Aunque ya no hay reformas legales en puerta, este 2022 será muy intenso en la vida laboral del país. En mayo deberá implementarse en toda la República el nuevo modelo de justicia laboral; se debe acelerar la legitimación de los contratos colectivos de trabajo (CCT) que va muy lenta de un universo de 550 mil a nivel nacional.
Sin olvidar, la vigilancia por parte de los Estados Unidos que será intensa, por el gran interés del gobierno del presidente Joe Biden de que México cumpla con los compromisos laborales del T-MEC, considera el abogado especialista en Derecho Laboral, Héctor de la Cruz.
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Detalla que, en mayo, el nuevo modelo de justicia laboral deberá estar implementado en toda la República y entrará en vigor en los Estados con el mayor número de conflictos como son Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.
Sobre todo, en la capital de la República está el mayor reto al nuevo sistema, ya que sí el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y los tribunales se saturan, la impartición de justicia será igual o más lenta que antes, considera el abogado del despacho De la Vega & Martínez Rojas.
El experto en Derecho Laboral, precisa a El Sol de México, que, con la implementación de la tercera fase del nuevo modelo de justicia laboral en mayo, será el momento en que todas las revisiones de los contratos colectivos de trabajo deberán realizarse con la aprobación de más del 50% de los trabajadores.
Manifiesta que “esto impone retos de logística para lograr que se obtenga la mayor cantidad de votos, sin importar el tamaño o dispersión geográfica de la empresa; además de retos para el respeto del voto, el cual debe garantizarse por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”.
Explica que, en los procesos de titularidad, sigue pendiente en este 2022 que los trabajadores tengan opción de elegir no sindicalizarse, ya que hasta el momento, solo pueden elegir entre dos o más sindicatos. “Pero sí no es su deseo pertenecer a una organización sindical, esta elección debe reconocerse por la autoridad, ya que esa opción abriría por completo el espectro de la libertad de asociación”, puntualizó.
Asimismo, considera que los sindicatos deberán seguir sus procesos de legitimación de forma acelerada ya que en mayo del próximo año se termina el plazo. “Aunque hasta ahora es evidente que ese proceso ha sido lento y poco representativo dentro de un universo de casi 550 mil contratos colectivos a nivel nacional”.
Recordó que hasta agosto se habían legitimado 1,400 y que la expectativa de las autoridades del trabajo era finalizar 2021 con poco más de 2 mil. Y advirtió que casos como el de General Motors Silao, podrían ser más frecuentes.
En cuanto al cúmulo de información que resulte de estos procesos, deberá administrarse, clasificarse e informarse de manera pública por el Centro Federal para tener certeza sobre cuáles contratos colectivos de trabajo cumplieron y más importante aún, cuántos se darán por terminados y cuál será el efecto de esa determinación.
El experto en Derecho Laboral, manifestó que “la vigilancia de los Estados Unidos en materia del trabajo, seguirá intensa ya que es de gran interés para el gobierno del presidente Biden, lograr que México cumpla con los compromisos laborales del T-MEC, en materia de libertad de asociación y democracia sindical”.
Además de considerar que en cualquier momento pueden activarse los mecanismos de respuesta rápida del Tratado de Libre Comercio trilateral, cuya finalidad es imponer sanciones arancelarias a las empresas que violen los derechos de los trabajadores.
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