Aunque en 2019 la canasta básica incrementó de 23 productos alimenticios y de primera necesidad a 40, con la idea de establecer un umbral mínimo más realista para brindar seguridad alimentaria a los mexicanos, especialistas opinan que esta medida no asegura que la persona tenga una vida digna.
Miguel Ángel Barrios, coordinador de la licenciatura de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, considera que para avanzar en la calidad de vida en un entorno de modernidad habría que sumar a esa canasta otros bienes de consumo y servicios como el acceso a internet y transporte. Sólo de esa forma, dijo, “la canasta sería decorosa”.
En ello coincide Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, al considerar que se requiere construir un sistema de bienestar para las familias de menor ingreso en el país acorde al entorno de desarrollo, por lo que es indispensable incorporar el costo de internet, datos y celular, así como alternativas de entretenimiento.
Explicó que el segmento de la población que tiene ingresos para adquirir apenas la canasta básica sigue en un proceso de sobrevivencia más que de garantía alimentaria.
En gran medida porque quienes pueden cubrir los bienes indispensables de salud y educación son los que cuentan con un trabajo formal, no así quienes laboran en la informalidad.
“Lo deseable es tener una investigación que lleve a definir una propuesta de canasta digna para que la gente pueda vivir con dignidad”.
La canasta básica es una medida que implica el mínimo de alimentos que necesita una familia para no caer en necesidad alimentaria. Además de productos alimenticios incluye otros de limpieza e higiene personal.
Los alimentos que contempla la canasta básica son: maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de maíz, aceite vegetal, atún, sardina, leche, chiles envasados, café soluble, sal de mesa, avena, pasta para sopa, harina de trigo, chocolate, galletas marías, lentejas, carne de res, carne de puerco, carne de pollo, tostadas, pan de caja y de dulce, huevo fresco y pescado seco.
También agua purificada, golosina de amaranto y cacahuate, puré de tomate envasado, frutas deshidratadas, jamaica y tamarindo naturales, concentrados sin azúcar para la elaboración de bebidas, gelatina, garbanzos o chícharos y el cuadro básico de frutas y verduras.
En los productos no alimentarios incluye jabón de lavandería, jabón de tocador, papel higiénico, detergente en polvo, crema dental y pilas.
Hasta ahora, agrega Gómez Hermosillo, la canasta básica se usa más como una medida de medición de la pobreza en nuestro país.
Medidas contra la inflación
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el costo de la canasta básica (de 23 productos) en zonas urbanas se incrementó en más de 303 pesos desde diciembre de 2019 a diciembre de 2021. En los primeros tres meses de este año los mismos productos aumentaron 73 pesos, es decir, una cuarta parte de lo que ocurrió en los últimos tres años.
Mientras en diciembre de 2019 el costo de esos alimentos se estimó en mil 598.52 pesos, para diciembre de 2021 fue de mil 901.66 pesos. Y en marzo de este año obtener esos productos significaba un pago de mil 974.57 pesos.
En su más reciente reporte de pobreza, al tercer trimestre de 2021, el Coneval dio a conocer que 49.7 millones de mexicanos no contaban con los recursos necesarios para adquirir los productos de la canasta básica.
La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reportó el mes pasado que hasta la primera quincena de febrero productos como la tortilla, limón, lechuga, manzana, tomate, aguacate, carne y gas encarecieron sus precios.
A decir del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, los alimentos con mayores incrementos en el último año fueron el limón (166.81 por ciento), la cebolla (112.11 por ciento), el aguacate (83.19 por ciento), el gas doméstico natural (24.53 por ciento), la carne de res (17.36 por ciento), la gasolina de alto octanaje (12.82 por ciento), el pescado (12.01 por ciento), el pollo (11.74 por ciento), plátanos (12.40 por ciento), huevo (8.30 por ciento) y la electricidad (6.89 por ciento).
Las entidades que reportan los mayores incrementos en estos productos hasta febrero son Zacatecas, Campeche, Oaxaca, Nuevo León, Durango, Tlaxcala, Coahuila y Baja California.
Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, refiere que el incremento no es sólo consecuencia de la guerra en Ucrania (que impactó en el precio de granos y sus derivados), sino también del efecto del cambio climático que afecta el valor de frutas y verduras.
Dice que para que la población más vulnerable pueda tener acceso a los alimentos básicos, y el incremento no recaiga en su nivel de consumo, se requiere que el Estado diseñe estrategias de compensación “mientras dure la emergencia”.
Recuerda que en el pasado México desarrolló acciones para hacer frente a condiciones semejantes, como en 2008 y 2009, cuando se hicieron ajustes a las transferencias del programa Oportunidades a los hogares más pobres.
Para hacer frente a la actual situación “se requiere reenfocar los programas, revisar los padrones y registros, así como elevar la transferencia a quienes lo requieren y aliviar de esa forma el impacto inflacionario”.
También sugirió que la autoridad ponga especial atención a lo que ocurre en los grandes centros de concentración de mercados, como las centrales de abasto, en donde se pudiera generar una manipulación de los precios.
“Fortalecer la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ante la posibilidad de acuerdos ilícitos debe ser una herramienta, pero si vemos lo que ocurre en esa institución observamos que le falta elegir a tres de sus comisionados para que pueda hacer frente a esa manipulación de precios”, ya sea en el mercado o entre quienes intervienen en la cadena de intermediarios.
Miguel Ángel Barrios coincide en fortalecer a la Cofece para tener una institución vigilante del acaparamiento, donde el consumidor que es quien más sufre esa situación.
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El catedrático de la UAM considera que la llamada “economía del crimen” también impacta en los precios porque hay interrupción de las cadenas de producción y distribución como lo que ha ocurrido con los productores de aguacate en Michoacán, en donde la acción del crimen organizado afectó el precio de ese producto.
“Ahí el Estado es quien tiene la capacidad para escoltar a los productores en el traslado de sus mercancías, como ocurre en otros bienes que transitan por el país”, aseguró.
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