La evidencia científica disponible no cumple con los criterios para clasificar al glifosato como cancerígeno por su toxicidad específica en órganos o como sustancia cancerígena, mutagénica o reprotóxica. Y está en línea con la opinión anterior del Comité de Evaluación de Riesgos de 2017.
Así lo precisa el Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas conformado por el Grupo de Evaluación sobre Glifosato -Suecia, Francia, Países Bajos y Hungría. Y ratifica que la clasificación actual de glifosato no cambia respecto a los criterios del reglamento de Clasificación, Etiquetado y Envasado de la Unión Europea.
Por tanto, se debe corregir el rumbo de la política agrícola del país que se centra en la prohibición del glifosato y limitar el uso de insumos clave para el campo como lo son los productos fitosanitarios, ante el grave riesgo de aumentar la inseguridad alimentaria.
Y debe considerar el Informe de la Agencia Europea de Sustancias Químicas que confirma que clasificar al glifosato como cancerígeno no está justificado.
La Industria de Protección de Cultivos exhorta a las autoridades sanitarias y ambientales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Semarnat y Cofepris a corregir el rumbo de la política tras la conclusión de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), que se sustenta en amplia revisión científica e independiente.
Esto es, una investigación libre de conflictos de interés, en una respuesta implícita a críticas usuales de activistas que descalifican los estudios científicos que contradicen sus opiniones sobre el glifosato.
El Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que conforman el Grupo de Evaluación sobre Glifosato-Suecia, Francia, Países Bajos y Hungría, ratifica que la clasificación actual de glifosato no cambia respecto a los criterios del Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Envasado de la Unión Europea.
El dictamen del Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas se publicará en su sitio web y se enviará a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a mediados de agosto.
Esta autoridad realizará la evaluación de riesgos que se prevé esté lista en julio de 2023, para que la Comisión Europea analice sus conclusiones.
De esta forma, la Comisión Europea presentará un informe de renovación y un proyecto de Reglamento a los Estados miembros sobre sí la aprobación del glifosato puede renovarse o no.
GOBIERNO DEBE CORREGIR SU POLITICA
Ante estas conclusiones de la ECHA, el ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), dijo que “el gobierno debe reevaluar y corregir su política de sustitución de glifosato, que es un insumo clave para la protección de cultivos”.
“Sobre todo en el momento tan crítico por los efectos de la guerra en Ucrania en la producción de alimentos a nivel mundial, así como por la imposición de una política que limita el acceso a la importación de productos fitosanitarios modernos, eficaces y avalados por estudios científicos por los prejuicios que se tienen contra la agroindustria”.
Señaló que como parte del paquete contra la inflación y la carestía que anunció el Jefe del Ejecutivo (PACIC), se planteó como objetivo central aumentar la producción de granos básicos.
Y esto solo se puede lograr si los agricultores disponen de los insumos y productos fitosanitarios que les garanticen la productividad que el país requiere.
Recordó el ingeniero González, que la FAO estima que sin la aplicación de herbicidas, como el glifosato, se pierden hasta el 40% de los cultivos.
“Por tanto, sí el gobierno quiere lograr la seguridad alimentaria del país, tiene que superar prejuicios de funcionarios que ven de manera romántica el autoconsumo y la producción artesanal de cultivos como la vía para lograr la autosuficiencia alimentaria”.
A su vez, Cristian García de Paz, director ejecutivo de PROCCYT, dio la voz de alerta sobre las consecuencias de políticas que se guían más por prejuicios o ideología y puso como ejemplo el caso de Sri Lanka “donde la repentina prohibición de productos fitosanitarios que funcionarios de gobierno etiquetaron de manera ideológica como agrotóxicos, generó una ola de protestas y disturbios en el campo.
Y esto ocasionó la drástica caída de la producción agrícola, al grado que el gobierno tuvo que corregir su política de tener solo una agricultura orgánica, porque finalmente entendió que la seguridad alimentaria del país estaba en riesgo.
