La administración del expresidente Enrique Peña Nieto subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado, además en su sexenio la deuda creció 46%, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Con base en el estudio que el centro de investigación hizo de la Cuenta Pública del gobierno federal de 2013-2018, al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37 mil 837 pesos, y seis años después el monto subió a 66 mil pesos por persona.
El análisis concluye que en seis años, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto gastó en total un billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en su administración, es decir, una variación del 9.0%.
Esto porque estimó gastar 20.7 billones de pesos cuando en realidad erogó 22.5 billones de pesos, añadió el Instituto, al referir también que entre 2012 y 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 15.3%.
En el sexenio anterior, apuntó, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados no fueron confiables, pues las cuentas públicas no reflejan lo autorizado por los legisladores.
“No existió un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto”.
El IMCO afirmó que la administración pasada no cumplió con su presupuesto, ya que subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado.
Resaltó que subestimó sus ingresos de manera sistemática en los seis años, pues en el periodo 2013-2018, la administración tuvo un total de ingresos excedentes de dos billones 338 mil millones de pesos, en promedio, el sexenio mostró una variación en ingresos de 11% entre lo estimado y lo recaudado.
Comparó que este excedente equivale al saldo de la deuda conjunta de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las variaciones en los montos recaudados del sexenio anterior reflejan una deficiente estimación de los ingresos y en algunos casos el uso discrecional de los mismos, apuntó.
Además, la administración del expresidente Peña Nieto gastó más de lo presupuestado, con una variación de 9.0% durante su sexenio; mientras que de acuerdo con las buenas prácticas internacionales, una variación aceptable en el gasto es de más/menos 5.0%.
En el periodo 2013-2018, la Cámara de Diputados aprobó a las secretarías de Estado un gasto de seis billones 094 mil millones de pesos, sin embargo, al final erogaron siete billones 125 mil millones de pesos.
A su vez, entre 2013 y 2018, al Ramo 23, conformado por fondos destinados a cubrir funciones de gobierno, se le autorizaron 757 mil millones de pesos, este ramo ejerció en los hechos un gasto de un billón 371 mil millones de pesos, una variación del 81%.
Resaltó que, a pesar de que el gasto excedente en la mayoría de los rubros fue una constante en el sexenio, el Poder Ejecutivo dejó de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, 25% menos de lo aprobado.
El IMCO mencionó que la deuda adquirida por el Poder Ejecutivo de 2013-2018 fue de dos billones 930 mil millones de pesos.
En diciembre de 2012, el saldo de la deuda del gobierno federal era de cuatro billones 452 mil 986.5 millones de pesos y representaba 27.8% del PIB, y para diciembre de 2018, ésta ascendía a ocho billones 315 mil 863.8 millones de pesos, significando un 35.3% del Producto.
“Una correcta planeación no hubiera generado variaciones injustificadas”, aseveró el centro de investigación.
Ante ello, propuso reducir la discrecionalidad del uso de ingresos excedentes, ya que cuando los ingresos sobrepasan lo estimado hay incentivos para que el Ejecutivo asigne esos recursos de forma discrecional.
Se deben incorporar medidas de control para el destino de los recursos recaudados no estimados en la Ley de Ingresos, con el propósito de que se usen principalmente en gasto de capital o amortización de la deuda, anotó.
También sugirió limitar las variaciones de gasto, para lo cual es necesario que la legislación establezca restricciones a las ampliaciones de gasto en partidas no prioritarias, por ejemplo, en materiales, salarios, renta de oficinas, entre otros.
Así como otorgar mayor atribución a la Cámara de Diputados, pues se requiere contar con facultades incrementales en el gasto público, como la de requerir su autorización cuando el presupuesto total de los ramos rebase porcentajes determinados.
Los legisladores deben supervisar y, en su caso, detener las variaciones injustificadas que se presentan de forma sistemática, agregó el Instituto.
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