/ lunes 25 de enero de 2021

Empresas globales amenazan con irse del país de no toparse el reparto de utilidades

El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales alertó que la propuesta actual para el reparto de utilidades pone en riesgo la reinversión de capital en el país

El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) advirtió que de no fijarse un tope al reparto de utilidades en la reforma al outsourcing podrían “tomar decisiones difíciles como reubicar parte de nuestras operaciones a otros países, lo que no queremos”.

El organismo que representa a más de 50 empresas internacionales con presencia en México, entre las que destacan American Express, Iberdrola, General Electric, DHL, Shell, Siemens y otras, advirtió que “no se está midiendo a cabalidad el impacto que esta iniciativa tiene sobre el empleo formal”.

Claudia Jañez Sánchez, presidenta del CEEG, alertó que la propuesta actual para el reparto de utilidades, fijado en 10 por ciento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pone en riesgo la reinversión de capital en el país, su capacidad de mantener los empleos y sus planes de inversión, que dijo se proyectan entre cinco y 10 años en el futuro.

Durante la mesa de discusión a esta reforma con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pidió topar el reparto de utilidades y excluir todas aquellas ganancias de las empresas que no están relacionadas de forma alguna con el trabajo y la productividad de los colaboradores, “por ejemplo, ingresos derivados de la venta de inmuebles, activos fijos, regalías, fluctuación cambiaria, intereses de préstamos otorgados y estímulos fiscales”.

Así mismo, solicitó mantener los servicios especializados dentro de un mismo grupo económico, al ser mecanismos internacionalmente reconocidos y ocupados por la mayoría de las empresas multinacionales.

En su oportunidad, Jorge Torres, presidente de la American Chamber México expresó que las preocupaciones de los empresarios que aglutina este organismo multinacional son su capacidad de seguir operando y compitiendo en México, donde “la falta de claridad y certeza sobre los cómos, los tiempos y los costos ponen en riesgo inversiones clave para dinamizar el mercado interno y mantener las cadenas de valor”.

Propuso un plazo de transición de al menos seis meses, ya que se”es indispensable para la adaptación de las empresas no solo del sector privado, sino de todas las dependencias del gobierno involucradas en los trámites obrero patronales”.

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Aparte, Fernando Alanis Ortega, presidente de la Cámara Minera de México señaló que mantener el reparto de utilidades como un porcentaje sobre la utilidad es equiparable a otra carga fiscal adicional para las empresas del sector, lo cual se suma dijo, a la alta carga que ya cuenta el sector y que lo hace menos atractivo en comparación con otros países.

“Se debe de relacionar el reparto de utilidades a factores de productividad de manera que los colaboradores continuen recibiendo este beneficio, pero que sea el resultado del esfuerzo y no de los buenos o males precios de los metales y como opción estaría el toparlo a un mes de salario mensual integrado”, apuntó.




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El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) advirtió que de no fijarse un tope al reparto de utilidades en la reforma al outsourcing podrían “tomar decisiones difíciles como reubicar parte de nuestras operaciones a otros países, lo que no queremos”.

El organismo que representa a más de 50 empresas internacionales con presencia en México, entre las que destacan American Express, Iberdrola, General Electric, DHL, Shell, Siemens y otras, advirtió que “no se está midiendo a cabalidad el impacto que esta iniciativa tiene sobre el empleo formal”.

Claudia Jañez Sánchez, presidenta del CEEG, alertó que la propuesta actual para el reparto de utilidades, fijado en 10 por ciento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pone en riesgo la reinversión de capital en el país, su capacidad de mantener los empleos y sus planes de inversión, que dijo se proyectan entre cinco y 10 años en el futuro.

Durante la mesa de discusión a esta reforma con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pidió topar el reparto de utilidades y excluir todas aquellas ganancias de las empresas que no están relacionadas de forma alguna con el trabajo y la productividad de los colaboradores, “por ejemplo, ingresos derivados de la venta de inmuebles, activos fijos, regalías, fluctuación cambiaria, intereses de préstamos otorgados y estímulos fiscales”.

Así mismo, solicitó mantener los servicios especializados dentro de un mismo grupo económico, al ser mecanismos internacionalmente reconocidos y ocupados por la mayoría de las empresas multinacionales.

En su oportunidad, Jorge Torres, presidente de la American Chamber México expresó que las preocupaciones de los empresarios que aglutina este organismo multinacional son su capacidad de seguir operando y compitiendo en México, donde “la falta de claridad y certeza sobre los cómos, los tiempos y los costos ponen en riesgo inversiones clave para dinamizar el mercado interno y mantener las cadenas de valor”.

Propuso un plazo de transición de al menos seis meses, ya que se”es indispensable para la adaptación de las empresas no solo del sector privado, sino de todas las dependencias del gobierno involucradas en los trámites obrero patronales”.

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Aparte, Fernando Alanis Ortega, presidente de la Cámara Minera de México señaló que mantener el reparto de utilidades como un porcentaje sobre la utilidad es equiparable a otra carga fiscal adicional para las empresas del sector, lo cual se suma dijo, a la alta carga que ya cuenta el sector y que lo hace menos atractivo en comparación con otros países.

“Se debe de relacionar el reparto de utilidades a factores de productividad de manera que los colaboradores continuen recibiendo este beneficio, pero que sea el resultado del esfuerzo y no de los buenos o males precios de los metales y como opción estaría el toparlo a un mes de salario mensual integrado”, apuntó.




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