecanismos con invitación restringida.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública, dependencia encargada de perseguir la corrupción en el gobierno federal, también se decantó por este mecanismo ya que solo uno de cada 10 pesos de sus compras se ejerció a través de una licitación pública.

Pablo Montes añadió que el comportamiento de estas instancias es contrario al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la corrupción.

El Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno señala la prohibición de las adjudicaciones directas como una manera de erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.

Sin embargo, datos recogidos por el IMCO señalan que la proporción de contratos del gobierno federal asignados de forma directa a empresas se ha mantenido en 80 por ciento en promedio desde 2013, pero el monto ha venido al alza.

“Lo que ha cambiado es el monto, ahora se está destinando más dinero. En el sexenio pasado el monto de contrataciones por adjudicación directa rondaba entre 30 y 35 por ciento, para 2019 creció a 38.9 por ciento y el año pasado llegó a 43.3 por ciento. Es la primera vez que se gasta más en adjudicaciones directas que en licitaciones públicas”, refirió.

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El Imco señaló a Diconsa en este grupo de dependencias, ya que adjudicó sólo cuatro por ciento de su gasto en 2020 a través de licitaciones.

“A pesar de las recomendaciones, compromisos y del discurso, vemos que la tendencia del gobierno va al lado contrario”, comentó Montes.

En abril de 2019, el presidente López Obrador justificó las adjudicaciones directas en su gobierno como una forma de acabar con la simulación y la corrupción.

“Yo prefiero que se cuide a quién se le van a dar los contratos, porque uno de los problemas que se presentan, que eran común en las pasadas administraciones, es que se abrían las licitaciones en apariencia, se descalificaba con argucias a los que no convenían y se le daba al que quería el gobierno el contrato”, dijo entonces el mandatario.

El especialista del Imco concluyó que este argumento no justifica los contratos directos ya que habla más de una mala planeación y que en términos de austeridad, la otra bandera del gobierno, con este mecanismo normalmente se paga más por cosas de menor calidad.




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