Por medio de una “Directriz de Emergencia”, la Secretaría de Energía (Sener) solicitó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que a más tardar en tres días emita una normatividad que permita fijar los precios máximos del gas LP al consumidor final.
La vigencia del control de precios que emitirá la CRE se mantendrá mientras la dependencia liderada por Rocío Nahle considere que la emergencia sigue presente, la justificación que presenta la Sener es que en los últimos meses el precio del combustible subió por arriba de la inflación e incluso ha superado los precios de los otros energéticos.
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El Sol de México publicó que al cierre de junio el precio promedio nacional del gas LP en cilindro subió 33 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor.
De acuerdo con el anteproyecto enviado por la Sener a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el control de precios es necesario para frenar los incrementos observados entre mayo del 2020 y mayo del 2021 y, en el caso de la Ciudad de México, los picos de precios reportados fueron los más altos.
“Se observó un incremento de 28 por ciento en el periodo de mayo de 2020 a mayo de 2021 en el precio promedio ponderado nacional del gas LP reportado por los distribuidores, además de un componente de desigualdad regional en el comportamiento de dichos precios, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México en el mismo periodo se observó un incremento de precios de 37 por ciento, superior al promedio nacional”
La creación de esta metodología por parte de la CRE debe incluir varios puntos, como que el precio máximo debe por un lado cubrir los costos de las empresas y garanticen al mismo tiempo, que los consumidores accedan a este producto.
El precio fijado por la CRE debe estar a tono con “la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Dicha normatividad tendrá la misma vigencia que la presente directriz”.
La medida, argumenta la dependencia, es para poder garantizar el acceso al combustible a los hogares mexicanos sin que no fomente la riqueza de un sector de la industria a costa del daño a otro y se “garantice el bienestar de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera asequible a un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP”.
“Se exhorta a la CRE a establecer una metodología que fije precios máximos al consumidor final de gas LP, considerando el establecimiento de condiciones para el acceso asequible al combustible, a un costo que prevea el desarrollo de la industria y garantice la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Dicha normatividad tendrá la misma vigencia que la presente directriz”.
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