La crisis económica derivada de la pandemia por coronavirus y la reducción de los precios internacionales de los hidrocarburos obligaron a la Secretaría de Economía (SE) a replantear las estrategias que delinean la política nacional de las industrias eléctrica y de hidrocarburos y aplazar su entrega hasta septiembre.
Las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y de la inversión directa en estas industrias es una obligación de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético (UCN), de la SE, y se tenía previsto publicarlas durante el pasado mes de abril.
De acuerdo con su informe sobre los avances en la implementación de estas estrategias, la UCN afirma que “con conciencia y atención a la nueva realidad económica” diseñará nuevas acciones que promuevan la industria eléctrica y de hidrocarburos, a la formación y fortalecimiento de las cadenas productivas, así como a la identificación de la demanda potencial y la caracterización de la oferta actual.
El contenido nacional será un componente relevante en la nueva política industrial que impulsa la SE y por el cual pretende crear las condiciones para construir una proveeduría local y competitiva a mediano y largo plazo.
“El hecho que no exista un porcentaje mínimo de cumplimiento en contenido nacional en la industria eléctrica, y la carencia de un marco normativo y de medición de amplio, impone un mayor desafío para desarrollar una política de contenido nacional y fomento de proveeduría, así como mayores retos para propiciar la inversión en la cadena de valor del sector”, contempla para la industria eléctrica, en la cual proyecta elaborar un mecanismo de incentivos para promover mayor contenido nacional en la generación de electricidad.
Para los hidrocarburos, la SE emitió dos acuerdos para robustecer esta cuestión. El primero, para habilitar a la UCN para llevar a cabo mediciones y, el segundo, referente a la verificación del contenido nacional. Ello, para brindar certidumbre jurídica a los asignatarios, contratistas y permisionarios sobre sus derechos y obligaciones, y su proceder ante la autoridad y de las actividades que éstos realicen en la industria.
Un elemento fundamental será el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética (PIE), donde destacarán esquemas de apoyo (técnico y financiero) para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector energético y la actualización del marco jurídico, en el que se impulsa un esquema de apoyo técnico a través de “organismos canalizadores” como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En la construcción de las nuevas estrategias para el fomento, la SE definió siete capítulos a desarrollar en dichas acciones: diagnóstico, actores de la industria involucrados, identificación de la demanda potencial de bienes y servicios, caracterización de la oferta, definición de una población objetivo, programas de apoyo y colaboración y finalmente Objetivos generales, específicos y líneas de acción.
Para los hidrocarburos se delinean dos convenios, uno con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y otro con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). El primero promueve el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
Con el segundo se busca identificar bienes y servicios vinculados con la normativa de la ASEA y que sean factibles de ser provistos por pymes nacionales, en el ámbito de seguridad, salud y medio ambiente.
A fin de identificar oportunidades de inversión, la SE desagregará con el mayor detalle posible sus programas de inversión, así como su calendarización, y advierte algunos posibles escenarios de los impactos esperados en las inversiones, debido a los ajustes en los portafolios de proyectos de las empresas por la contingencia sanitaria.
“La estrategia para el fomento de la inversión directa tendrá como principal enfoque el desarrollo de las pymes, tomando en consideración, actores involucrados, demanda potencial de bienes y servicios enfocada en las Empresas Productivas del Estado, la caracterización de la oferta actual, los programas de apoyo y colaboración, entre otros”, señala el documento.
También proyecta alianzas estratégicas con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), así como con agencias de cooperación internacional de otros países como la alemana, "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" (GIZ) y la japonesa, “Japan Internacional Cooperation Agency” (JICA), para fortalecer el fomento a la inversión en bienes y servicios de la cadena de proveeduría.
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Señaló que la culminación de las estrategias permitirá claridad de los retos y objetivos que se plantearán en su rediseño como: el desarrollo de las cadenas prioritarias; promoción de la demanda y vinculación con la oferta; fortalecimiento de empresas; fomento de la transferencia de tecnología e empresas nacionales y el escalamiento de la industria; promoción de la adopción de estándares internacionales; reforzamiento de habilidades de recursos humanos; vinculación de actores y alineación de esfuerzos; y, promoción de asociaciones estratégicas entre empresas nacionales y extranjeras.
El documento de las estrategias se presentará en septiembre, durante la segunda reunión ordinaria de 2020 de los Consejos Consultivos para el Fomento a las Industrias Eléctrica y de Hidrocarburos, a fin de ser revisada y modificada para su posterior publicación.
“Posterior a su emisión, la tarea de la UCN será coordinar los esfuerzos para impulsar las líneas de acción establecidas en las Estrategias y dar seguimiento a su avance en el ámbito de sus atribuciones para alcanzar los objetivos estratégicos que éstas definan”, concluye el informe sobre la construcción de estos ejes.
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