Desde el Senado, Morena impulsa una iniciativa de ley para abrir los contratos de asociación público-privada adjudicados por los gobiernos estatales a empresas para construir y explotar hasta por 30 años cárceles, carreteras, hospitales y otros negocios Hay indicios de “contratos leoninos” firmados en complicidad por secretarios de Finanzas y gobernadores para ocultar una deuda que va más allá de los 500 mil millones de pesos reportados a Hacienda por estados y municipios, señala Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado.
El legislador impulsa una iniciativa de reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios para que los gobiernos locales registren como parte de su deuda ante Hacienda los compromisos de pago adquiridos a partir de contratos de Asociación Público-Privada (APP), y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), una modalidad utilizada, por ejemplo, en el sector salud para la operación de hospitales.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este modelo, utilizado en la construcción de un hospital en Ticul, Yucatán. El proyecto se asignó a una subsidiaria de Grupo Marhnos, en la administración de Ivonne Ortega (2012), pero fue cancelado después por el gobernador Rolando Zapata por incumplimiento de contrato.
“Una empresa que tiene tres hospitales inconclusos; de estos contratos que daban, que les llaman APP, por los cuales el gobierno del estado o el gobierno federal tienen que pagar muchísimo dinero.
“Se comprometía el presupuesto de los estados, eran acuerdos con Hacienda y al constructor se le pagaba año con año, bueno, se sigue pagando porque ni modo que no pagáramos esas deudas con este sistema que establecieron en el periodo neoliberal”, dijo el mandatario.
“Ya eso se terminó. Esto los tiene a algunos enojados, pero van a ir entendiendo”, avisó el Presidente.
Bajo el esquema de APP, en la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios, Constructora Teya (Grupo Higa), de Juan Armando Hinojosa Cantú, obtuvo en 2009, durante la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador, un contrato de más de cinco mil millones de pesos para el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México.
Grupo Marhnos, de la familia Mariscal Servitje, obtuvo además del contrato para el hospital de Ticul, en Yucatán, por cinco mil 172 millones, otro por cinco mil 900 millones para el Regional de Tlalnepantla.
Constructora y Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard, el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, tiene desde 2009 el contrato del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, por seis mil 700 millones de pesos.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios tiene que regular el estatus de deuda no acreditada a través de estos esquemas, porque actualmente no es obligatorio y se desconoce el monto total de los compromisos de pago que tienen los gobiernos locales, afirma el senador.
“¿Me preguntas si habrá efecto retroactivo? Si tú contrataste una APP en 2017, pero la suscribiste hasta 2020 0 2022 tiene vigencia. No es retroactividad porque el contrato tiene vigencia. En cuestiones fiscales y hacendarias hasta cinco años hacia atrás se pueden revisar”, señala el senador sobre la iniciativa que en breve será presentada.
El objetivo es armonizar la Ley de Disciplina Financiera para entidades con las leyes de Contabilidad Gubernamental, de Transparencia y de Coordinación Fiscal.
Y va más allá. La propuesta legislativa, explica el senador, tiene una conexión con otro tipo de disposiciones como el artículo 19 constitucional recientemente modificado, que elevó a delito grave la corrupción, lo que abre la posibilidad para fincar responsabilidades. “Va implícito”.
