La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la red de abasto Diconsa, que distribuye alimentos en las zonas más pobres del área rural del país, ofreció alimentos caducados o en mal estado.
Se añadió ademas que hay un faltante de mercancía del inventario correspondiente a 2021, por lo que ahora se debe aclarar el ejercicio de mil 462 millones 111 mil 589.54 pesos.
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La Auditoría presentó también el resultado de una revisión de tipo “forense” es decir, un estudio detallado de lo que ocurre en esas tiendas rurales, determinó cuatro recomendaciones y se promovieron 15 acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria por las irregularidades registradas.
Se trata de acciones reportadas en la compra y venta de mercancías en tiendas comunitarias y puntos móviles que van desde la falta de la documentación justificativa y comprobatoria por 569 millones 849.4 mil pesos, correspondientes a las diferencias reportadas en el inventario y al mal estado de los productos existentes.
“Se identificaron mercancías caducadas, en mal estado y de nulo desplazamiento que se encuentran en los almacenes centrales y rurales de Diconsa por 56 millones 657.5 mil pesos” y a pesar de su detección no se produjo su baja, devolución, cambio, venta, recuperación, registro y/o acción legal por parte de Diconsa en prejuicio de los compradores", indicó la ASF.
De igual manera “no se aclaró ni se proporcionó documentación adicional justificativa y comprobatoria de tres mil 750 millones 441.2 mil pesos, por concepto de la recepción del maíz y frijol adquirido con Seguridad Alimentaria Mexicana en 30 unidades operativas de Diconsa al 31 de diciembre de 2021”.
Asimismo, falta documentación que respalde la asignación de 67 millones 485 mil pesos asignados a cuatro mil 321 tiendas identificadas como de “baja rentabilidad” y que se destinaron para alentar o apoyar esos espacios de comercialización.
Se desconoce también el destino de recursos a las empresas Productora Agrimex y Rapax por un total de 35 millones 930.6 mil pesos y un millón 767.8 miles de pesos, respectivamente, que prestaron servicios a Diconsa.
En la auditoría correspondiente al desempeño se encontraron irregularidades en cuanto a la calidad de productos que se adquieren para su posterior venta en los puntos más pobres del país, además de que se debe conciliar el inventario con lo que se está solicitando a los proveedores, entre otras.
La ASF pidió establecer mecanismos de control 60 productos en los que se tuvo duda de la calidad de los mismos y que integran la canasta básica.
El informe detalla que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha identificado que “en Diconsa persisten deficiencias operativas relacionadas con la administración de riesgos, la cobertura del programa, la confiabilidad y claridad de la información financiera, el manejo de inventarios y la contribución del programa que, de continuar, seguirán limitando el cumplimiento del objetivo del Programa de Abasto Rural".
En una tercera revisión para analizar las condiciones de comercialización, se encontró que durante 2021 se abrieron 370 nuevas tiendas, pero sólo se presentaron las actas de 112 asambleas con igual número de solicitudes, mientras que al mismo tiempo se promovió el cierre de 806 tiendas.
En total operaron tres mil 600 Unidades de Servicio a la Comunidad (USC) o tiendas que ofrecieron además del abasto, venta de verduras, frutas y carne, telefonía, correo, entre otras actividades. Ello significa un decrecimiento medio anual de 31.8 por ciento, al pasar de 24 mil 331 en 2016 a tres mil 600 en 2021 (24 mil 425 fijas y el resto móviles).
Ese número de tiendas se ubicaron en 22 mil 279 localidades con la atención a 51 millones 373 mil 564 habitantes a los que se acercó la canasta básica con un margen de ahorro de 19.6 por ciento. Eso significó una cobertura de apenas 52.8 por ciento de la población objetivo, en tanto que las ventas promedio por tienda fue de 442 mil 900 pesos.
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De ahí que la Auditoría pidió a Diconsa “fortalecer sus procesos de comercialización a fin de potenciar sus beneficios sociales para la población en localidades de alta o muy alta marginación”
