Con el objetivo de proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias, y en particular de 44 mil negocios que están en peligro de “bajar la cortina” ante la pandemia de Covid-19, la junta directiva de la Comisión de Economía, Comercio y Competitivida aprobó un plan complementario al gobierno federal con 32 acciones que buscan apoyar a la ciudadanía y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes).
En reunión virtual, los integrantes de dicha comisión elaboraron un documento denominado “Propuesta de Plan de Acción para las MiPymes ante la contingencia por Covid-19”, contempla 32 medidas de apoyo con la prioridad de proteger el empleo.
Los legisladores señalan en este documento que enfocar los esfuerzos de apoyo en el sector empresarial “se evitará generar desempleo, el cual afectará los ingresos de las familias mexicanas en el corto plazo” y por ello “es indispensable asegurar que las MiPymes cuenten con liquidez suficiente para transitar en esta crisis”.
Bajo este consenso, los diputados integrantes de esta comisión solicitaron a la Mesa Directiva de la Cámara baja la publicación del documento en la Gaceta Parlamentaria, mismo que fue aprobado por 8 votos a favor y 2 en contra.
Además, pidieron que los puntos del plan sean incorporados a la propuesta en materia legislativa que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva acordaron entregar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, el pasado 6 de abril.
Entre las medidas de apoyo planteadas por la comisión están:
- Instaurar un plan de reestructuración de deudas para las MiPymes que evite penalizaciones contractuales.
- Permitir que las empresas con capacidad de pago pueden diferir el cumplimiento de sus contribuciones tributarias resultantes de la declaración 2019, durante todo el periodo fiscal 2020.
- Suspender durante cuatro meses las aportaciones obrero-patronales al IMSS, las Afores y al Infonavit; subsidio a su nómina, a través de los Programas Gubernamentales en operación vigente como Jóvenes Construyendo el Futuro.
También proponen que las empresas que no despidan personal gocen de exención de cuotas del seguro social y obtengan subsidios para el pago de una parte de la nómina; restaurar la compensación universal de los impuestos, al menos para el 2020; deducir al cien por ciento las prestaciones laborales, en el periodo fiscal actual; diferir pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta, especialmente a las empresas en sectores más perjudicados: restaurantes, hoteles, turismo, sector automotriz.
Incluso, consideran necesario impedir las acciones persecutorias por parte del SAT contra las micro, pequeñas y medianas empresas para el cobro de impuestos, a la par de crear un Fondo Nacional Económico para el incentivo de empresas del sector primario.
A su vez, propusieron, aplazar durante la contingencia y, dos meses después, los pagos del IVA, ISR y demás gravámenes; facilitar el acceso al crédito a través de los programas de garantías de la Banca de Desarrollo por vías digitales durante el periodo de confinamiento y, con acceso rápido una vez superada la contingencia; dar prórrogas de las declaraciones fiscales de 2019 y declaraciones mensuales durante 2020 para jóvenes emprendedores, entre otros planteamientos.
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