/ jueves 25 de agosto de 2022

Función Pública veta a empresas del "cártel de la sangre" por siete años

Dichas empresas fueron parte e una investigación iniciada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2016

La Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó a las dependencias federales, empresas estatales y gobiernos locales a evitar contratos con empresas del llamado “cártel de la sangre”, laboratorios envueltos en una investigación por prácticas monopólicas en estudios de laboratorio y bancos de sangre.

En diversas circulares publicadas este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia inhabilitó a compañías como Valtrum e Impromed por siete años, esto con base, dijo, en disposiciones legales y aplicables de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Puedes leer también: IFT interpone controversia por omisiones de AMLO de proponer comisionados

Dichas empresas fueron parte de una investigación iniciada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2016 a un grupo de 15 competidores coludidos para obtener contratos millonarios en licitaciones del Sistema Nacional de Salud.

Las empresas del llamado “cártel de la sangre” incurrieron en prácticas monopólicas absolutas como la colusión, esto con el fin de obtener beneficios económicos a costa del mercado.

Derivado de la investigación, los laboratorios fueron emplazados en 2019 por el órgano antimonopolios del país para presentar pruebas y alegatos que les eximieran de dichos señalamientos.

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A casi tres años de comenzado el juicio contra estos agentes económicos, la SFP determinó la inhabilitación de los mismos como sanción administrativa.


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La Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó a las dependencias federales, empresas estatales y gobiernos locales a evitar contratos con empresas del llamado “cártel de la sangre”, laboratorios envueltos en una investigación por prácticas monopólicas en estudios de laboratorio y bancos de sangre.

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Las empresas del llamado “cártel de la sangre” incurrieron en prácticas monopólicas absolutas como la colusión, esto con el fin de obtener beneficios económicos a costa del mercado.

Derivado de la investigación, los laboratorios fueron emplazados en 2019 por el órgano antimonopolios del país para presentar pruebas y alegatos que les eximieran de dichos señalamientos.

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