/ miércoles 31 de marzo de 2021

EU defenderá a sus empresas con inversión en energía en México

El gobierno de Biden aseguró que respaldará a las empresas del ramo para que sean tratadas de manera justa por la 4T

El gobierno de Joe Biden se comprometió a respaldar a las empresas estadounidenses con inversiones en el sector energético mexicano para que sean tratadas de manera justa y se respeten sus contratos.

“El gobierno de los Estados Unidos está comprometido a garantizar que los inversionistas estadounidenses sean tratados de manera justa y que México se adhiera a sus compromisos inscritos en el T-MEC”, comentó la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) en el reporte anual Barreras del comercio exterior.

En el documento, el organismo que encabeza Katherine Tai recordó que la Cuarta Transformación restringió la participación del sector privado en la generación de electricidad al cancelar la cuarta subasta de energía limpia a largo plazo.

▶️ Perfilan dar fast track a reforma a Ley de Hidrocarburos de AMLO

Esto generó una “gran preocupación” entre los inversionistas estadounidenses, según la USTR, aunado a la posibilidad de que México también esté debilitando la autonomía política de los reguladores independientes, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Desde que estaba en campaña presidencial, el mandatario prometió que México iba a tener una soberanía energética mediante el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como parte de todas estas acciones, el 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

En ella se incluyeron una serie de medidas que afectaban a las centrales de energía renovables del país, como la limitación de la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares, al igual que prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión.

Posteriormente, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asegurando que dicha política atentaba contra la libre competencia en el mercado.

La oficina de Katherine Tai acusa que durante 2020, las empresas energéticas de Estados Unidos se han quejado de retrasos significativos en los permisos, aplicación discriminatoria de las regulaciones y falta de notificación sobre los cambios regulatorios y de políticas en México.

▶️Ley de Hidrocarburos abre la puerta a expropiaciones

“El gobierno mexicano ha instado a los reguladores de la energía a restaurar el control estatal sobre el sector energético y evitar que las empresas estatales de energía pierdan participación de mercado frente a las empresas privadas. Estados Unidos ha expresado su preocupación a México con respecto al clima en deterioro para los inversionistas estadounidenses en energía”, resalta la USTR en el documento.

Además, este año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, impulsó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, misma que fue aprobada el 9 de marzo, pero que hasta el momento cuenta con 95 suspensiones por parte del Poder Judicial, que amparó al sector privado, al señalar que la disposición limita la competencia y da ventajas injustificadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado de generación de energía.

Preocupan hidrocarburos

La USTR también señaló barreras en el sector de hidrocarburos en México, a través de la suspensión de las rondas petroleras.

▶️Quiere la 4T control del gas y gasolinas

El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política petrolera del país tiene como propósito respetar los contratos otorgados por la reforma energética de 2013, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo.

El 15 de junio de 2020, el Instituto Americano del Petróleo (API) expuso una serie de discriminaciones por parte del Gobierno Federal hacia empresas energéticas de Estados Unidos.

De acuerdo con el API, las acciones iban desde retrasos para la obtención de permisos, revisiones a estaciones de servicios, entre otras acciones.

Una semana después, la American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM), organismo estadounidense que agrupa a refinerías y petroquímicas, envió una carta al entonces presidente Donald Trump para externar su preocupación en torno a los cambios regulatorios en México que podrían impedir las inversiones estadounidenses, actuales y futuras, en el sector energético.

En esa misiva, el organismo detalló que las acciones de la Cuarta Transformación cuestionaban el marco en el que se negoció el T-MEC, ya que el libre comercio entre Norteamérica es fundamental para la industria gracias a que representa más de la mitad de las importaciones de petróleo crudo de la AFPM.

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Sin embargo, López Obrador ha reiterado que continuarán apoyando a Pemex y la CFE para asegurar una soberanía energética en México, pues se buscan producir las gasolinas que el país consume y dejar de importar combustibles del extranjero.

El gobierno de Joe Biden se comprometió a respaldar a las empresas estadounidenses con inversiones en el sector energético mexicano para que sean tratadas de manera justa y se respeten sus contratos.

“El gobierno de los Estados Unidos está comprometido a garantizar que los inversionistas estadounidenses sean tratados de manera justa y que México se adhiera a sus compromisos inscritos en el T-MEC”, comentó la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) en el reporte anual Barreras del comercio exterior.

En el documento, el organismo que encabeza Katherine Tai recordó que la Cuarta Transformación restringió la participación del sector privado en la generación de electricidad al cancelar la cuarta subasta de energía limpia a largo plazo.

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Esto generó una “gran preocupación” entre los inversionistas estadounidenses, según la USTR, aunado a la posibilidad de que México también esté debilitando la autonomía política de los reguladores independientes, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Desde que estaba en campaña presidencial, el mandatario prometió que México iba a tener una soberanía energética mediante el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como parte de todas estas acciones, el 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

En ella se incluyeron una serie de medidas que afectaban a las centrales de energía renovables del país, como la limitación de la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares, al igual que prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión.

Posteriormente, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asegurando que dicha política atentaba contra la libre competencia en el mercado.

La oficina de Katherine Tai acusa que durante 2020, las empresas energéticas de Estados Unidos se han quejado de retrasos significativos en los permisos, aplicación discriminatoria de las regulaciones y falta de notificación sobre los cambios regulatorios y de políticas en México.

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“El gobierno mexicano ha instado a los reguladores de la energía a restaurar el control estatal sobre el sector energético y evitar que las empresas estatales de energía pierdan participación de mercado frente a las empresas privadas. Estados Unidos ha expresado su preocupación a México con respecto al clima en deterioro para los inversionistas estadounidenses en energía”, resalta la USTR en el documento.

Además, este año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, impulsó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, misma que fue aprobada el 9 de marzo, pero que hasta el momento cuenta con 95 suspensiones por parte del Poder Judicial, que amparó al sector privado, al señalar que la disposición limita la competencia y da ventajas injustificadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado de generación de energía.

Preocupan hidrocarburos

La USTR también señaló barreras en el sector de hidrocarburos en México, a través de la suspensión de las rondas petroleras.

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El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política petrolera del país tiene como propósito respetar los contratos otorgados por la reforma energética de 2013, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo.

El 15 de junio de 2020, el Instituto Americano del Petróleo (API) expuso una serie de discriminaciones por parte del Gobierno Federal hacia empresas energéticas de Estados Unidos.

De acuerdo con el API, las acciones iban desde retrasos para la obtención de permisos, revisiones a estaciones de servicios, entre otras acciones.

Una semana después, la American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM), organismo estadounidense que agrupa a refinerías y petroquímicas, envió una carta al entonces presidente Donald Trump para externar su preocupación en torno a los cambios regulatorios en México que podrían impedir las inversiones estadounidenses, actuales y futuras, en el sector energético.

En esa misiva, el organismo detalló que las acciones de la Cuarta Transformación cuestionaban el marco en el que se negoció el T-MEC, ya que el libre comercio entre Norteamérica es fundamental para la industria gracias a que representa más de la mitad de las importaciones de petróleo crudo de la AFPM.

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Sin embargo, López Obrador ha reiterado que continuarán apoyando a Pemex y la CFE para asegurar una soberanía energética en México, pues se buscan producir las gasolinas que el país consume y dejar de importar combustibles del extranjero.

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