/ viernes 16 de abril de 2021

Empresas de Gin Group encabezan denuncias por outsourcing ilegal

De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, desde 2019 ha presentado 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales

Las empresas ligadas a Raúl Beyruti concentran dos terceras partes de las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir el outsourcing ilegal.

De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, desde 2019 ha presentado 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales, todos relacionados con esquemas de subcontratación ilegal.

De estas, dijo, ocho están relacionadas con empresas del grupo relacionado a Raúl Beyruti, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de lavado de dinero.

"Se presentaron ocho denuncias contra ese grupo en particular", apuntó.

Durante la firma de un convenio con la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), señaló que las denuncias se vinculan con prácticas de evasión y defraudación fiscal, generación de empresas fachada y factureras, así como violaciones a los derechos de los trabajadores como el acceso a la vivienda o la seguridad social.

Dijo que los expedientes se encuentran en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y en la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros y que las cuentas vinculadas han sido congeladas.

"Incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha hablado de pérdidas de 22 mil millones de pesos anuales en razón de estas prácticas de outsourcing ilegal. El Infonavit ha planteado que un trabajador promedio pierde entre ocho y 10 años para poder tener acceso a una vivienda a diferencia de las personas que se encuentran sindicalizados mediante los mecanismos de contratación laboral", apuntó.

Nieto Castillo aseguró que este tipo de prácticas "finalmente deben terminar", ya que recordó que el outsourcing ha generado evasión es tributarias por más de 354 mil millones, de acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

FIRMAN CONVENIO HISTÓRICO

Por su parte, el titular de la UIF, Santiago Nieto, firmó un convenio de colaboración con la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que dirige Napoleón Gómez Urrutia, a fin de prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita en las organizaciones sindicales.

Este acuerdo es el primero que se suscribe entre la UIF y alguna organización sindical, por lo que ambos personajes lo describieron como un convenio histórico.

"Así como nuestra organización se ha caracterizado por exigir el respeto irrestricto a los derechos laborales de las y los trabajadores también reconocemos nuestra obligación de rendir cuentas a nuestros agremiados es nuestra responsabilidad garantizar que los recursos sean utilizados para mejorar sus condiciones de vida y no se pierdan, no se oculten en ese intento", aseguró el senador Gómez Urrutia.

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Enfatizó que el convenio es "único en su tipo" porque ningún sindicato u organización laboral se ha comprometido con el gobierno a "garantizar la prevención de lavado de dinero en sus operaciones".

Sin embargo, añadió "espero que con el tiempo muchas organizaciones sindicales se sumen".

Santiago Nieto afirmó que con la transparencia sindical se busca tener un intercambio de información, mecanismos para alertar sobre comportamientos irregulares en las operaciones de las empresas, para identificar actividades que pudieran vincularse con temas de corrupción.

"Es importante generar políticas públicas de acompañamiento por parte de las instituciones del Estado mexicano para hacer realidad estos esfuerzos institucionales", afirmó.



Las empresas ligadas a Raúl Beyruti concentran dos terceras partes de las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir el outsourcing ilegal.

De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, desde 2019 ha presentado 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales, todos relacionados con esquemas de subcontratación ilegal.

De estas, dijo, ocho están relacionadas con empresas del grupo relacionado a Raúl Beyruti, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de lavado de dinero.

"Se presentaron ocho denuncias contra ese grupo en particular", apuntó.

Durante la firma de un convenio con la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), señaló que las denuncias se vinculan con prácticas de evasión y defraudación fiscal, generación de empresas fachada y factureras, así como violaciones a los derechos de los trabajadores como el acceso a la vivienda o la seguridad social.

Dijo que los expedientes se encuentran en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y en la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros y que las cuentas vinculadas han sido congeladas.

"Incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha hablado de pérdidas de 22 mil millones de pesos anuales en razón de estas prácticas de outsourcing ilegal. El Infonavit ha planteado que un trabajador promedio pierde entre ocho y 10 años para poder tener acceso a una vivienda a diferencia de las personas que se encuentran sindicalizados mediante los mecanismos de contratación laboral", apuntó.

Nieto Castillo aseguró que este tipo de prácticas "finalmente deben terminar", ya que recordó que el outsourcing ha generado evasión es tributarias por más de 354 mil millones, de acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

FIRMAN CONVENIO HISTÓRICO

Por su parte, el titular de la UIF, Santiago Nieto, firmó un convenio de colaboración con la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que dirige Napoleón Gómez Urrutia, a fin de prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita en las organizaciones sindicales.

Este acuerdo es el primero que se suscribe entre la UIF y alguna organización sindical, por lo que ambos personajes lo describieron como un convenio histórico.

"Así como nuestra organización se ha caracterizado por exigir el respeto irrestricto a los derechos laborales de las y los trabajadores también reconocemos nuestra obligación de rendir cuentas a nuestros agremiados es nuestra responsabilidad garantizar que los recursos sean utilizados para mejorar sus condiciones de vida y no se pierdan, no se oculten en ese intento", aseguró el senador Gómez Urrutia.

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Enfatizó que el convenio es "único en su tipo" porque ningún sindicato u organización laboral se ha comprometido con el gobierno a "garantizar la prevención de lavado de dinero en sus operaciones".

Sin embargo, añadió "espero que con el tiempo muchas organizaciones sindicales se sumen".

Santiago Nieto afirmó que con la transparencia sindical se busca tener un intercambio de información, mecanismos para alertar sobre comportamientos irregulares en las operaciones de las empresas, para identificar actividades que pudieran vincularse con temas de corrupción.

"Es importante generar políticas públicas de acompañamiento por parte de las instituciones del Estado mexicano para hacer realidad estos esfuerzos institucionales", afirmó.



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